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4 Opinión SÁBADO 19 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL LÍBANO, UNA PRUEBA PARA EUROPA A Unión Europea tiene una oportunidad de oro para demostrar su ambición de convertirse en una potencia política a escala mundial, liderando decididamente la misión militar que patrocinan las Naciones Unidas en la frontera entre Israel y el Líbano. Después de haber participado tan activamente en la negociación para aprobar la resolución en la que se basa el actual alto el fuego, parecería una incongruencia que los europeos no estuviesen en primera fila a la hora de ponerla en práctica sobre el terreno. Las reticencias que aparecen a última hora son un síntoma de debilidad que lanza al mundo precisamente la impresión de lo opuesto, que los europeos somos incapaces de asumir una responsabilidad activa en los asuntos mundiales, ni siquiera en aquellos que geográficamente nos son más cercanos. Resulta incomprensible que cierta izquierda europea siga quejándose de la hegemonía indiscutible de Estados Unidos en el mundo y al mismo tiempo se empeñe en limitar nuestras capacidades para actuar también como agentes activos de la estabilidad internacional. Es muy fácil decir que el conflicto de Oriente Próximo es un factor de riesgo para toda esta parte del mundo y renunciar a contribuir formalmente a solucionarlo. También las Naciones Unidas deberían tomar nota del fracaso de la misión de cascos azules que desde hace más de 20 años vegeta en aquellas tierras sin haber hecho más que favorecer que los problemas se enquistasen y se hicieran más graves. Si la ONU pretende lograr ahora lo que no ha sabido hacer en todo este tiempo, no puede esperar tener éxito solamente con un aumento de efectivos, sino que ha de aceptar un cambio en las reglas de enfrentamiento para que los militares que vayan allí tengan el papel activo que no han podido ejercer hasta ahora. Esto no es una misión humanitaria sino una zona de conflicto en la que solamente una fuerza con capacidad de disuasión creíble puede evitar que la guerra vuelva a estallar. Francia es la antigua potencia colonial en el Líbano y ha demostrado su interés por contribuir a asentar la estabilidad, pero insiste justamente en que la fuerza multinacional debe tener capacidad operativa para utilizar sus armas si fuera necesario. Italia, que en el pasado realizó una misión de paz en el Líbano que fue muy apreciada por la población, ha dicho que podría aceptar hacerse cargo del mando de la operación, como expresión clarividente de su voluntad de contribuir a la proyección de la UE. En cambio el Gobierno español da la impresión de estar dominado por reticencias rayanas en lo timorato. Explicando claramente que se trata de una misión comprometida pero a la que la profesionalidad de nuestros soldados puede hacer frente perfectamente y que además contribuye directamente a nuestra seguridad y a la de nuestros aliados y vecinos de ambos lados del Mediterráneo, obtendría el respaldo político necesario y cumpliría con su obligación. L EN UN CALLEJÓN SIN SALIDA RAS el último comunicado de ETA, el Gobierno ha perdido todo argumento político para defender la legitimidad del proceso de negociación con los terroristas. ETA maltrata al Ejecutivo socialista y al PSOE a sus anchas porque se siente superior políticamente y capaz de imponer un chantaje eficaz. Quizá se deba a esos cuatro años de conversaciones secretas que los socialistas vascos mantuvieron con Batasuna, mientras el Gobierno del PP se esforzaba en ganar definitivamente la lucha antiterrorista. De forma resumida, los terroristas advierten al Gobierno de que volverán a las armas si el proceso no avanza, de que la solución está en reconocer sus objetivos tradicionales de soberanía, autodeterminación, amnistía y Navarra y de que tiene que cumplir los compromisos de alto el fuego adquiridos. En este momento, la única opción que le queda a la negociación con ETA es la cesión a sus exigencias, porque los terroristas no se plantean que el fin de su violencia sea incondicional, ni que la solución al conflicto se alcance en el marco constitucional y estatutario. Es decir, la misma ETA de siempre, que se enfrenta, eso sí, a un Gobierno sin precedentes, entrampado en un laberinto de conversaciones clandestinas, compromisos ocultos y sobreentendidos imposibles. Las explicaciones pueriles del PSOE conducen inevitablemente al pasmo, porque presentan a una ETA que miente a sus seguidores con mensajes de consumo interno o que fija artificialmente alto el listón de sus exigencias para luego bajarlo en la negociación. Esta actitud demuestra un peligroso desconocimiento acerca de ETA, cuya dirección no dudará en poner al Gobierno en precario tantas veces como sea preciso. Ya son varios los avisos de que está en condiciones de demostrar los compromisos negados por el Gobierno. Sin duda, el proceso está en crisis. El presidente del Gobierno anunció en el mes de junio el inicio del diálogo con ETA, obsequiada con el compromiso de que respetará la libre decisión de los vascos, plagio notorio de la literatura etarra. En septiembre, el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, comparecerá para informar de los primeros resultados de la negociación con la banda. Sin embargo, el Gobierno que siempre iba a decir la verdad, no sólo guarda silencio T ante el último comunicado etarra, sino que ha quedado en evidencia por haber diseñado esta fallida estrategia negociadora sobre el engaño a todos y en todo momento. Negó que el PSOE hubiera negociado con Batasuna en los años de plomo anteriores y posteriores a su ilegalización. Negó contactos previos con ETA para pactar la declaración de la tregua. Negó compromisos adquiridos para responder al alto el fuego unilateral de los terroristas. Todo lo que ha negado, al final, se ha revelado cierto o, en el mejor de los casos, muy probable. Pero el problema del Gobierno empieza a ser que no sólo el PP y los ciudadanos pueden sentirse engañados, sino que también ETA se siente así. Los terroristas se lo han advertido en más de una ocasión: ellos no son como ERC ni van a aceptar apaños como el del Estatuto catalán. Es decir, no han dado la tregua para que Zapatero salga victorioso, sino para vencer ellos. La pregunta es qué le queda a este proceso de negociación. El Gobierno, al margen de lo que se comprometiera con ETA, siente ya los límites del Estado y de la Constitución: no se puede reconocer la autodeterminación en una mesa de partidos, no es posible anular completamente el Estado de Derecho- -a lo sumo, al fiscal general del Estado- no cabe la amnistía para los terroristas, aunque se le llame indulto. Y se haya producido o no un primer contacto con los etarras, el proceso probablemente ha tocado techo porque los socialistas han aceptado letras que no pueden pagar y los terroristas quieren para la tregua la rentabilidad prometida. Conviene no perderse en disquisiciones. Esta irresponsable aventura política tiene nombres y apellidos. Es hora de una explicación política por el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, sometido al control de la oposición y con publicidad ante la sociedad española. Rodríguez Zapatero debe poner fin a su absentismo vacacional, que no ha perdonado- -salvo paréntesis perfectamente prescindibles- -a pesar de la tragedia ecológica en Galicia (con cuatro muertos) el descontrol migratorio y la crisis regional en Oriente Próximo. Ahora se trata de su proyecto personal, la negociación con ETA, en el que ha implicado, sin consenso suficiente, a toda la sociedad y a las instituciones del Estado. LA PERSECUCIÓN DEL TABAQUISMO principios de año entró en vigor en España una norma destinada a limitar el consumo de tabaco, especialmente en espacios públicos, aprobada con una amplia mayoría parlamentaria, que tuvo un importante impacto social y no pocas críticas. Esos primeros obstáculos se irán ampliando en el futuro si el Gobierno y la Cámara siguenapoyando la estrategia del Ministerio de Sanidad, determinadoa erradicar el tabaquismo. En Europa, concretamente en España, el tabaco ha sido un negocio de los gobiernos que mantuvieron monopolios centenarios sobre ese producto, hoy ya liberalizados, y que han cargado sobre su venta importantes impuestos. De manera que el primer beneficiario del consumo de tabaco es el Estado, que se queda con tres cuartas partes del gasto de los consumidores en un producto tan insano. El mismo Estado que encabeza las campañas antitabaco con el argumento del coste sanitario es el primer beneficiado del negocio. Contradicciones evidentes de Hacienda y Sanidad. En Estados Unidos, que huyó del monopolio y de una fiscalidad excepcional sobre el tabaco, han sido los propios ciudadanos, con auxilio de la Fiscalía federal o de los respectivos A estados, los que han demandado a las compañías de tabaco ante los tribunales para lograr indemnizaciones compensatorias por los daños del tabaco. Varios tribunales federales han dado la razón a los demandantes y han impuesto multas a la industria. La investigación del Congreso resultó lacerante para la industria, por algunas prácticas no confesadas para alentar la adicción de los consumidores. Esta semana, una juez federal ha reconocido esa práctica adoptiva engañosa y condena a la industria a financiar campañas antitabaco. Está por ver la magnitud de la factura. Son dosestrategias distintas, la europea y la norteamericana, para hace frente a un problema que afecta a la libertad de los individuos que deben ser avisados de los riesgos y protegidos de engaños, pero no perseguidos por consumir productos legales. En España el efecto de la normativa ha sido efectivo aunque limitado; se fuma menos en espacios públicos, pero el monto total de venta de tabaco ha descendido poco. Las normas en hostelería, con la separación física de fumadores y no fumadores, que entran en vigor en septiembre, hacen prever una colisión inevitable con este sector. Claro ejemplo de que la ley presenta lagunas de muy difícil travesía.