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4 Opinión MIÉRCOLES 23 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PACIFISMO DE SALÓN A participación de tropas españolas en la fuerza de interposición que la ONU va a desplegar en el Líbano es una decisión política con suficiente gravedad como para que merezca un amplio debate parlamentario en el pleno del Congreso de los Diputados. No sólo se correspondería con la promesa del presidente del Gobierno de hacer del Parlamento el centro de la vida política nacional, sino también sería la manera de obligar al Ejecutivo a dar toda la información sobre las condiciones del despliegue militar y su adecuación al papel internacional de España. Sin embargo, el Gobierno no está actuando con claridad: ni quiere un debate parlamentario a la altura de las circunstancias, ni parece claramente determinado a comprometerse con la misión militar de Naciones Unidas, pese al entusiasmo que mostró públicamente Rodríguez Zapatero con la llamada de su secretario general, Kofi Annan. Por el contrario, este nuevo reto de la comunidad internacional puede ser otra demostración de que el discurso del Gobierno socialista es muy distinto a sus hechos y que le resulta muy fácil apelar a la paz y al diálogo, pero rehúye implicarse con riesgo en las zonas de conflicto o lo hace con condiciones que no son propias de una misión militar. Después de semanas de retórica crítica contra Israel y de llamamientos al alto el fuego, cuando éste llega, el furor pacificador del Gobierno se frena y da paso a una demanda de exigencias incoherente con su teórica predisposición a favorecer la paz. No tiene sentido que el Ejecutivo de Zapatero reclame ahora garantías de que el alto el fuego se va a cumplir como condición para participar en la Finul cuando, precisamente, esta fuerza de interposición es la garantía de ese alto el fuego. Si ya estuviera garantizado, no haría falta una fuerza militar. Debe reconocerse que esta actitud no es muy distinta de otros gobiernos europeos, renuentes a arriesgar por la paz que reclamaban. Pero sí es cierto que ningún otro gobierno europeo ha actuado tan por libre como el español, tanto en sus críticas a Israel como en su gestión diplomática, coronada con la inefable visita del ministro Moratinos a Siria, precedentes que hacían presagiar una amplia, rápida y generosa aportación española a la Finul. El problema es que a Rodríguez Zapatero le gusta el discurso superficial, pero abomina de la política que entrañe compromisos reales que obliguen, llegado el caso, a pasar un mal rato ante la opinión pública. Se está viendo con la Finul, pero también se constata en el empeño de negar a la participación de tropas españolas en misiones internacionales los riesgos propios de todo mandato de interposición o pacificación. Hace unas semanas, un soldado español murió en un ataque talibán en Afganistán y su funeral se despachó por el trámite de urgencia. El pasado lunes, las tropas españolas se implicaron en un incidente armado en la capital del Congo. La misión en el Líbano es de alto riesgo, tanto como la incoherencia de la política internacional del Gobierno. L IRÁN PERSISTE EN SU DESAFÍO MUNDIAL I RÁN vuelve a las andadas. Lo hace con la persistencia de quien es consciente de lo que quiere y está dispuesto a lograrlo al precio que sea. Ayer, sin ir más lejos, confirmó lo que todo el mundo sabe y nadie quiere reconocer en voz alta por el momento: que va a seguir adelante con su programa nuclear. Lo hizo por dos vías y en ambas manifestó su inequívoca voluntad de poner las cosas muy difíciles. Irán ha decidido ser un problema para la comunidad internacional. Ha rechazado sin demasiadas explicaciones la generosa oferta que hace dos meses hizo Javier Solana ante las autoridades iraníes en nombre de la Unión Europea. Lo sorprendente es que Irán hace esto sin importarle demasiado las consecuencias. Resulta obvio que ni le interesa el diálogo que la comunidad internacional le ha brindado reiteradamente con el fin de que desista de su empeño nuclear, ni está dispuesto a rebajar la tensión política que ocasiona su actitud. El negociador iraní, Ali Lariyani, señaló que la oferta de incentivos era insuficiente, yendo aún más lejos el propio líder espiritual de la revolución islámica, el ayatolá Ali Jameni, al dar a entender que su país no se siente vinculado por el ultimátum impuesto por el Consejo de Seguridad para que, antes del 31 de agosto, renuncie a desarrollar su controvertido programa de enriquecimiento de uranio. Con tan inquietante declaración, Irán ha decidido jugar fuerte. Coloca a la comunidad internacional ante el reto de tener que meterlo en cintura y emplea para ello una peligrosa táctica de tensión y distensión graduales, cuyo objetivo no es otro que ganar tiempo para dotarse finalmente de la capacidad técnica que le permita fabricar armas atómicas. ¿Para qué? Aquí radica lo verdaderamente preocupante: para alcanzar una visibilidad política que permita al Irán de los ayatolás liderar el conjunto del islam y ejercer un protagonismo decisivo en la gestión estratégica del cada vez más inestable Oriente Próximo. Plantearse la hi- pótesis de que el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, pueda tener a su disposición armas atómicas pone los pelos de punta a cualquiera. Pensar que alguien tan inclinado a hablar del exterminio de Israel o de la guerra santa contra Occidente pueda cabalgar el tigre nuclear y hacer realidad sus apocalípticos designios exige de la comunidad internacional que reactive la presión sobre Teherán inmediatamente. Sobre todo porque Irán sabe que la firmeza que en estos momentos puede ejercer la comunidad internacional sobre él tiene numerosos puntos débiles. Así, la supervivencia del alto el fuego en el Líbano depende de si los terroristas de Hizbolá lo respetan, decisión que está subordinada a lo que quieran los ayatolás de Teherán. Los más de dos millones de barriles de petróleo iraní constituyen un poderoso aliado para los designios de Teherán y, por último, la ambigua posición de China y Rusia (irresponsablemente complacientes con Irán) restan vigor a las iniciativas que EE. UU. y la UE puedan impulsar. En estas circunstancias, la urgencia de la reacción con la que debe actuar la comunidad internacional frente al chantaje de Irán es evidente. Requiere la combinación de altas dosis de sensatez y habilidad dentro de una ofensiva diplomática a gran escala que no eluda el empleo progresivo de sanciones. Al amparo de la legalidad internacional, no puede haber desistimiento alguno. Irán no puede salirse con la suya. Si lo hiciera, la estabilidad del Oriente Próximo sufriría un gravísimo daño y, con ella, la propia seguridad del planeta, debido a la irrupción de una peligrosa potencia nuclear. La ONU ha dado muestras de querer llegar a una solución sensata en su contencioso con Irán. Ahora debe volver a intentarlo, pero esta vez dejando claro al régimen de los ayatolás que la generosidad de la comunidad internacional tiene un límite y que, rebasado el mismo, el empleo de la fuerza (en su justa medida) es siempre tan necesario como legítimo. LECCIONES TRAS OTRO MORTAL ACCIDENTE A ministra de Fomento compareció a las pocas horas del mortal accidente ferroviario ocurrido en Palencia y se arriesgó a estimar que pudo ser el exceso de velocidad la causa principal del mismo. Los informes técnicos, que requieren un poco más de tiempo y verificaciones fehacientes, parece que confirmarán la hipótesis de Magdalena Álvarez. Por lo conocido hasta ahora y aunque nunca se llega al óptimo de seguridad, no parece que puedan achacarse a la empresa o a la Administración responsabilidades específicas o faltas de diligencia ante un suceso de tan trágico resultado. Aún así, la ministra habría hecho mejor en esperar a que terminase sus conclusiones la comisión técnica que investiga el suceso. Por este motivo, los sindicatos tildaron de irresponsables sus palabras. Es habitual que la lucha partidaria acuda a su cita con este tipo de sucesos. Así ocurrió en el accidente del Metro de Valencia, donde, casi sin esperar a contar las víctimas, la escandalera política, atizada por el PSOE, estaba ya montada. Pese a que quedó patente que aquel siniestro se debió al exceso de velocidad del convoy, los socialistas exigieron dimisiones, pidieron la celebración de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas y responsabilizaron de todo a la Generalitat, en manos del PP. Ahora, en un accidente análogo, ningún dirigente socialista pide esto en Zamora. Catástrofes, accidentes como éstos, se han producido antes y, desgraciadamente, es posible que se repitan en el futu- L ro; en algunos casos pudieran haberse evitado con actuaciones diligentes, y en otros casos ni con eso. La experiencia acumulada recomienda que en situaciones similares funcione un protocolo de actuación inmediata que haga posible la atención a las víctimas directas e indirectas; la investigación y el informe sobre lo sucedido para tomar las medidas pertinentes que eviten que vuelva a ocurrir, y un procedimiento de información a la opinión pública que contribuya a paliar la angustia y la confusión, al tiempo que cierre espacio al oportunismo político partidista. Por ejemplo, sería deseable que mientras no se disponga de una información consistente se eviten comparecencias apresuradas o intuitivas, especialmente de políticos ocasionales que carecen de la menor experiencia y capacidad para entender y explicar lo ocurrido. Antes que los políticos, tan propensos a ocupar micrófonos y pantallas, deberían comparecer los expertos. Es decir, sería mejor establecer los hechos antes que las conclusiones o los juicios. El ferrocarril pasa por ser un medio de transporte seguro. Los dos últimos accidentes ocurridos en España ponen de manifiesto que no lo es tanto. Conviene, por tanto, mejorar las condiciones de la red para que se hagan más difíciles e improbables esos fallos humanos o técnicos. La universalización del frenado automático (en caso de exceso de velocidad) parece un objetivo irrenunciable. La seguridad plena no es posible, pero hay que intentar acercarse a ella.