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4 Opinión MIÉRCOLES 30 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CRISIS DE GOBIERNO Y EN EL PSC E LA OPORTUNIDAD DE RAJOY L mandato de Rodríguez Zapatero está viviendo un momento crítico, quizás el más negativo desde que accedió al poder. El mes de agosto que mañana termina ha sido un escaparate de todos los fracasos cosechados por el Gobierno, cultivados tras dos años de una intensa actividad de agitación y propaganda y nula gestión de los intereses generales. Las causas de este balance no pueden asociarse a factores externos, sino a los procesos de decisión que ha protagonizado, con singular exclusividad, el presidente, cuyo principal afán desde que llegó a La Moncloa fue dejar la impronta de su izquierdismo rupturista. Los prejuicios ideológicos del PSOE y la escasa calidad de los equipos formados en la mayoría de los ministerios han hecho imposible una gestión de los intereses generales acorde con las aspiraciones de una sociedad que estaba bien orientada hacia su definitiva modernización económica, internacional y estructural. Por el contrario, el ajuste de cuentas con el pasado, la negación de vigencia al pacto constitucional y la satisfacción de intereses minoritarios (o anticonstitucionales) se han articulado para dar a España un escenario pesimista y crispado. El Gobierno ha antepuesto la supervivencia de sus pactos a la administración sensata de los recursos del Estado. La complacencia con que desdeñan a España y a sus instituciones sujetos, grupos y gobiernos (como Batasuna, Evo Morales, los nacionalismos más radicales o el Reino de Marruecos) contrasta con el deleite con que el Ejecutivo recibe los desplantes de todos ellos. Si es cierto que la oposición gana más por errores del Gobierno que por aciertos propios, el momento es idóneo para que el PP reivindique ante los ciudadanos su expediente de gestor, avalado por los ochos años de mejor gobierno de la democracia. Ayer, Mariano Rajoy se refería a la incompetencia del Ejecutivo socialista, abundando en una calificación que, para beneficio del discurso de los populares, salta a la vista de la mayoría de los ciudadanos españoles. A estas alturas, el Gobierno ya no puede apelar a las promesas o a que lo mejor está por venir como decía Zapatero, pues los síntomas de agotamiento político, confusión de ideas y ausencia de proyectos se acumulan en cada episodio de crisis E migratoria, fracaso diplomático, chulería nacionalista o amenaza batasuna. El Gobierno se enfrenta a sí mismo, a su gestión y a sus resultados, no a las profecías postelectorales de un PP aturdido tras el 14- M o de sectores sociales desorientados por una derrota inesperada. Ya todo el mundo está en su sitio y las cosas se ven con claridad. En general, las peores predicciones se han cumplido, por desgracia, y si antes había que esperar a ver qué pasaba con el Estatuto catalán, la alineación con Marruecos, la peligrosa diplomacia secreta con ETA o la demagogia con la inmigración, hoy ya se sabe qué está pasando. Y lo que está pasando retrata al Gobierno más incompetente que ha tenido la democracia española. Por eso, éste es el momento de que el PP ofrezca sus alternativas a ciudadanos que ya sienten las consecuencias del mal gobierno socialista. No lo tiene fácil, pero lo tiene mucho mejor que hace unos meses, con unos ciudadanos escaldados de promesas incumplidas y de problemas innecesarios que han complicado su vida y que tienen su origen en la impericia de un socialismo desarraigado. Rajoy ha defendido en numerosas ocasiones una política de sentido común, que facilite las cosas a los ciudadanos. No encontrará mejor coyuntura que la actual para explicar con éxito esa forma de hacer política a una opinión pública más permeable a la alternancia cuanto más se disipan los ecos del 14- M. El PP ya ha anunciado que defenderá una reforma de la Constitución para proteger las competencias del Estado. Está bien, pero hace falta que los ciudadanos entiendan que, en esa empresa que les propone el PP, está en juego la calidad del sistema político, de los servicios públicos y de los principios de la convivencia nacional. Es decir, están en juego los fundamentos del bienestar alcanzado por los españoles. La complicidad de los ciudadanos es crucial para el PP, y para conseguirla habrá de lanzar mensajes de empatía con sus problemas, seguidos de soluciones realistas, en el contexto de un partido unido- -lo que no significa necesariamente uniformado- liberado de luchas intestinas, azuzadas muchas de ellas por intereses exteriores, y volcado en el objetivo de lograr un cambio político cada día más necesario. EL PORQUÉ DE UNA OFENSA RAVES, y casi sin precedentes a ese nivel, resultan las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Massimo D Alema, que ha afirmado que ETA es un movimiento político a su juicio tan estimable y digno de elogio que lo cree un ejemplo de lo que deben llegar a ser, en Oriente Próximo, Hamás y Hizbolá. Lo cierto es que la mediocridad que ha demostrado en su gestión política- -ha sido dos veces primer ministro de su país (la última apenas duró cuatro meses) con un resultado ciertamente calamitoso- -tenía que responder a alguna razón que ayer, por fin, quedó clara: una ausencia de escrúpulos morales y políticos de tal envergadura que le permite obviar el sufrimiento que ese movimiento político ha provocado a España. La aclaración posterior emitida por el Ministerio de Exteriores italiano es un apresurado y poco creíble intento de reparar el desaguisado. Más le valdría pedir perdón a las víctimas y reconocer su error. Y eso no lo hizo. Pero quizá no haya que centrar toda la crítica en la enquencle catadura moral de D Alema- -a quien con el muro de Berlín se le cayó el comunismo encima y ahora se aferra a todo fetiche de la progresía que halla- sino en el nuevo estatus que, sin que los etarras hayan hecho ademán alguno G de renunciar de manera definitiva a la violencia, el Gobierno del PSOE ha conferido a la banda en aras de que el proceso llegue a buen puerto. Las palabras del ministro italiano- -al que el Ejecutivo español debe exigir una rectificación oficial- -son producto de la extrema confusión introducida por Rodríguez Zapatero, que ha hecho que dé la impresión, dentro y fuera de España, de que el Estado de Derecho ha bajado los brazos. Sobran los ejemplos: Batasuna- -parte de una banda terrorista- -se manifesta siempre que quiere, ante la apatía del fiscal general y el aplauso de buena parte del PSE; el Pacto por las Libertades es papel mojado y la Ley de Partidos lleva el mismo camino; ETA exhibe el terror callejero cuando más le conviene para dar credibilidad a sus amenazas; los empresarios siguen denunciando que son objeto de extorsión y en las calles, (en Llodio, por ejemplo) aparecen amenazas contra ediles del PP. Lo peor de todo es que es probable que la vileza de D Alema no sea una anécdota. Da escalofríos pensar en cuántas cancillerías estarán manejando la sandez hiriente del movimiento político en consonancia con el fracaso exterior del Gobierno para explicar un proceso que, en las actuales circunstancias, no tiene explicación. L nombramiento del actual alcalde de Barcelona como ministro de Industria en sustitución de José Montilla es fiel reflejo de la compleja situación que vive el socialismo catalán en vísperas electorales. Joan Clos tomó el relevo en su día de Pasqual Maragall, más afortunado sin duda en su etapa municipal que en su condición de presidente de la Generalitat. De hecho, las últimas maniobras de Maragall ponen en serias dificultades la estrategia electoral del candidato del PSC, especialmente interesado en incentivar la participación de los sectores menos catalanistas del partido y evitar su habitual desinterés por las elecciones autonómicas. Montilla ha sido un ministro más preocupado por los avatares internos de Cataluña que por las múltiples y relevantes competencias atribuidas a su departamento. Su intervención en la opa de Gas Natural sobre Endesa refleja viejas querencias intervencionistas que no han conseguido el resultado apetecido para reforzar su prestigio ante la clase empresarial catalana. En todo caso, las elecciones determinarán el futuro de un político que aspira a romper tópicos arraigados sobre el origen territorial de la más alta autoridad autonómica. El socialismo catalán cambia cromos: la designación de otro candidato abre un nuevo frente en la lucha por conservar el Ayuntamiento de Barcelona y refleja, sobre todo, el fracaso de una gestión municipal criticada incluso por los más entusiastas. El famoso Fórum de las Culturas resultó ser un fiasco, tan caro como inútil para promocionar la imagen internacional de la ciudad después del éxito olímpico. Resulta patente el deterioro del centro urbano y la degradación de las infraestructuras, así como las dificultades de convivencia en algunos barrios. El caso del Carmelo es la mejor prueba de la incapacidad de una clase política que se interesa más por el reparto de cuotas de poder que por las necesidades de los ciudadanos. Ninguna autoridad de suficiente nivel ha asumido responsabilidades, y entre todos han contribuido a tapar un asunto que debería ser objeto de una investigación a fondo. En líneas generales, Barcelona ha cedido posiciones durante estos últimos años ante la pujanza de Madrid, tal vez porque la capital está mucho mejor gestionada y permanece al margen de inútiles debates identitarios. En tiempos del Estatuto (y a juzgar por la confesión de Maragall) ya no sirve la fórmula anticuada de culpar al centralismo de todos los males. A pocos meses de las elecciones municipales, el movimiento de rescate de Clos (para rescatar a su vez a un Montilla tocado) supone una renuncia implícita al Ayuntamiento de Barcelona. En el socialismo de hoy todo son urgencias, pues la ausencia de una musculación política le hace improvisar parche sobre parche. Caro ha pagado el PSC el invento del tripartito. Sólo mantiene su preemienencia sobre Ferraz, donde Zapatero transige y acata la exigencia de que Industria siga en manos del socialismo catalán, como desde Barcelona se le indicó.