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ABC DOMINGO 27 8 2006 Internacional 31 La Fiscalía boliviana ordena la detención de varios ex ejecutivos de Repsol YPF La Policía registró las oficinas de la filial de la compañía en la ciudad de Santa Cruz b La nacionalización de los hidro- carbunos que pretendía Evo Morales cuando llegó al poder, hace casi tres meses, podría cobrarse las primeras detenciones ABC LA PAZ. La Fiscalía boliviana ha ordenado la detención de varios ex ejecutivos de las petroleras Andina, filial de la hispano- argentina Repsol YPF, y de la brasileña Petrobras en el marco de una investigación por presunta estafa al Estado boliviano. Cinco fiscales y una veintena de policías ingresaron cerca del mediodía de ayer en las dependencias de la Empresa Petrolera Andina en la ciudad de Santa Cruz, 800 kilómetros al este de la capital. Se llevaron documentación relativa a un contrato presuntamente irregular que, según el fiscal José Centenaro, se refiere a la venta directa de gas entre Andina y Petrobras Una información que la empresa hispano- argentina, una de las que más ha invertido en Bolivia en la última década, se negó a proporcionar cuando se solicitó, según fuentes oficiales. En el momento de la intervención, los principales ejecutivos de Andina- -incluido su presidente, el español Luis García Sánchez- -no se encontraban en la sede. El caso había sido denunciado en junio pasado por el representante designado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el Directorio de Andina, el patriota Hernán Gabriel Camacho Cuéllar, designado tras decretarse la nacionalización. De acuerdo con la denuncia, el trato presuntamente ilegal protegió durante casi cuatro años a la brasileña Petrobras contra las subidas de los precios del gas que importa desde Bolivia. Fuentes de la Empresa Petrolera Andina indicaron que habían entregado toda la información que los fiscales requirieron. Evo Morales, presidente de Bolivia, en la inauguración de un parque temático Además, ratificaron que el denominado Contrato de Reducción de Volatilidad del Precio de Gas Natural con Petrobras no causó daño al Estado boliviano porque se pagaron todos los impuestos establecidos en el país. REUTERS Acusados de estafa Uno de los cinco fiscales que participaron en la acción de allanamiento, Hugo Iquise, sostiene que los ejecutivos de la firma, que consideran desproporcionada la acción policial, están acusados de estafa. Una estafa agravada por el hecho de haber firmado un contrato perjudicial para el Estado boliviano. En un reciente informe al Senado, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, aseguró que el acuerdo habría ocasionado grandes pérdidas para el país, calculadas en torno a los 160 millones de dólares. Por otra parte, las principales petroleras que operan en Bolivia deben pagar entre septiembre y octubre 150 millones de dólares en conjunto, en razón del tributo establecido junto con la nacionalización de los hidrocarburos.