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4 Opinión JUEVES 17 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LAS CIFRAS, OTRA CORTINA DE HUMO M INDULTOS PARA CALMAR A ETA I el Gobierno quiere dar al proceso de negociación con ETA un mínimo de solvencia política debería evitar que un mero secretario provincial socialista anuncie la concesión de indultos a presos etarras. Es lo que hizo el pasado lunes Miguel Buen, secretario de los socialistas guipuzcoanos, quien utilizó la ambigüedad habitual que marca la retórica del proceso al referirse a los etarras como determinada gente que, en caso de que ETA deje las armas, podrán ser indultadas Resulta todo un síntoma que sea un cargo medio del PSE quien se arrogue la potestad de anunciar el ejercicio del derecho de gracia, que constitucionalmente corresponde al Rey, a propuesta del Gobierno. Es, en efecto, el síntoma de que este proceso de negociación con ETA- -que sea de paz es otro cantar- -es, ante todo, un proyecto de partido y no un asunto de Estado. Resultaría imposible que semejante usurpación de papeles se hubiera producido, por ejemplo, en el Reino Unido a cuenta del tan citado proceso irlandés. Este episodio es el enésimo que demuestra que el Gobierno socialista ha decidido prescindir de las instituciones y de las reglas básicas de la dinámica institucional que da fuerza a todo sistema democrático. No sólo se margina a la oposición popular- -legitimada para anunciar su desvinculación a todo acuerdo político con los terroristas y escaldada de la deslealtad continua de Rodríguez Zapatero con Rajoy- se confunde dolosamente a la opinión pública sobre la gravedad legal y política de la kale borroka y de la extorsión, y no sólo se acepta que el futuro político del País Vasco y de España se decida fuera de los Parlamentos, sino que también se despoja a la prerrogativa del indulto de todo sentido de equidad y excepcionalidad, para convertirla en un subterfugio de la amnistía, constitucionalmente prohibida. Sin embargo, las palabras de Buen- -quien, si habló de más, debe ser desautorizado; y si habló por mandato, S aún es más grave su mensaje- -encajan perfectamente en la dialéctica dominante de este proceso de negociación: Batasuna exige y el Gobierno y el PSOE responden con una obsequiosidad servil y desproporcionada a los méritos de los terroristas. Buen ha dicho lo que ETA y Batasuna querían empezar a oír. Traducido al lenguaje etarra, el dirigente socialista ha anunciado la solución a los presos necesaria para que el proceso avance, tal y como venía siendo reclamado por ETA en sus comunicados y por Batasuna en sus requerimientos habituales al PSOE. Y con éxito, según se ve, porque la ansiedad socialista por evitar lo que ETA llama el colapso del proceso empieza a causar estragos en el sentido común y en la dignidad política. Y así se ha pasado del acercamiento de presos etarras a, directamente, el indulto. Es decir, de cambiarlos de cárcel a sacarlos de la cárcel, y no con un simple cambio de grado penitenciario, sino con el perdón de la condena, que es lo que significa el indulto. Luego, el Gobierno no debería molestarse cuando se le reprocha que esté pagando precio político por adelantado. No sirve de gran cosa, salvo para alimentar el desorden moral que apresa al Gobierno en este proceso, establecer categorías entre delitos de sangre y los que no lo son. Para eso ya está la graduación de las penas, pero el indulto atiende a principios como la equidad y la justicia material, y de esto no andan acreedores los etarras. Distinguir entre los que tienen las manos manchadas de sangre y los que no las tienen es un ejercicio realmente arriesgado. Por ejemplo, ¿están limpias las manos de quienes hicieron seguimientos a Fernando Buesa o Miguel Ángel Blanco o de quienes facilitaron alojamiento a sus asesinos? Menos mal que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dejó claro y por escrito, en una carta dirigida a ABC, que los terroristas deberán depurar sus responsabilidades penales. Y esto supone no conceder indultos. AGUA, EL ORO DEL SIGLO XXI AS reservas hidráulicas españolas reflejan los niveles más bajos sobre la capacidad embalsable desde que hay registros. Al mismo tiempo la demanda de agua es la más elevada de la historia y seguirá aumentando en el futuro inmediato si la sociedad española aspira a crecer y a una vida más confortable. El agua ya no es aquel bien libre y abundante del que hablaban los economistas clásicos, por el contrario es un bien cada vez más escaso y más valioso. No se trata de un problema español, es un problema estrechamente vinculado al desarrollo, que constituye un obstáculo al mismo, especialmente para los países más atrasados. El informe que ayer recogía ABC, elaborado por WWW Adena, es elocuente cuando destaca que el desarrollo y la riqueza no se traducen en abundancia de agua. La escasez es crónica y creciente y reclama medidas urgentes para preservar los recursos disponibles y para racionalizar y optimizar los usos de tan valioso bien natural. Hay muchos factores sustanciales que producen este problema de escasez. Primero el crecimiento de la población y el desarrollo económico que imponen incrementos constantes de la demanda. Pero también inciden acontecimientos ligados a los ciclos climáticos y esa creciente sequía crónica en no pocas zonas del planeta, entre ellas el arco mediterráneo. L Para la sociedad y la economía españolas la disponibilidad de agua es un factor esencial, limitativo del crecimiento y al que no se otorga ni la atención ni la importancia debida. Ese dato de unas reservas hidráulicas en mínimos debería hacer sonar las alarmas en todas las administraciones para poner en práctica medidas y políticas preventivas y correctoras. No es eso lo que ocurre. El agua es, desgraciadamente, materia de confrontación partidista y caldo de cultivo para la demagogia. La confrontación regional (Aragón y Cataluña versus Valencia y Murcia) con el agua como excusa es un ejemplo de lo que no debería ocurrir. El Gobierno actual tiró por la borda la política del anterior, también perfeccionable pero, al menos, inscrita en el principio de la solidaridad. El PSOE eliminó, de manera irresponsable, el trasvase del Ebro, cada día más añorado. Según avanza la sequía, se van vaciando los pantanos mientras miles de hectómetros se pierden en el Mediterráneo. ¿Y las desaladoras? La escasez de agua reclama un acercamiento económico riguroso (política de precios) al problema, simultáneo a políticas de aprovechamiento de los recursos disponibles. El problema, en cantidad y en calidad, será cada día más apremiante y requerirá más atención y más recursos. Cuanto antes se convengan las mejores políticas, menos costosa será su aplicación. ÁS allá del debate sobre la existencia o no de una trama organizada, planteada con un enfoque partidista, surge ahora en Galicia la discrepancia sobre la cuantía de los daños ocasionados por el fuego. Mientras que el PP, que cita informes independientes, duplica el número de hectáreas afectadas que reconoce la Xunta, la propia Unión Europea- -ajena a las querellas internas de los partidos españoles- -ofrece significativamente una cifra que supera en cerca de 10.000 la admitida por el Gobierno autonómico (77.000 hectáreas) Desde el Prestige en adelante, la opinión pública contempla con perplejidad cómo los accidentes y catástrofes naturales son objeto de una permanente utilización política. En este caso, la Administración gallega tira a la baja a la hora de evaluar los daños causados por la tragedia que todos los veranos arrasa los montes de aquella parte de España. Tal vez se trate de evitar la comparación con épocas anteriores, que le resulta muy perjudicial, puesto que en la larga etapa de Manuel Fraga se obtuvieron resultados razonablemente positivos. Todo se traduce, pues, en acusaciones al adversario, sin que ni Pérez Touriño ni sus consejeros hayan ofrecido explicaciones convincentes sobre las purgas realizadas entre los encargados de las brigadas forestales o el insólito requisito de conocer la lengua gallega para participar en ellas. La polémica sobre las cifras de hectáreas quemadas invita a pensar que la Xunta ha decidido desviar la atención sobre el problema de fondo y que pase a segundo plano el debate sobre su ineficacia patente para organizar este aspecto fundamental de las competencias autonómicas. Peor aún es el repliegue táctico de Pérez Touriño, que dejó en manos de su consejero del Medio Rural, del BNG, el primer anuncio oficial de la superficie quemada. Los gallegos van a encajar mal el juego del escondite que se trae su presidente en una auténtica emergencia autonómica. Galicia no es la única región en la que se dan condiciones propicias para los incendios forestales. Sin embargo, las diferencias son abrumadoras año tras año. Incluso si se acepta la estadística oficial de la Xunta, estamos hablando de una cantidad cinco veces superior a la que se quemó el pasado agosto en Guadalajara (con el agravante en este último caso de que se perdieron más vidas humanas) La catástrofe sin precedente de los montes gallegos exige la asunción de responsabilidades políticas por el Ejecutivo autonómico, sin que sea aceptable que el presidente o el consejero competente se parapeten bajo una guerra de cifras o de acusaciones no probadas. Tampoco la ministra Narbona ha salido bien parada de una crisis en la que ha prodigado más las frases ambiguas o directamente desafortunadas que la dirección eficaz de los servicios que tiene a su cargo. De nuevo ha quedado de relieve de forma patente la necesidad de cooperación institucional entre el Estado y las comunidades autónomas. No se trata sólo de la buena voluntad o de la solidaridad- -que nunca falta- sino de que el modelo territorial vigente no puede funcionar a base de compartimentos estancos.