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16 Nacional MIÉRCOLES 16 8 2006 ABC El PP llevará también ante el TC la ley catalana de profesiones tituladas Denuncia su claro afán intervencionista, que vulnera la regulación estatal b La Generalitat podrá definir las Historiadores reivindican la tradición liberal del nacionalismo español b Los catedráticos Andrés de Blas y Antonio Morales señalan que el secuestro de la idea de España por Franco ha alimentado a los nacionalismos periféricos ABC SANTANDER. Historiadores y catedráticos de Teoría del Estado comenzaron ayer los debates del seminario que, con el patrocinio de la Fundación Vocento, pretende reivindicar la tradición liberal democrática que guió el nacionalismo español desde las Cortes de Cádiz hasta la Guerra Civil, despojándola de la variante reaccionaria que inspiró al nacional- catolicismo Andrés de Blas, catedrático de Teoría del Estado de la UNED, y Antonio Morales, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad Carlos III de Madrid, coincidieron en la existencia de esa tradición, no sólo liberal y democrática, sino también integradora de las singularidades de parte de los territorios españoles Aunque su origen lo situaron a comienzos del siglo XIX, De Blas explicó que se fue diluyendo tras la Guerra Civil por el secuestro de la idea de España que practicó Franco. De Blas y Morales señalaron que esa identificación del nacionalismo español con las posiciones reaccionarias ha alimentado a los nacionalismos periféricos y defendieron que la afirmación de un nacionalismo liberal democrático es una vía de suavización de las tensiones nacionalistas actividades tituladas, imponer el deber de residencia, crear nuevos Colegios Profesionales y establecer un régimen sancionador CRISTINA DE LA HOZ MADRID. La presentación el pasado 31 de julio del recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña de la mano del PP forma parte de una ofensiva jurídica mucho más amplia que aún no ha vivido su último capítulo. Los populares añadirán a ese recurso una nueva visita a la sede del Tribunal Constitucional para depositar en el mes de septiembre sus objeciones a la ley catalana de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de los Colegios Profesionales, aprobada el 18 de mayo en la Cámara autonómica con la fuerte oposición del PP de Cataluña, que presentó una enmienda de totalidad al texto y 68 enmiendas al articulado. Cabe recordar, en este sentido, que también el Consejo Consultivo de la Generalitat encontró en dicha ley siete motivos de inconstitucionalidad. En principio, esta iniciativa legislativa no debería haberse aprobado hasta que el nuevo Estatuto no hubiera entrado en vigor- -el 9 de agosto- -puesto que es precisamente el texto estatutario el que otorga a la Generalitat la competencia exclusiva sobre el ejercicio de las profesiones tituladas y los colegios profesionales- -que afecta a amplísimos sectores como médicos, abogados, veterinarios, economistas, arquitectos... A juicio de los populares, y motivo por el cual llevarán esta ley al Tribunal Constitucional, se trata de una iniciativa con un claro afán intervencionista, que vulnera la regulación estatal sobre la materia según un documento que manejan en la sede del primer partido de la oposición y al que ha tenido acceso ABC. Trillo y Sáenz de Santamaria, con el recurso contra el Estatuto ante el TC fesionales. Durante su último encuentro, el pasado 13 de abril, el presidente de la Unión Profesional y, también, del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, defendió la necesidad de contar con una ley de Bases que regule adecuadamente la posición y competencias territoriales de las estructuras colegiales C. BARROSO Deber de residencia Ya entonces Carnicer expresó su preocupación por la ley catalana, que aún estaba en fase de elaboración, por considerar que el proyecto tenía implicaciones rupturistas e intervencionistas Frente a estas intenciones, Carnicer defendió que la ley de Bases pondría fin al caos legislativo actual, que dificulta enormemente la homologación comunitaria de las funciones profesionales y que constituye un indu- Materia exclusiva del Estado Así, aducen que la ley catalana define lo que se entiende por profesión titulada, lo que únicamente puede corresponder al Estado en consonancia con sus competencias sobre las condiciones de obtención de títulos académicos que posibiliten y permitan su ejercicio Además, con esta legislación se habilita que la Generalitat pueda imponer por decreto la creación de nuevos colegios profesionales así como establecer la colegiación obligatoria, materia que, según recuerdan los populares, sólo corresponde al Estado. Este es un capítulo que el PP ha analizado de manera especial, lo que explica las distintas reuniones que el líder del PP, Mariano Rajoy, ha mantenido con miembros de la Unión Profesional (UP) que representa a los colegios pro- El PP advierte de que se abre la puerta a la ruptura de la colegiación única para toda España La Unión de Profesionales reclama una ley de Bases para ordenar el caos legislativo actual dable freno a la productividad y a la competitividad En su recurso ante el Constitucional, el PP expondrá asimismo que la nueva ley abre la puerta a la ruptura de la colegiación única para todo el territorio español al permitir que pueda exigirse el deber de residencia para la prestación de los servicios profesionales, aspecto éste que no prevé la legislación estatal. Otras críticas que el PP vierte sobre el texto se refieren a la imposición del deber de comunicación de las actuaciones profesionales fuera del territorio de la colegiación, esto es, de Cataluña; la fijación de un régimen sancionador completo, con lo que rompe- -objetan- -con el régimen común para todos los profesionales en el territorio nacional y, por último, entienden que desconfigura la existencia de los Consejos Generales de los Colegios Profesionales. El PP ya criticó en su momento, -y luego en el recurso ante del TC contra el texto completo del Estatuto- -las nuevas facultades reconocidas a la Generalitat catalana en esta materia por entender que vulneran las competencias del Estado y que, por tanto, es inconstitucional. También subrayan en su estudio que se rompe la unidad de mercado ya que un diferente régimen jurídico de los profesionales supone límites a la libre circulación de trabajadores, además de imponer requisitos que actúen como freno al desarrollo de la profesión en todo el territorio Patrimonio de derecha e izquierda Los dos catedráticos defendieron asimismo que esa tradición liberal es patrimonio tanto de la derecha como de la izquierda. Así, Morales destacó que la actual derecha española se ha mantenido plenamente fiel al modelo constitucional desde la Transición y, aunque practique una afirmación de españolidad más rotunda que otras tendencias políticas, no se la puede confundir con aquella derecha tradicional que defendía un nacionalismo excluyente El mérito de la derecha española actual ha sido conectar con la tradición liberal, saltando por encima del paréntesis franquista apostilló De Blas. Morales añadió que la izquierda que vivió el exilio siempre tuvo claro que España era España Sin embargo, según precisó De Blas, al comienzo de la Transición, la izquierda aceptó el secuestro de la idea de España por el franquismo para empeñarse en una alianza con los nacionalismos periféricos con excepción- -dijo- -del primer Gobierno de Felipe González.