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ABC SÁBADO 26 8 2006 63 El déficit comercial acumulado en el primer semestre creció un 19,1 hasta alcanzar los 43.213 millones de euros El precedente de Champalimaud y el Santander En 1999, el Gobierno portugués vetó el acuerdo al que el Banco Santander había llegado con el empresario luso Antonio Champalimaud para comprarle su imperio financiero, formado por varios bancos y aseguradoras. La razones apuntadas entonces por el Ejecutivo de Lisboa se referían también al interés nacional aunque la sensación que dio es que se trataba de beneficiar a una entidad local- -el BCP- -frente a una extranjera. Más o menos lo que algunos piensan que está haciendo actualmente el Gobierno español. Al igual que ahora, la Comisión Europea se vio obligada a emitir una dura nota en la que declaraba la ilegalidad de las medidas adoptadas por las autoridades portuguesas. Sin embargo, no llegó a intervenir, pues antes de que fuera necesario el Santander y el BCP llegaron a un acuerdo para compartir el grupo Champalimaud, lo que propició, asimismo, que el rergulador luso retirase el veto impuesto hasta entonces a la operación. la seguridad pública queda en entredicho para Bruselas, quien le ha dicho explícitamente al Gobierno español que la seguridad pública sólo puede invocarse si existe una amenaza verdadera y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad En este sentido, la Comisión Europea recuerda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que la seguridad nuclear no es una competencia exclusiva nacional, sino que es una competencia compartida, ya que las salvaguardas nucleares y el suministro de combustible en plantas nucleares son incluso competencias comunitarias (Euratom) y que los usuarios de combustibles nucleares e instalaciones nucleares están sujetos a una agencia o servicio especializados El Gobierno no rectifica y recuerda que el informe de Bruselas aún es preliminar De la Vega admite que se ha iniciado un diálogo con la Comisión b El presidente de E. ON, Wulf Bernotat, ya mostró hace diez días su predisposición a negociar con el Ministerio de Industria algunas de las condiciones M. MARÍN MADRID. El Gobierno dio ayer la impresión de no estar preocupado en absoluto por la desautorización jurídico- legal que ha hecho la Comisión Europea de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía en España para que E. ON pueda hacerse con el control de Endesa. Tras la primera reunión del Consejo de Ministros para abrir el nuevo curso político, la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Teresa Fernández de la Vega, hizo hincapié en que el informe de la Comisión Europea es preliminar y, por tanto, no goza de la categoría de concluyente y definitivo. Además, Fernández de la Vega resaltó que el Gobierno mantiene un diálogo continuo con las autoridades europeas para resolver las discrepancias en torno al alcance de las condiciones impuestas por España a la eléctrica alemana. El Gobierno español ha dado a la Comisión Europea toda la información y mantenemos que las condiciones puestas por la CNE se ajustan a la legalidad comunitaria. Puede haber discrepancias, pero estamos en continuo diálogo con la Comisión Europea señaló. Estamos donde estábamos- -recordó para insinuar que pese al informe de la Comisión Euro- Bernotat, presidente de E. ON, en la presentación de los resultados anuales pea, el Ejecutivo no ha perdido aún la larga batalla política y jurídica abierta meses atrás a cuenta del control de Endesa- El Gobierno va a seguir defendiendo la posición que ha mantenido hasta ahora porque creemos que tenemos razón Con esta respuesta, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero niega que las exigencias de la Comisión Nacional de la Energía violen las reglas europeas sobre libre movimiento de capitales y sobre libertad de establecimiento empresarial y reitera su tesis de que la veintena de condiciones impuestas por España a la opa sí son necesarias y proporcionadas para la protección de la seguridad pública. Las palabras de la vicepresidenta AP La CNE, arbitraria y discrecional La Comisión Europea desgrana a lo largo de las 17 páginas en las que a principios de agosto pidió más información al Gobierno español sobre lo decidido por la CNE el 27 de julio, y que han sido la base de la decisión preliminar tomada ayer, una serie de frases en las que deja entrever que el Gobierno español lo que ha hecho es discriminar a E. ON de manera arbitraria en lo que supone una restricción velada al libre movimiento de capital y a la libertad de establecimiento fruto de que las bases sobre las que la CNE puede conceder o denegar su autorización son vagas e imprecisas y, por tanto dan a esta autoridad amplios poderes discrecionales que hacen suscitar dudas sobre la proporcionalidad de la medida El Ejecutivo se garantiza la última palabra en las opas con la nueva ley de la Competencia ABC MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer, para su remisión a las Cortes, el proyecto de la ley de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo es la modernización y mejora del sistema español de defensa de la competencia y su alineamiento con el modelo comunitario La futura ley establece que el Gobierno tendrá la última palabra en las fusiones, aunque sólo intervendrá por razones de interés general. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que la norma redundará en una más y mejor eficaz de- fensa de la competencia en los mercados y, por tanto, en una mejora de los derechos de los consumidores. Entre las novedades de la ley, que está previsto entre en vigor en 2007, cabe destacar la creación de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) que integrará al Servicio y al Tribunal de Defensa de la Competencia. Este nuevo órgano será el encargado de decidir sobre las operaciones de concentración, por lo que el Gobierno sólo podrá intervenir por razones de interés general y únicamente en los casos en que la Comisión Nacional deniegue una concentración o la someta a condiciones. no ocultan, sin embargo, que la situación del Gobierno en el tema de Endesa es cada vez más complicada. Sus intentos de favorecer la fusión con Gas Natural han chocado con todo tipo de impedimientos, hasta el punto de que fuentes del sector consideran que la única salida posible que le queda es la de la negociación. Hace menos de diez días, el presidente de E. ON, Wulf H. Bernotat, ya dejó abierta la puerta a esta posibilidad. En la presentación de los resultados semestrales del grupo alemán aseguró que las condiciones impuestas por la CNE a su oferta eran injustas, pero que su compañía estaba dispuesta a cumplir algunas de ellas y a negociar el resto con el Ministerio de Industria. Tal vez ésa sea la única manera de desbloquear un asunto que parece cada vez más enmarañado. La primera de las opas, la que presentó Gas Natural, está paralizada por un juzgado de lo mercantil debido a un recurso de Endesa y no parece que esta situación se vaya a resolver antes de un año como mínimo, según diversas estimaciones. Eso obligaría a parar por igual periodo de tiempo la oferta pública de E. ON, en el caso de que ésta superase antes los obstáculos a los que se está enfrentado. Como es obvio, las reacciones en el campo político no podían faltar. El secretario ejecutivo de Economía del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, advirtió que la Comisión Europea acabará llevando al Gobierno al Tribunal de la UE y le avisó de que, en este caso, perderá Para el secretario general del mismo partido, Ángel Acebes, la carta enviada por Bruselas es tan sólo una prueba más de la mala gestión del Gobierno en todo el proceso.