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4 Opinión VIERNES 18 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil FRANCIA: UNA MEDIDA DRÁSTICA L Gobierno francés ha comenzado el proceso de repatriación de 25.000 familias de inmigrantes sin papeles. La medida ha provocado una gran polémica al afectar a menores escolarizados cuyos padres no se hallan legalmente en suelo galo. Sólo 5.000 familias han conseguido regularizar su situación, conforme a unos estrictos requisitos que conforman el criterio de inmigración no deseada centrado en la política de legalidad e integración de los inmigrantes, tasada, por ejemplo, con el conocimiento del idioma oficial. No se puede ocultar el carácter drástico de este endurecimiento de la política migratoria francesa, impulsado por su ministro del Interior, Nicolas Sarkozy. Sin embargo, esta decisión no se produce de forma arbitraria ni al margen de un escenario general de debate sobre la inmigración ilegal en Europa. En todo caso, la medida del Gobierno francés no resulta extraña en la percepción mayoritaria sobre este problema en los Estados europeos, preocupados por el fracaso de las políticas de tolerancia hacia identidades colectivas de la población inmigrante, fundamentalmente musulmana- -impermeable, en muchos casos, a la absorción de los valores políticos democráticos y culturales de las sociedades occidentales- -y por la incapacidad para hallar procedimientos eficaces de control migratorio que ataje la creación de bolsas de ilegalidad. Cada vez es más claro que la inmigración ilegal y la falta de integración de determinados grupos de inmigrantes son vertientes de una misma realidad política. La experiencia francesa debe ser tenida en cuenta en España, donde ya no es posible consolarse con la idea de que aún falta mucho para sufrir el impacto migratorio del país vecino. El desbordamiento de Canarias, irresistible incluso a la ofuscación del Gobierno en negarlo, no permite en modo alguno semejantes ejercicios de satisfacción. La expulsión de 25.000 familias mide el error de no tomar a tiempo otras decisiones menos gravosas, para evitar el crecimiento descontrolado del problema. Pero el rumbo tomado por el Gobierno español confirma que no es capaz de aprender en cabeza ajena. La regularización masiva en 2005, el descontrol constante de las fronteras terrestres y los aeropuertos y la amplitud de la reagrupación familiar dan buena prueba de ello, así como del distanciamiento de la política del Gobierno socialista español respecto de los intereses europeos. Cuanto más tiempo pase sin asumir que la inmigración ilegal se está convirtiendo en un problema estructural de las sociedades occidentales, con implicaciones directas en el desarrollo urbano, la prestación de servicios sociales e incluso la seguridad nacional, menos margen tendrá nuestro Gobiernos para abordarlo de una forma que no resulte tan traumática como la del país vecino. E EL PARLAMENTO COMO ESTORBO E S mucho más fácil hacer promesas que cumplir lo prometido. El candidato Rodríguez Zapatero aseguró en su discurso de investidura que iba a convertir al Parlamento en centro y eje de la vida política, de donde según él había desertado. Una vez presidente del Gobierno, parece que ha olvidado aquellas buenas intenciones. Ayer, la Diputación Permanente del Congreso rechazó la solicitud del PP sobre la comparecencia de los ministros implicados en la crisis de los incendios forestales de Galicia, en concreto, los de Medio Ambiente, Interior y Agricultura. El Grupo Socialista no ha mostrado reparos de ningún tipo para echar abajo la propuesta porque no es útil ni adecuada ni urgente El apoyo pleno de sus socios (a excepción de IU, que se abstuvo en la comparecencia de Cristina Narbona) vuelve a colocar en profundidades abisales la capacidad crítica de estos grupos que se dedican a ser la oposición de la oposición y palmeros de quien gobierna. Se rechazó igualmente la convocatoria de un pleno extraordinario para debatir una proposición no de ley sobre la gravísima situación que afecta al patrimonio forestal en aquella región y que puede provocar que se presente una moción de censura por los populares ante el Parlamento gallego. Alguien debería explicar la ineficacia de los servicios estatales y la incapacidad de sus responsables para coordinar actuaciones con la Administración autonómica. Además, es imprescindible que la ministra de Medio Ambiente aclare el sentido de sus declaraciones poco afortunadas sobre determinados aspectos del asunto y que Pérez Rubalcaba sostenga o retire ante los representantes de la soberanía popular las insinuaciones sobre la eventual existencia de una trama organizada. Hay planteamientos que sólo pueden mantenerse si existen pruebas fehacientes y directas, que deben ser puestas- -en su caso- -a disposición de la Fiscalía y en conocimiento de la opinión pública. De lo contrario, cualquier alusión tiene que ser retirada de inmediato para evitar conductas incompatibles con las reglas del juego democrático. En este caso concreto, no valen las medias tintas ni las palabras con doble sentido: si no hay nada de lo dicho, el ministro del Interior habrá incurrido en una grave responsabilidad política. Lo cierto es que el Congreso (por no hablar del Senado, siempre pendiente de la reforma que nunca se aprueba) arrastra una vida lánguida a lo largo de la presente legislatura. El PSOE y sus aliados más o menos formales mantienen un bloque sólido que rechaza sin miramientos las iniciativas de la oposición. Hace pocas semanas se aceptó a regañadientes la comparecencia de los ministros de Interior y Fomento por los lamentables incidentes en el aeropuerto de El Prat. Poco antes, Zapatero actuó en fraude de la soberanía popular al pronunciarse en los pasillos de la Cámara sobre el proceso de negociación con ETA, una burda maniobra para salvar el sentido literal de su promesa de hablar en el Parlamento sobre tan delicada materia. Parece que el Gobierno y el grupo que lo sustenta no piensan escarmentar. El Congreso, institución clave en nuestro régimen parlamentario, es concebido como un estorbo, algo así como un trámite engorroso que conviene sustanciar cuanto antes o bien saltárselo directamente. El principio de que la mayoría gobierna es elemental en democracia, pero también lo es- -con el mismo rango- -que la minoría tiene el derecho y el deber de controlar al Gobierno y por ello los parlamentos modernos se configuran como la casa de la oposición donde se debate con luz y taquígrafos, lejos del secretismo de los despachos oficiales. Las vacaciones, por supuesto, no sirven de escusa puesto que la Diputación Permanente ejerce todos los poderes de las Cámaras cuando estas no están reunidas y, sobre todo, porque los ciudadanos exigen que los políticos se ocupen de los problemas que realmente importan y no sólo de debates identitarios o de cuotas de poder. El Gobierno, a través del grupo parlamentario socialista y con el apoyo de sus alidados, ha cometido un nuevo error que desprestigia a la Cámara y reduce a la nada las reglas sobre control político previstas por la Constitución. LIBERTAD ASEDIADA D ESDE el 11- S Occidente vive en guerra, aunque no nos guste reconocerlo. La presión terrorista no cesa y la estrategia de agresión que utiliza el islamismo totalitario pretende minar nuestra resistencia física y, también, nuestra coherencia intelectual y política. De hecho, no sólo quiere causar el terror causando muertes masivas. También busca secar las raíces morales que alimentan nuestra civilización liberal poniéndonos ante el terrible dilema de tener que elegir entre la seguridad y la libertad. Las sociedades abiertas están gravemente amenazadas y sería bueno que lo asumiéramos sin excusas ni medias verdades. Estamos hablando de un peligro real. Tan real como el rastro de terror que van dejando Al Qaida y sus franquicias a través de los brutales ataques acaecidos en Nueva York, Bali, Madrid, Londres o Bombay. Todos ellos son el testimonio geográfico que certifica que hay un islam totalitario que quiere, sencillamente, borrarnos del mapa: a nosotros y aquello que pensamos y creemos. Para hacer frente a esta agresión, Occidente y, en concreto Europa, deben blindarse mediante una aleación especial que logre un sutil equilibrio entre la seguridad y la libertad. La fórmula no será fácil encontrarla. Sobre todo porque tenemos enfrente a un enemigo que no desiste en su empeño y está dispuesto a todo, tal y como acabamos de ver nuevamente el pasado 10 de agosto, cuando los servicios de inteligencia británicos abortaron el intento de hacer estallar con explosivos líquidos varios aviones en vuelo trasatlántico. Es evidente que hay que asumir sacrificios si queremos ganar esta guerra, pero nunca sin perder el norte que impone la vigencia de nuestra libertad. Para ello es imprescindible que la estructura de derechos que asegure su vigencia cotidiana siga siendo- -en la medida de lo posible- -real, ya sea en nuestra casa, en la calle, en un aeropuerto e, incluso, en la cabina de un avión de pasajeros. Seguridad, por supuesto, pero insistiendo para conseguirla en incrementar la eficacia de los medios técnicos y humanos, al tiempo que se amplían y unifican las redes de colaboración entre las sociedades abiertas. La seguridad es imprescindible, pero no hasta el punto de que su consecución pueda asfixiar nuestra dignidad de ciudadanos libres. Si así fuera, el islamismo totalitario estaría derrotándonos allí donde descansa nuestra fortaleza más íntima: en ese soporte intelectual a través del que se identifica la idea misma de Occidente y Europa. Si todo se justificara en orden a salvaguardar nuestra seguridad, entonces estaríamos precipitándonos en el abismo de una sociedad que habría renunciado a su modo de vida al aceptar el enmudecimiento histérico de la libertad.