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ABC VIERNES 25 8 2006 Nacional 17 LOS INCENDIOS EN GALICIA Ardió la mitad de la superficie de cinco localidades E. M. SANTIAGO. Transcurridos unos días de la tragedia forestal en Galicia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) desmentía el número de hectáreas quemadas que aportó la Xunta (92.000 frente a las 77.000 hectáreas que ayer suscribió de nuevo la Consejería de Medio Rural) Un nuevo informe del CSIC, elaborado junto a la Universidad de Alcalá y dirigido por la investigadora Pilar Martín, vuelve a destacar la magnitud de la catástrofe sufrida por las provincias del litoral, con tan sólo un puñado de datos, de sobra elocuentes. El análisis concluye que cinco localidades- -las pontevedresas de Pontecesures, Soutomaior, Campo Lameiro y las coruñesas de Rianxo y Padrón- -sufrieron la quema de casi la mitad de su superficie municipal entre el 4 y el 14 de agosto. Además, nueve de cada diez hectáreas devastadas pertenecen a Pontevedra y La Coruña, que han perdido el 80 por ciento de todo el terreno protegido que resultó afectado por los fuegos. El informe detecta que, en total, ardió más del 3 por ciento de las áreas naturales protegidas y que sólo dos tipos de suelo, el bosque mixto y el matorral boscoso, suman ya 57.000 de las 92.000 hectáreas arrasadas. Un hombre observa una manada de caballos abrasados por un incendio forestal en el municipio pontevedrés de Tomiño EFE La Xunta reduce hasta los cien millones las pérdidas por los incendios y limita a 13 las ayudas por daños personales Las familias de las cuatro víctimas recibirán una indemnización de 18.000 euros b La factura de daños directos que ha calculado el Gobierno gallego dista mucho de los más de 500 millones que pedían ecologistas, ganaderos y la industria maderera ÉRIKA MONTAÑÉS SANTIAGO. Al Ejecutivo gallego le salen las cuentas: de los cien millones de euros que la Consejería de Economía y Hacienda estima que se perdieron durante la ola de fuegos- -entre infraestructuras, explotaciones agrícolas y ganaderas, daños personales y madera quemada- -pretende financiar 33 millones de euros conjuntamente con la Administración central y los fondos comunitarios, y los 66 millones restantes en concepto de la madera quemada, con un plan de recuperación de la masa forestal que verá la luz el próximo 31 de agosto, por valor de otros cien millones de euros. Sin embargo, la cuantía se antoja notoriamente insuficiente para diversos expertos que, consultados por ABC, cuantificaron los daños en más de 500 millones de euros, habida cuenta de que sólo Uniones Agrarias ya cifró la sangría exclusiva de las explotaciones en 245 millones. Muy lejos queda el cálculo, por tanto, de la factura del Prestige que sumó 700 millones de euros; o de las peticiones de Adena, que cifró en 13.500 euros el valor de cada hectárea quemada y de la industria maderera gallega, que elevó las pérdidas hasta los 851 millones. En cuanto a las compensaciones a los familiares de los cuatro fallecidos, éstas tendrán que conformarse con los 18.000 euros que destinará la Xunta a tal fin y que duplicará, según afirmó Pérez Touriño, la cuantía que apruebe hoy para cada una de ellas el Consejo de Ministros. En agravio comparativo quedan las familias gallegas respecto a las indemnizaciones concedidas tras el incendio de Guadalajara de 2005, cuando el Estado abonó 18.000 euros a cada familia de los once fallecidos, mientras los seguros laborales- -por ser personal del servicio antiincendios de la Junta de Castilla- La Mancha- -desembolsaron más de 340.000 euros por víctima, informa Fernando Rojo. A estas diferencias añadieron ayer los populares una nueva denuncia, la demora de plazos entre unas ayudas y otras: En el incendio de Guadalajara, a los seis días ya había un decreto de ayudas en el BOE. En el caso gallego, se han reunido por primera vez veinte días después de las muertes. Con el Prestige la Xunta tenía aprobadas ayudas a los cuatro días y a los ocho el Consejo de Ministros publicó en el BOE las de carácter estatal sentenció Alfonso Rueda, portavoz del PP gallego. Climatología adversa e incendiarios A años luz de la autocrítica se situó el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, cuyas palabras nada más concluir el primer Consejo extraordinario de su gabinete reunido para establecer las medidas de compensación por la ola de incendios, servían para echar balones fuera respecto a cualquier error en la gestión de la catástrofe y preconizaban, una vez más, las dos tesis con las que se ha defendido el Gobierno gallego desde el primer foco: No debemos confundirnos: la casualidad y deriva de esta crisis no está ni en la respuesta política ni en la actuación del operativo antiincendios, sino en el acoso incendiario propiciado por las circunstancias excepcionales concurrentes Para justificar la climatología adversa de la primera quincena de agosto, el Ejecutivo gallego aportó un exhaustivo informe del servicio autonómico de Meteorología que determina los dos a tres grados por encima de la media de años precedentes que padecieron las provincias de Pontevedra y La Coruña, fuertes rachas de viento del nordeste por encima de lo habitual precipitaciones en un 25 por ciento inferiores y la gran sequía de este año. Asimismo, Touriño citó las 41 detenciones de presuntos pirómanos practicadas desde que se desató la crisis, que triplica los arrestos efectuados en el mismo periodo de ejercicios anteriores.