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4 Opinión LUNES 14 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ¿DÓNDE VA EL DINERO DE LA RECALIFICACIÓN? D ALTO EL FUEGO EN EL LÍBANO partir de hoy a las siete de la mañana no habrá, por primera vez desde hace un mes, nuevos muertos ni heridos en el conflicto que mantienen Israel y Hizbolá. Esta es, sin duda, la mejor noticia. Los bombardeos y los tiroteos cesarán a un lado y otro de la frontera, pero los ecos de los mismos siguen retumbando en los oídos de los contendientes. Todo está demasiado reciente, incluso la esperanza, que todavía no ha sido interiorizada plenamente y será difícil que termine de hacerlo pues no hay demasiadas razones sólidas para augurar un final medianamente feliz a esta penosa historia que ha dejado tras de sí un millar de víctimas mortales. El alto el fuego ha dado comienzo y la resolución 1701 del Consejo de Seguridad entra en vigor 72 horas después de que fuese aprobada a instancias de los EE. UU. y Francia, la paz es posible. Es un respiro, tanto porque se interrumpe la tragedia humana que acompañaba el choque entre el Ejército israelí y los terroristas de Hizbolá como porque, después de 33 días de continuo batallar, se ha logrado enfriar la alarmante temperatura política que empezaba a alcanzar Oriente Próximo, evitando así que la crisis libanesa se convirtiera en un seísmo que pudiera extenderse sobre el conjunto de la región. Con todo, es difícil saber cómo evolucionarán los acontecimientos en los próximos días. De hecho, nadie puede emitir un pronóstico a medio o largo plazo. Cualquier conjetura al respecto es posible. Las heridas están ulceradas después del choque y, lo que es peor, no hay visos de que se despejen por ahora las grandes incógnitas que gravitan sobre la estabilidad del Líbano: quién desarmará definitivamente a Hizbolá y cómo logrará el primer ministro libanés, Fuad Siniora, restablecer la autoridad de su gobierno sobre el territorio que controlan los terroristas chiíes. Por lo pronto, la resolución 1701 pasa por enci- A ma de estas cuestiones, así como sobre la forma en que se hará efectivo el compromiso de liberación de los dos soldados israelíes secuestrados. En este sentido, el despliegue de 15.000 cascos azules en la zona que al sur del río Litani ocupa Israel tiene por objeto actuar como fuerza de interposición, no colaborar con el Ejército libanés en el desmantelamiento de las milicias de Hizbolá. De ahí que haya que celebrar el esfuerzo de Tel Aviv para que prosperase la resolución. No era fácil que el Gobierno encabezado por Ehmud Olmert superase sus reticencias a la propuesta de alto el fuego. En cualquier caso, estamos tan sólo ante un primer eslabón dentro de una cadena de acciones que habrá que ir adoptando sucesivamente en el seno del Consejo de Seguridad y que tienen como principal protagonista al secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Sin nuevas inhibiciones, recae sobre la ONU y quien la encabeza la responsabilidad de lograr que todos los actores comprometidos de un modo u otro en el conflicto se impliquen plenamente en la consecución del alto el fuego, a lo que se añade una labor aún más complicada: reunir el contingente que nutrirá el dispositivo militar acordado por el Consejo de Seguridad. España tiene aquí una oportunidad para enmendar la torpeza inicial con la que nuestro Gobierno evaluó el conflicto. El envío de un contingente español permitiría no sólo paliar los efectos de la incontinencia antiisraelí del presidente Rodríguez Zapatero, sino, sobre todo, sentar las bases para una acción diplomática de calado que reactive la debilitada presencia de nuestro país en la región. De este modo, España recuperaría parte del crédito perdido en su imagen y, lo que es más importante, contribuiría directamente a hacer posible lo que hoy sólo es un quimera: la paz en el Líbano y con ella en todo Oriente Próximo. LA REAPARICIÓN DE CASTRO TRA vez ha puesto a medio mundo a hacer especulaciones con su salud. Fidel Castro ha celebrado a su manera el día de su 80 cumpleaños volviendo a ocupar las primeras páginas de medio mundo con una fotografía vestido en chándal y asido a un teléfono o mostrando un periódico, el símbolo con el que aún en estas circunstancias y después de haber cedido formalmente el poder a su hermano, pretende decirles a todos sus súbditos que sigue al mando. La enigmática admonición: Estén preparados para una posible noticia adversa es un reflejo de esa perversa obsesión por controlarlo todo, su propia muerte tal vez y hasta cómo debe ser sentida por los cubanos. El hecho es que Castro está mal, tiene una edad en la que cualquier complicación de salud puede tener consecuencias imprevisibles y el proceso postoperatorio sigue abierto a todas las conjeturas. Como todos, el dictador está sometido a las leyes inexorables de la naturaleza, digan lo que digan sus enfervorizados seguidores, Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Tomas Borge y un afortunadamente modesto etcétera de dinosaurios ideológicos que han celebrado esta reaparición fotográfica como si se tratase de una especie de resurrección milagrosa, poco más o menos queriendo creer que si superase este trance quirúrgico, aún podría vivir otros 80 años. La mejor prueba de que ni en estas circunstancias tan comprometidas el régimen ha bajado la guardia es que sigue teniendo a sus súbditos en vilo sobre las circunstancias O exactas de su convalecencia, con el impresentable argumento de que se trata de un secreto de Estado Desde hace dos semanas, los cubanos no tienen derecho ni a conocer qué le sucede exactamente a quien les ha gobernado durante los últimos 47 años y sigue sin saberse a ciencia cierta a qué se dedica su hermano Raúl, a quien formalmente le han sido atribuidos los poderes para el manejo de los asuntos corrientes del país y quien ha permanecido escondido hasta ayer mismo. Tal vez a los dos hermanos les haga mucha gracia pensar que con esta política de eclipses y reapariciones tienen ocupados a los analistas de los servicios secretos norteamericanos o que así alimentan la frustración de los exiliados de La Florida. Pero lo hacen pasando por encima del respeto que le deben a los propios cubanos a los que gobiernan. Como siempre han hecho, por otra parte. Es muy probable que ésta no sea la última de las apariciones estelares del dictador antes de que seamos informados sobre su situación real y la de su hermano, pero ninguna de estas cuidadosas puestas en escena cambiará el destino que los tiempos tienen reservado para Cuba y los cubanos. Nada de lo que haga ahora Fidel Castro o su entorno de incondicionales podrá evitar que los aires de la libertad y la democracia acaben por soplar en toda la Isla, barriendo el recuerdo de un régimen que se ha fundamentado en la voluntad y la figura de un solo hombre. Ni la fotografía que mostraron ayer ni ninguna otra podrán detener la evolución de Cuba hacia la libertad. ESDE hace décadas todo nuevo gobierno se compromete a reformar la financiación local, a dar más protagonismo a los ayuntamientos en el gasto público, con un razonable grado de corresponsabilidad fiscal. Ninguno lo cumple. También suelen anunciar reformas en la normativa urbanística y de suelo que libere a los ayuntamientos de compromisos desmesurados en esa materia, que, antes o después, son fuente y causa de las más variadas formas de corrupción. Tampoco éste ha sido un objetivo materializado. En la conciencia de los ciudadanos y en la opinión habitual se ha instalado la idea de que la gestión urbanística es una fuente de financiación imprescindible de los ayuntamientos para poder atender sus necesidades. Los datos no ratifican esa tesis. Según cifras oficiales de la última década que hoy publica ABC, los ingresos municipales procedentes de recalificaciones urbanísticas apenas alcanzan el 2 por ciento del gasto total de los municipios, poco más de la mitad de lo que obtienen por licencias de obra y tasas sobre reformas y construcciones, o de lo que aporta el impuesto sobre vehículos. Es cierto que permutas y recalificaciones propician a los ayuntamientos otro tipo de ventajas y rendimientos que son importantes para la política municipal, pero la gestión urbanística no figura entre las principales fuentes de ingresos y de financiación. El caso Marbella ha puesto sobre el mesa los despropósitos urbanísticos a los que puede llegar un Ayuntamiento decidido a hacer caso omiso de la legalidad y de las normas. Que durante tantos años el Ayuntamiento marbellí se haya regido en beneficio de sus sucesivos gestores con un sistema corrupto generalizado, coloca en el primer plano el riesgo de abuso. ¿Es Marbella un caso excepcional? Lo que allí ha ocurrido, ¿es extensible a otros ayuntamientos? Otros casos de desarrollo urbanístico excepcional (como el de Seseña, que ahora está en cuestión) inciden en este debate y ponen de relieve que el viejo tema de la financiación y las competencias municipales sigue pendiente y que una democracia que merezca ese nombre debe despejar incertidumbres en esta materia. A todas las fuerzas políticas y especialmente a los ayuntamientos y al Gobierno corresponde hacer un ejercicio de transparencia y de pedagogía para trasladar al ciudadano seguridad y confianza. La extensión de una sospecha imprecisa de chapuza y de corrupción en la gestión urbanística municipal debe evitarse y para ello hay que revisar la normativa y las prácticas habituales de muchos ayuntamientos. Los últimos años han sido desbordantes (de hecho la racha continúa) en materia de urbanismo y de edificación, y las actuaciones municipales en ese ámbito no han sido tan afortunadas como hubiera sido deseable. Tras el caso Marbella se impone una rectificación generalizada y la propuesta de nuevas exigencias y de dar más explicaciones a los ciudadanos.