Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión DOMINGO 20 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PELIGROSO ZOCO PARA EL CARNÉ POR PUNTOS E EL VOTO DE LOS INMIGRANTES A incertidumbre ante el resultado de las elecciones locales y autonómicas marca el comienzo del próximo curso político. Parece que el Gobierno no las tiene todas consigo, a juzgar por algunas maniobras que está planeando. Entre ellas, el proyecto de que puedan ejercer el derecho de sufragio activo en los comicios municipales no sólo los ciudadanos de otros países de la UE residentes en España, sino también los de Estados no comunitarios. Es inevitable pensar que el Partido Socialista pretende buscar rentabilidad en las urnas de su política de regularización masiva de inmigrantes, que ha sido objeto de serias críticas por parte de nuestros socios europeos. Otra cosa es que, respecto de determinados colectivos legalmente instalados en España, existan estudios que invitan a pensar que sus valores sociales y morales no coinciden con posiciones de izquierdas. No obstante, las intenciones del Ejecutivo chocan con un calendario que no permite cuadrar fácilmente las fechas. Habría que tramitar a toda prisa el correspondiente proyecto de ley de reforma del régimen electoral, asegurar que los beneficiarios estén empadronados y aparezcan en el censo y- -respecto de los no comunitarios- -que exista el correspondiente convenio de reciprocidad. Este último requisito impide por ahora el voto de dos colectivos tan significados como los ecuatorianos y los colombianos. La ampliación de la UE trae consigo serias consecuencias, no ya sólo por los miembros actuales sino también por la futura integración el próximo 1 de enero de países como Rumanía y Bulgaria, que aportan más de 380.000 y más de 90.000 electores potenciales, respectivamente. En otro orden de cosas, el derecho de los comunitarios a ser candidatos hace muy posible el control de algunos municipios por residentes británicos o alemanes, por citar ejemplos notorios. Es una consecuencia lógica de los tratados, que se corresponde con el mismo derecho para los españoles que viven en otros países de la Unión. L La igualdad que preside la competencia política en muchos municipios obliga a actuar con máxima prudencia. La alcaldía de ciudades como Castellón y Alcalá de Henares, entre otros casos conocidos, depende- -literalmente- -de un puñado de votos. A partir de 2007 cerca de medio millón de residentes con origen en otros países europeos podrán votar en España en las municipales. Su influencia es evidente en una contienda tan disputada. Si además el derecho se amplía a los inmigrantes que proceden de Iberoamérica o de Marruecos (por mencionar dos casos con fuerte presencia en la composición de este sector social) podrían producirse alteraciones significativas en los resultados. Las cuestiones que afectan al sistema electoral tienen una naturaleza materialmente constitucional aunque en términos jurídicos pueden ser reformadas por la mayoría absoluta necesaria para aprobar una ley orgánica. De hecho, siempre que se habla de cambiar el sistema en las elecciones generales para favorecer gobiernos estables, los partidos de ámbito autonómico- -principales beneficiarios de la fórmula actual- -consideran que se estaría alterando el pacto constituyente. Un razonamiento análogo debe aplicarse en el caso de la inmigración. En términos políticos, no debería haber ley sin el acuerdo al menos de socialistas y populares. En rigor, la política de inmigración es una política de Estado y tiene que ser objeto de consenso y no ser utilizada de forma partidista. Incluso en una legislatura en la que se han roto los puentes entre Gobierno y oposición en las materias más trascendentes (incluidas el terrorismo y el modelo territorial) la clase política debería ser consciente de que la integración eficaz de la población inmigrante es un tema capital para el futuro de las sociedades occidentales. Hacer política basada en intereses a corto plazo para obtener una dudosa rentabilidad electoral sería un error muy grave que traería dificultades en los próximos años. AUSENCIAS EN EL HOMENAJE L homenaje central organizado por Defensa en memoria de los 17 militares españoles que fallecieron hace un año cuando su helicóptero se estrelló en Afganistán se ha celebrado en ausencia de los familiares, que prefirieron acudir a los actos que se llevaron a cabo en las unidades a las que pertenecían después de que así se les aconsejase desde el Ministerio. Desde hace meses es palpable el descontento de estas familias con la actitud del Gobierno a la hora de manejar la información de este triste suceso, desencuentro que recuerda en parte al ocurrido tras el accidente del Yak. Tragedias heterogéneas sí- -separadas por aquel desastre de la identificación de los cadáveres- pero que ambas concluyen con la insatisfacción y la amargura por el trato recibido por parte de la Administración. Doce meses (y dos ministros) han pasado sin que el Ministerio haya aportado luz definitiva sobre las causas del suceso. Poco más o menos, a los familiares se les ha dicho lo que no ocurrió (el famoso ataque que Defensa rápidamente descartó) pero no lo que en realidad pasó. El desguace- -a la carrera- -del helicóptero no ayudará a aportar luz a la inquietud de las familias. El Gobierno debería ser extremadamente cuidadoso y evitar lo que en sus tiempos de oposición reprochó al PP: la sensación de que se menosprecian los sentimientos y de que no se dice todo lo que se sabe de lo que sucedió. Toda la claridad debe iluminar las circunstancias de la muerte de estos solda- E dos que estaban cumpliendo una importante tarea. El Ejecutivo socialista debe, en fin, manejar el caso con la mayor sensibilidad para con los allegados, que quieren saber si es verdad o no que fueron atacados o cuáles eran las condiciones técnicas de los aparatos. El problema de fondo quizás resida en que da la impresión de que el Gobierno sigue cautivo de un pacifismo mal entendido que perjudica nuestra proyección exterior. Si estamos decididos a contribuir a la estabilidad mundial con nuestras Fuerzas Armadas, hay que ser conscientes de que a veces sólo se consigue con el sacrificio de vidas. Los hombres y mujeres que eligen la noble carrera de la milicia lo saben. Y así lo asumen. Sin embargo, el Ejecutivo socialista propende a hacer creer a la opinión pública que los Ejércitos son una especie de ONG con fusiles. Por ello, al Gobierno le entran las dudas y llega a no tener claro qué es lo que estamos defendiendo en Afganistán, en Kosovo o pronto en el Líbano. Y los riesgos que se corren. El ministro honrando a los soldados muertos en sitio distinto adónde lo hacen las familias da pistas sobre un trabajo mal hecho y debería hacer recapacitar al Gobierno para que reconduzca su relación con los allegados de aquellos que han entregado todo lo que teníancon una bandera de España cosida en su hombro. El consuelo, si es que llega, sólo suele venir de la mano de la verdad. L permiso de circulación por puntos, una de las novedades del año, es efectivo desde hace cincuenta días y aunque es pronto para valorar su efectividad es evidente que no ha sido recibido con indiferencia. Las encuestas revelan que hay más españoles a favor que en contra, aunque no faltan críticas de quienes consideran que el sistema ha nacido con agujeros por donde se escapa su eficacia. Un efecto perceptible, a simple vista, es que ha hecho disminuir la velocidad media a la que se circula, aunque está por ver cuánto tiempo durará ese efecto. Y otro dato es que ha descendido el número de accidentes de tráfico y de víctimas mortales como consecuencia de los mismos; dato que también requiere más tiempo de verificación. Estos primeros resultados avalan la posición de quienes han defendido la estrategia del endurecimiento de las sanciones. Si ese es el camino correcto para doblegar la plaga de la mortalidad en carretera (mucho más elevada en España que la media en Europa) habrá que preservarlo y mejorarlo. Pero para ello, la ley debe ser efectiva y el ciudadano tiene que sumar al respeto a la misma la convicción de que su grado de cumplimiento es generalizado, prácticamente universal. A este respecto, el mercado secundario de puntos subastados a través de internet que ha surgido es más propio de territorios sin respeto al Estado de Derecho. Porque el dominio de la picaresca o la facilidad para burlar la ley es incompatible con su eficacia. Al Gobierno que ha propuesto este procedimiento corresponde la responsabilidad de que sea respetado y que resulte. Según datos de la Guardia Civil (a los que hay que sumar los de las licías locales) en este tiempo se han quitado alrededor de 200.000 puntos por las infracciones- -la mayoría tienen que ver con el alcohol, los cinturones de seguridad y la velocidad- -de unos 60.000 conductores. Se trata de una previsión, pues efectivamente aún no se ha quitado ninguno, toda vez que el procedimiento administrativo (alegaciones, recursos, propuestas de resolución, etc. se demora unos dos meses. El que el trámite sea largo hace más acuciante la lucha contra la picaresca, pues el infractor que quiera burlar la ley dispone de más tiempo para endosar los puntos a un tercero. Que medie dinero de por medio- -como ocurre en el zoco abierto en la red- -va a hacer muy difícil luchar contra el fenómeno. La administración y la justicia deben estar atentas para combatir un fenómeno que si se agiganta al amparo del negocio puede hacer ineficaz el sistema. No obstante, a la Administración corresponde dar más pasos adelante. Además de advertir y exigir a los conductores el mejor comportamiento al volante, tiene que actuar en las infraestructuras, en los puntos negros de las carreteras, y también en las condiciones de los vehículos.