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4 Opinión DOMINGO 13 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil JUGANDO AL ESCONDITE CON LA LEY F UN GOBIERNO INCAPAZ EN LA NUEVA ESPAÑA RESIDUAL A efímera visita de Rodríguez Zapatero a Galicia no ha neutralizado la pérdida de crédito de su Gobierno tras la incompetente respuesta de las administraciones públicas a la marea de incendios que están asolando las tierras gallegas. No todo, sin duda, es responsabilidad del Ejecutivo central, pero tenía razón Mariano Rajoy cuando reclamaba un liderazgo para afrontar estas situaciones catastróficas. Ese liderazgo no existe, fundamentalmente porque Zapatero, reiniciadas sus vacaciones, no ha querido asumirlo. Sin toma de decisiones políticas, ni creación de equipos de crisis, ni convocatoria extraordinaria del Consejo de Ministros- -que sí se convocó de domingo para lunes con el único fin de aprobar a toda prisa la reforma del Consejo General del Poder Judicial- el Ejecutivo socialista ha demostrado una vez más su incapacidad para gestionar con eficacia y confianza estados de crisis o de alarma colectiva. No hay, en este momento, un frente de la acción política del Gobierno en el que no se confirme lo que ha sido su signo distintivo: promesas en cascada, leyes de propaganda y resultados nulos. No fue suficiente la tragedia de Riba de Saelices el pasado año, con once muertos. Los incendios de Galicia han vuelto a coger al Estado- -eso que ya Maragall, con soez sinceridad, califica de residual en Cataluña- -sin una capacidad de respuesta que ya no se puede disculpar con excusas como las altas temperaturas, la falta de lluvias o la acción de pirómanos. Si en algo no se puede exonerar a ninguna administración pública es en la prevención de incendios en Galicia. Pero la pauta de encadenar promesas electoralistas, proclamas de firmeza y anuncios propagandísticos es la misma en otros muchos problemas nacionales. La inmigración, la sequía, la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres o el mismo proceso de fin del terrorismo retratan a un Gobierno que dice a la opinión pública lo que ésta quiere oír, pero luego es incapaz de llevar a la práctica una política sostenida, coherente y decidida para lograr los resultados L prometidos. A todo esto se une la tendencia del Gobierno a generar grandes expectativas a cargo de sus promesas y luego endosar a otros las causas de sus fracasos. Se dijo que habría agua para todos a pesar de la derogación parcial del Plan Hidrológico Nacional, que las mujeres maltratadas estarían protegidas- -ya son cuarenta y cinco las muertas por sus parejas- que se acabó la inmigración ilegal gracias a la regularización masiva y que la paz no se haría a costa del Estado de Derecho. Dos años después, esas promesas no resisten la más mínima auditoría con la situación actual de los problemas a los que se referían, lo que afecta no sólo al propio Gobierno y al PSOE, sino también a esa izquierda cultural y social que tan servilmente actuó de amplificador callejero de las movilizaciones contra el Gobierno de Aznar y que ahora, ante similares problemas, pero mucho más agravados, callan y exhiben el sectarismo que le movió entonces y que le ha hecho desaparecer de la actualidad. Si la incompetencia de este Gobierno- -realmente inédita- -resulta alarmante, más lo es que se sustraiga sistemáticamente a las reglas del control democrático, evitando que sus ministros comparezcan puntualmente ante la opinión pública en sede parlamentaria para dar cuenta de sus gestiones. O mutilando sus comparecencias, con un perfil suficientemente bajo para cubrir el expediente. A ello contribuye, de forma eficaz, el desistimiento de la mayoría de los partidos minoritarios a sus responsabilidades parlamentarias, salvo para aprovechar cada coyuntura en beneficio de sus demandas nacionalistas, como el caso de la ocupación ilegal de las pistas de El Prat. En lo demás, el consorcio de poder formado por el socialismo con los nacionalismos ha reducido hasta lo simbólico la función de control sobre el Gobierno que la Constitución atribuye al Parlamento. Por eso es más necesaria que nunca una oposición con capacidad de presencia y comunicación, tanto como una opinión pública que eleve el listón de la exigencia a un Gobierno realmente ineficaz UNA CONCIENCIA ABRUMADA ÜNTER Grass, uno de los iconos intelectuales de la izquierda europea, ha confesado su pertenencia juvenil a las SS, es decir, a la organización vinculada con el sector más duro y sanguinario del régimen nacionalsocialista. El premio Nobel de Literatura descarga así su conciencia después de haber ocultado pudorosamente esa etapa poco afortunada de su biografía, presentada hasta ahora como una participación auxiliar en la fase final de la Segunda Guerra Mundial. Hay que preguntarse por qué Grass ha tardado tanto en confesar un episodio que sólo puede ser valorado en el contexto de la convulsa historia de Alemania y que, si no conlleva la intervención dolosa en actos criminales, bien puede considerarse superado por el transcurso de más de sesenta años. Muchos alemanes de toda suerte y condición- -incluido el Papa Joseph Ratzinger- -se vieron arrastrados por las circunstancias excepcionales de un país gobernado por una elite enloquecida, capaz de cualquier desvarío contra la más elemental dignidad humana. Individual y colectivamente, aquella gran nación ha sabido ganar la batalla moral contra la perversión plasmada en los campos de concentración y los hornos crematorios. G El autor de El tambor de hojalata (novela publicada en 1959 que también contribuyó a la superación del pasado) ha sido víctima de una ilusión que la izquierda nunca consigue vencer: el deseo de imponer un orden político- económico que haga perfectos a los seres humanos, olvidando su naturaleza falible y limitada. Frente a la democracia, la economía de mercado y la sociedad abierta, surgen ideologías totalitarias que- -aunque opuestas entre sí- -comparten sin duda ese odio a la burguesía que algunos historiadores consideran como esencia conjunta del nazismo y el comunismo. El joven Grass quiso explorar un territorio inédito, aunque a esas alturas de la guerra ya se sabía casi todo. Cayó así en una profunda sima moral que ha llenado de culpa y vergüenza su vida de prestigioso literato. Tal vez esta confesión tardía ayude a comprender que la historia no es un juego de buenos y malos. Reabrir la memoria colectiva conduce a sorpresas para todo los gustos. Cuando Grass explica sus razones (huir de las estrecheces de su entorno) apela a esa experiencia irrepetible de una vida humana que debe ser juzgada con benevolencia y no con dogmatismo. INALMENTE, habrá hoy, en San Sebastián, manifestación del entramado de la izquierda abertzale reclamando el derecho de autodeterminación para el País Vasco. El juez Garzón no ha hallado indicios de que esta nueva convocatoria esté relacionada con Batasuna y por eso la ha autorizado, con las prevenciones de rigor sobre la presencia de lemas o signos de organizaciones terroristas o ilegales, como ETA y Batasuna. Sin pruebas de ilicitud no se puede prohibir una manifestación. Es un imperativo del principio de legalidad y del Estado democrático y, por tanto, habrá de darse a la decisión del juez Garzón el margen de crédito que siempre ha de recibir un Tribunal de Justicia en un régimen que confía a la ley el combate contra el terrorismo. No obstante, en términos políticos, es indudable que esta manifestación, como la que se desconvocó inicialmente, está incardinada en la estrategia general de movilización de la izquierda proetarra a favor de la autodeterminación, como un nuevo factor de presión al Gobierno y al PSOE en el proceso de negociación con los terroristas. La aparición discontinua de los dirigentes de Batasuna- -con el locuaz Pernando Barrena a la cabeza- adhiriéndose y desvinculándose, sin solución de continuidad, a las sucesivas convocatorias, demuestra que estos actos responden a la conveniencia táctica del entramado etarra. Simplemente ha sucedido que al análisis de oportunidad política, la izquierda proetarra ha sumado los beneficios de un Estado de Derecho que, por serlo, no puede pasar por alto las condiciones que se impone a sí mismo para cohonestarse con el Estado democrático. Dicho esto, es preciso que nadie se crea lo que no es y menos aún que tome por tontos a los españoles. La manifestación de hoy es un acto que responde a los designios de ETA. Que no haya indicios suficientes para aplicar la ley en este caso no quiere decir que la realidad política del País Vasco haya cambiado hasta el extremo de pensar que el entramado batasuno- -matriz de este acto- -se ha emancipado de ETA. Por eso resulta irresponsable que la dirección del socialismo vasco se complazca en este tipo de actos, porque nada bueno puede derivarse de la movilización de la izquierda proetarra para mantener exigencias que, teóricamente, son inadmisibles, como el derecho de autodeterminación. Lo grave es que al mismo tiempo que ETA y sus franquicias no han retrocedido un milímetro en sus exigencias- -lo que algún sagaz hermeneuta llamaba consumo interno de los terroristas- el Gobierno socialista hace retroceder al Estado de Derecho, con el impagable servicio de la Fiscalía General del Estado, y se empeña en confundir a la sociedad española sobre la posibilidad real de algo tan inverosímil como negociar con los terroristas su propio desaparición.