Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC MIÉRCOLES 23 8 2006 11 El PP denuncia que varios de los convocantes de la marcha de Bilbao pertenecieron a listas ilegales Cuarenta y ocho personas, dejadas en la calle tras un breve paso por el CIE El delegado del Gobierno en Cataluña tampoco fue informado do no dejaron ayer indiferente a ninguna comunidad. Los 139 inmigrantes que durante este mes de agosto han llegado a la Comunidad Valenciana han elevado a 1.220 el número total de ilegales que han aterrizado en Valencia y Alicante procedentes de Canarias, frente a los 172 que llegaron en 2005, lo que ha puesto a esta Comunidad al borde del límite según reconoció ayer la consejera de Bienestar Social, Alicia de Miguel. Pero no es sólo el número, sino la forma en que se realizan estos traslados lo que preocupa al gobierno autonómico, que critica duramente el descontrol y el caos que se está registrando y que está provocando situaciones dramáticas La situación se repite en Murcia, cuya consejera de Trabajo, Cristina Rubio, exigió a la Delegación del Gobierno informaciones precisas sobre las llegadas de sin papeles El delegado declaró recientemente que había una pausa en el envío de inmigrantes a Murcia, por lo que nos están engañando dijo la consejera, que cifró en más de 700 las personas que ha recibido la comunidad en los tres últimos meses. Son cuatro las comunidades que han protestado alegando la misma razón. Pese a ello, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, reiteró ayer en Almería que la redistribución de inmigrantes desde Canarias a la Penísnula se realiza con total transparencia y recordó que un expediente de expulsión no tiene fecha de caducidad Siempre se informa a los gobiernos autonómicos de los traslados a otros centros, aseguró. Canarias recurre a Unicef para intentar repatriar a menores inmigrantes El coste de los más de 670 jóvenes acogidos supera los 20 millones de euros b El Ejecutivo de Adán Martín se sujeta a la Carta Internacional de Derechos del Niño para buscar una salida legal a un asunto que el Gobierno central rehúsa resolver PABLO ALCALÁ LAS PALMAS. Los menores inmigrantes en España no se rigen por la Ley de Inmigración sino por la de menores desamparados, lo que impide que sean devueltos a los países de los que son originarios y que, a su vez estén bajo la tutela de la Comunidad autónoma a donde llegan. Pero la Carta Internacional de Derechos del Niño establece que la tutela de un menor, alejado de su familia, corresponde al Estado de donde es originario; y es este argumento a que se ata el Gobierno de Canarias para solicitar a Unicef que apele a que ningún país haga dejación de sus funciones según declaró a Acn Miguel Becerra, portavoz del Gobierno de Canarias. La búsqueda desesperada de un nuevo camino para reducir la incidencia del peso de los menores inmigrantes en Canarias, responde a las dimensiones que ha alcanzado la oleada de embarcaciones procedentes de África, y el aumento proporcional de menores a los que Canarias ha de dar acogida. Las 250 plazas de menores con las que cuenta la Comunidad- -destinadas originalmente a menores no necesariamente inmigrantes- -se han visto desbordadas ante los 670 jóvenes que actualmente hay en las islas. Esta circunstancia, y la certeza de que el número de llegadas podría dejar en las Islas a casi un millar de menores a final de año, obligan a Canarias a buscar nuevas fórmulas para solventar un problema al que la administración regional destina 30.000 euros por menor, La Guardia Civil rescató ayer a otros 63 inmigrantes frente a las costas canarias es decir, que el coste actual del volumen de acogidos, representa una cifra superior a los 20 millones de euros. EFE Distancia cultural No es el coste económico el problema prioritario que ha llevado al Gobierno canario a bucear en un resquicio de la normativa para paliar el desbordamiento. La educación de un menor que se aleja de su familia tiene que producirse en el contexto cultural y hasta religioso del que procede considera Becerra que recuerda la sensibilidad de su Gobierno para con los menores. La apertura con carácter de urgencia de nuevas instalaciones- -otras dos serán abiertas en los próximos días- -no resuelve sin embargo la trampa de una normativa que obliga a las Comunidades a la tutela de los menores, y que en el caso de Canarias sólo tiene una línea ascendente. Becerra lamentó la falta de sensibilidad del Gobierno de Zapatero con esta cuestión, y recordó que fue tratada en la última visita de la vicepresidenta del Gobierno a las islas, sin que desde entonces se hayan dado pasos desde el Ejecutivo para resolverla. Canarias ya apeló en su día al Gobierno para que diese respuesta a la problemática, sin que se recibiese respuesta alguna fuera del marco de la legislación vigente. Tal es la prioridad que el Ejecutivo de Adán Martín da a esta cuestión, que estaría dispuesto a gastar todo lo que gasta ahora en el cuidado de los menores aquí en centros de allí lo que supondría inversiones tanto en la formación de educadores como en la construcción de los centros o su mantenimiento, cuentas que, no obstante, reducirían los costes actuales para la administración canaria.