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4 Opinión DOMINGO 27 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA ECONOMÍA, BIEN, PERO NO TANTO A vicepresidenta Fernández de la Vega sucumbió a la autoestima al enjuiciar la situación económica en la rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros de la temporada. Todo perfecto a sus ojos: alto crecimiento, mejora de las exportaciones, superávit presupuestario; incluso la tasa de inflación le parece razonable (un poco más alta de lo previsto) pero la culpa la tiene el petróleo, según el Gobierno, que pagan al mismo precio Alemania y Francia, países que soportan una tasa de inflación menor a la mitad que la española. Pero esas son minucias para la vicepresidenta. Confiemos en que su colega, el vicepresidente segundo, no comparta tanto entusiasmo. La economía española crece de forma sostenida desde hace doce años y lo hace con un modelo basado en una excepcional fortaleza de la demanda interna, propia de una sociedad confiada que consume y no ahorra, y que se endeuda, sin pausa, amparada en una coyuntura monetaria de bajos tipos de interés y amplias facilidades crediticias. Pero ese modelo de crecimiento, que ha sido muy fértil en creación de empleo (que a su vez alienta el consumo) no será eterno: de hecho, ya muestra síntomas de agotamiento, tal y como reiteran todos los informes de prospectiva económica publicados estos últimos meses. Todos plantean la necesidad y la urgencia de adoptar medidas que corrijan esa inquietante pérdida de competitividad. Pero a eso no hizo referencia Fernández de la Vega, como tampoco señaló, en este asunto, que buena parte de ese crecimiento se debe a la herencia recibida concepto muy útil, sin embargo, para culpar al PP de la crisis en inmigración o de los incendios. No parece preocupar al Gobierno el crónico diferencial de inflación de nuestra economía respecto al resto de la zona euro, que mina la competitividad y que, antes o después, se traducirá en pérdida de empleo y capacidad de crecimiento. Tampoco le inquieta el déficit exterior, espejo que refleja esa pérdida de competitividad. Ni los problemas de dependencia energética, especialmente de hidrocarburos importados, que afecta a España de forma mucho más acusada que a otros países europeos. En vez de ocuparse de eso, el Gobierno se empantana con partidismo en la suerte de opas de compañías cotizadas. El Ejecutivo practica la estrategia de dejar que las cosas vayan, que la propia inercia del crecimiento heredado sostenga el ciclo, sin abordar, en estos tiempos de bonanza, las medidas necesarias para introducir competencia y liberar recursos y capacidades que mejor propicien más y mejor desarrollo. Aborda una reforma fiscal y del mercado laboral que se queda a medias y se plantea objetivos presupuestarios muy modestos. Mientras, las familias empiezan a sentir el peso de la deuda, de unos tipos de interés más elevados y de síntomas crecientes de que el mercado inmobiliario puede entrar en crisis con efectos imprevisibles. L LA CONFUSIÓN EXTERIOR AS autoridades bolivianas han vuelto a asaltar las oficinas de Repsol un día después de que el Gobierno del país andino retirase a la compañía española la concesión para explotar recursos en la zona de Madidi. Se diría que esas operaciones se han convertido en una práctica habitual, que escenifica el respeto que tienen las autoridades locales por la multinacional española. Eso sucede en un país por el que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha apostado reiteradamente, desde antes de la llegada de Evo Morales a la presidencia, y al que nuestra política exterior ha colmado de cortesías que incluyen condonaciones de deuda y millonarias ayudas para el desarrollo. Es un botón de muestra, pero en realidad no hay aspecto de la política exterior donde no hayan embarrancado buena parte de las expectativas optimistas con las que empezó la gestión del Gobierno del PSOE. Las simpatías hacia Evo Morales, Hugo Chávez y Fidel Castro no han servido en ningún caso para corregir las derivas populistas de estos gobernantes y, por el contrario, han debilitado nuestras posiciones. Ahora que los cubanos esperan de un momento a otro el final de la dictadura, y el comienzo de la deseable transición a la democracia, es cuando se aprecia verdaderamente el desastre que ha supuesto para el prestigio de España aquel inexplicable viraje al que nuestra diplomacia forzó en las relaciones entre la Unión Europea y Cuba. La memoria registrará que fue precisamente España uno de los últimos países en dar aliento a la dictadura, en vez de a los demócratas. La confusión en los principios básicos es el peor ingrediente de la orientación de una política exterior que navega con rumbo confuso. No hay más que fijarse en la afluencia continua de emigrantes africanos a través de Canarias, la falta de cooperación de los países desde los que parten los cayucos, la desconfianza de los socios comunitarios a raíz de la las legalizaciones masivas de extranjeros en situación irregular... el panorama es ciertamente malo. Por más planes África y visitas- exhibición a los países pobres del continente, la llega- L da de africanos a España se ha multiplicado hasta límites que ya no pueden digerir ni el archipiélago Canario, ni el territorio peninsular, ni muy pronto nuestros vecinos europeos, a los que no tardarán en llegar las personas a las que la Policía abandona en las calles de nuestras ciudades. ¿Dónde están las medidas que el Ejecutivo se ufanaba de haber conseguido en tiempo récord en Bruselas? Se dirá que las relaciones con Marruecos y la cooperación de este país en materia de inmigración han mejorado mucho, pero ¿a qué precio? ¿Quién se acuerda ahora de aquellas ingenuas intenciones del ministro Moratinos de resolver el conflicto del Sahara Occidental en seis meses Hoy suenan a cruel sarcasmo las palabras del ministro de Trabajo, Jesús Caldera, después de la regularización masiva: Vamos a ser la envidia de Europa en materia de inmigración Un año después, Europa parece más cercana al espanto. La política exterior de este Gobierno se ha apoyado tenazmente en principios poco sólidos. Las buenas intenciones no son siempre el mejor argumento para defender posiciones en un mundo complejo en el que un país con aspiraciones razonables está obligado a navegar. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero pensaba que estaba haciendo algo importante e histórico al retirarse de Irak y, sin embargo, en sólo dos años, si se concretan los planes de que España participe en la fuerza de paz en el Líbano, llegaremos a tener muchos soldados más en misiones armadas en el extranjero. Probablemente será la cifra más alta desde el fin de la II Guerra Mundial, y la tendencia es que esa cifra siga aumentando. Sólo faltaría que en la dotación de los militares que partan a estas labores se incluyese un manual explicando el significado de la Alianza de Civilizaciones que durante mucho tiempo ha sido el buque insignia de esta política irreal que, en líneas generales, propende al error. El último, el del delegado de Zapatero en la famosa Alianza, Máximo Cajal, que defendió, en contra de la práctica totalidad de la comunidad internacional, que Irán tenga armas nucleares. RECONOCIMIENTO DE DERECHOS U N comité especial de las Naciones Unidas ha dado el visto bueno a lo que se convertirá- -una vez que sea aprobado por la Asamblea General- -en el primer tratado de Derechos Humanos elaborado por la ONU en este siglo y que estará referido a las personas discapacitadas. La gestación de esta carta de derechos, que tendrá el mismo rango que las que afectan a otros colectivos, ha sido larga y procelosa- -la idea fue propuesta por Italia hace ya dos décadas- aunque finalmente parece que la convención será de carácter vinculante para que los gobiernos introduzcan en sus legislaciones cambios referentes a mejorar y promover el acceso a la educación, al empleo a los discapacitados, así como a que puedan tener acceso a la información y a sistemas de salud adecuada y movilizarse sin obstáculos físicos ni sociales. El asunto parecía acuciante, toda vez que se calcula que una de cada diez personas que habitan el mundo sufre algún tipo de minusvalía física, psíquica o sensorial que- -como se ha acordado que figure en el texto- -le limita la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas y que es causada o agravada por condiciones sociales y ambientales. Hablamos, pues, de unos 650 millones de personas, un 80 por ciento de los cuales viven en naciones en desarrollo, lo que aún complica más el asunto. En este sentido, cabe recordar que el 90 por ciento de los ni- ños con minusvalías no asisten a la escuela, y que el índice mundial de alfabetización de adultos con discapacidades llega solamente al 3 por ciento, un porcentaje que baja al 1 en el caso de las mujeres que sufren la misma situación. Con estos números, parecía obligado que la ONU se detuviera en este asunto. Cierto es que la mera elaboración de un catálogo de derechos no va a arreglar la vida de la noche a la mañana a tantos millones de personas. Otros problemas- -como el hambre, sin ir más lejos- -no se han aliviado ni mucho menos, pese a contar con agencias específicas dedicadas a ellos. Pero la concienciación social resulta imprescindible y constituye un primer paso al que debieran seguir otros. Se trata, en fin, de que una vez consolidado el principio de no discriminación por el hecho de sufrir una discapacidad, se procure una mejora, con vocación de universalidad, de las condiciones de vida a quienes padecen determinada minusvalía. Una sociedad es mejor cuanto mejor sabe tratar a sus ciudadanos y cuanto más iguales son las oportunidades de éstos. No consiste tanto en procurar un trato políticamente correcto (centrado en lo semántico) -como pretende el Gobierno en su retoque constitucional en este asunto- -sino en que sufrir una discapacidad no se convierta en un infierno hasta en algo tan cotidiano como cruzar la calle.