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ABC DOMINGO 27 8 2006 Nacional 15 EL DRAMA DE LA INMIGRACIÓN ILEGAL El Gobierno gasta 24.000 euros por cada vuelo con 160 inmigrantes enviado a la Península El coste de los traslados realizados en 2006 asciende a una cifra no inferior a 1,8 millones reclama que en la comparecencia de Jesús Caldera, el Gobierno aclare el coste que han supuesto los traslados para las arcas del Estado PABLO ALCALÁ LAS PALMAS. Un millón ochocientos mil euros. Una cifra cercana a los dos millones que la Unión Europea ha destinado de forma directa a la crisis de los cayucos, es el coste que el Ministerio de Interior ha invertido en derivar a la Península a cerca de 12.000 inmigrantes en lo que va de año. El secretario de Economía y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, ha reclamado que en la comparecencia parlamentaria del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el Gobierno aclare, entre otros asuntos, el coste que han supuesto para las arcas del Estado los traslados de inmigrantes a la Península. El dato, celosamente guardado por el Gobierno, es el resultado de un cálculo generoso basado en los 24.000 euros (cuatro millones de las antiguas pesetas) por día y con un máximo de dos trayectos que, según fuentes consultadas por ABC, supone el alquiler diario de un avión de la compañía que habitualmente realiza los trayectos entre la Península y Canarias. Partiendo de este dato (con el que discrepa la Confederación Española de Policía, que estima en 96.000 euros su coste, partiendo de las cifras que obran en su poder referidas al mismo concepto para un vuelo de repatriación entre Canarias y Mali) los 12.000 inmigrantes derivados a diferentes Comunidades de la España peninsular habrían embarcado en 150 vuelos desde Canarias. Si los vuelos se hubieran realizado a razón de dos por día, -en jornadas anteriores Interior ha llegado a fletar hasta cuatro vuelos al día- -el montante total de la operación sería de 1.800.000 euros en lo que llevamos de año. La cifra indicada no incluye, sin embargo, el coste del dispositivo necesario para hacer viable un viaje, principalmente de seguridad y otros traslados por tierra. Esta misma semana, el portavoz del Gobierno de Canarias, Miguel Becerra, ofrecía a los países africanos inversiones de Canarias para la formación de los tutores de los centros y fondos para la propia construcción y manutención de los recintos a condición de que aceptasen la repatriación de los b El Grupo Popular menores que actualmente acoge la Comunidad. Al margen de las razones humanitarias que arguye el Ejecutivo autonómico, el coste por menor y año para la Comunidad asciende a 30.000 euros, lo que multiplicado por los 670 menores inmigrantes que albergan los centros habilitados de las Islas, supone una cifra superior a los 12 millones de euros, un montante muy superior al que contemplan los convenios ofrecidos a terceros países. Sin financiación europea Todas las administraciones y partidos que se han pronunciado sobre la inmigración coinciden en señalar que el económico es el coste menor de una crisis que se cobra vidas y cambia la estructura de las ciudades donde recala. Sin embargo, el coste financiero es una consecuencia directa que hasta la fecha financia España en su totalidad, mientras la UE da la espalda al Gobierno de Zapatero en respuesta a la actitud idéntica del Ejecutivo español a la hora de poner en marcha un proceso Uno de los cayucos llegados a Tenerife cargado de inmigrantes de regularización masiva de cuyas consecuencias desconfiaba Europa. España asume este y otros costes derivados del fenómeno migratorio, como son la manutención y organización de los centros de retención de Canarias y otros de la Península en los que, comparten responsabilidad con las ayudas que ofrecen algunas ONG e instituciones privadas. AFP Los más de 12.000 inmigrantes derivados habrían embarcado en 150 vuelos desde Canarias Siguen llegando Ayer, Salvamento Marítimo rescató a 38 nuevos inmigrantes que viajaban en cayuco a 90 millas al sur de la costa de la isla canaria de Tenerife, todos ellos varones, mayores de edad y de origen subsahariano. La mayor afluencia de irregulares se producía sin embargo en la provincia de Almería, a cuyas costas llegaban, a lo largo del día, un total de 73 inmigrantes magrebíes, cinco de ellos menores, a bordo de siete pateras. Dada su procedencia, todos ellos, salvo los menores, serán repatriados gracias al convenio existente en este sentido con su país de origen. Adán Martín señala el riesgo de alimentar la xenofobia en las zonas saturadas por inmigrantes P. A. LAS PALMAS. Si continúa la tendencia actual en la avalancha de cayucos y pateras que estamos soportando, Canarias acabará el año con más de 25.000 inmigrantes llegados a España y a Europa por esta vía. Y digo bien, llegados a España y a Europa, a pesar de que el Gobierno central y otros territorios comunitarios españoles y europeos parezcan a veces no identificar este problema como una responsabilidad del conjunto de la ciudadanía española En estos términos se expresa el presidente de Canarias, Adán Martín, en un artículo remitido a la prensa local en el Archipiélago y a través del cual denuncia, además, el des- bordamiento de las infraestructuras y los servicios de los territorios de acogida por falta de una correcta asunción de la responsabilidad Responsabilidades que el presidente autonómico atribuye al Gobierno y a la Unión Europea, a quienes acusa por igual de seguir perdiendo un tiempo precioso mientras Canarias, puerta de entrada a Europa para millones de personas que huyen de la miseria, la guerra, la devastación, la muerte sirve a las autoridades españolas como alfombra bajo la que ocultar un problema que es de todos, manteniéndolo lejos de los ojos de los ciudadanos Canarias está cumpliendo con cre- ces un deber moral de ayuda. Por respeto, por justicia, por humanidad. Por nuestra propia historia, porque sabemos lo que es el desarraigo y la pobreza continúa Martín, que destaca que la Comunidad ha superado su capacidad económica y los recursos con los que cuenta al contrario de la responsabilidad asumida por el Estado o la Unión Europea El Gobierno de Canarias no puede participar en reuniones, ni firmar convenios internacionales, ni ejercer acciones ante Estados en materia de extranjería o inmigración dice Martín recordando que tales competencias pertenecen al Gobierno Central Gobierno al que el Ejecutivo canario reclama la coordinación y la colaboración entre administraciones y una política común con la UE. Porque se corre el riesgo de alimentar la xenofobia en las zonas que se ven saturadas por las oleadas de inmigrantes irregulares añade Adán Martín.