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4 Opinión JUEVES 10 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil FRACASO, MUY COSTOSO, EN LA OMC L BATASUNA MARCA EL RUMBO UNQUE se desconvoca formalmente la manifestación del domingo en San Sebastián, el portavoz de Batasuna anuncia que habrá movilización en defensa de la autodeterminación. Esta maniobra desvela la falacia jurídica que permitió la convocatoria a través de persona interpuesta y que sólo podía engañar a quien estaba dispuesto a dejarse engañar: el Ejecutivo vasco, que autorizó la marcha con argumentos puramente formalistas, y el PSE, capaz de asumir con pastueña mansedumbre el ejercicio de un derecho constitucional por una formación ilegalizada. Por su parte, el Gobierno ha preferido mirar para otro lado, mientras la Fiscalía General del Estado ha mostrado de nuevo sumisión a los criterios políticos en lugar de cumplir con estricto rigor jurídico la función que le corresponde en defensa de la legalidad vulnerada. No es la primera vez y, por desgracia, es fácil prever que tampoco será la última. Acertó de lleno, en cambio, el juez Baltasar Garzón al citar a dirigentes de Batasuna por asumir el protagonismo del anuncio de la marcha, en cuyo cartel figuraba incluso el anagrama de la coalición. La citación de los cabecillas y del propio convocante ha obrado un efecto fulminante en términos jurídicos, al desvelar el evidente fraude de ley: se estaba utilizando una norma de cobertura para conseguir un resultado prohibido por el ordenamiento. En el plano político, sin embargo, los batasunos demuestran que continúan marcando el rumbo de los acontecimientos. No sólo están dispuestos a tomar las calles de la capital donostiarra, sino que plantean un objetivo- -el derecho de autodeterminación- -que sus portavoces han vinculado sin escrúpulos con el proceso iniciado tras la declaración del alto el fuego de ETA. La sensación de impunidad con que actúa este comando político es una pésima noticia para el Estado de Derecho, cuyos mecanismos tienen que seguir funcionando a pleno rendimiento A con independencia de cualquier concesión al contexto. La pasividad de Rodríguez Zapatero ante las maniobras turbias de un grupo fuera de la ley demuestra una debilidad inquietante. El presidente del Gobierno ha pedido discreción por activa y por pasiva, reprochando al PP sus expresiones públicas de discrepancia. Sin embargo, sólo consigue que le obedezcan los suyos, incluidos los socialistas vascos, cuyo papel en el escenario resulta cada día más deslucido. Batasuna, por supuesto, grita cuando le parece y calla cuando le conviene. Ahora le interesa hacer ruido y demostrar que las cosas van por buen camino para ellos, a pesar de la insólita acusación a los jueces (antes a Grande- Marlaska y ahora a Garzón) de entorpecer el proceso negociador. En cambio, no parece que tengan motivo de queja respecto de Conde- Pumpido. La situación general favorece los planes de los radicales, con un Ejecutivo que se juega mucho en el largo periodo electoral que comienza de facto con el aperitivo de las catalanas, a principios del próximo curso y culminará- -si no hay adelanto por sorpresa- -con las generales en la primavera de 2008. Es evidente que Zapatero quiere rentabilizar la supuesta pacificación de cara a las urnas y ello condiciona su firmeza frente a los interlocutores. Ni siquiera se muestra capaz de jugar con habilidad las bazas negociadoras, porque se notan en exceso las prisas y el deseo de ir quemando etapas. En este caso concreto, alguien del máximo rango en el Gobierno o en el PSOE debería desmentir el vínculo entre alto el fuego y derecho de autodeterminación establecido de forma explícita por los abertzales. De lo contrario, los ciudadanos no se van a creer las declaraciones reiteradas sobre la inexistencia de un precio político y se quedarán más bien con la imagen de que Batasuna controla los tiempos y juega al chantaje con el Estado de Derecho: si no pueden ejercer el derecho de manifestación, están dispuestos a movilizarse al margen de la ley. LAS OTRAS LLAMAS DEL INCENDIO C LARAMENTE sobrepasado por la inmensidad del fuego y sus dramáticas consecuencias (no sólo ecológicas, sino también humanas, económicas e incluso sentimentales) el Gobierno trata de reaccionar para lavar la imagen de impotencia e ineficacia en un asunto que afecta gravemente a la seguridad ciudadana. Quizás tras ver al jefe de la oposición visitando la zona mientras él disfrutaba de su descanso en Canarias, Rodríguez Zapatero decidió finalmente acudir a Galicia. Lo hizo el mismo día que la ministra de Medio Ambiente, que desde luego no está mejorando la deficiente gestión de su departamento- -compartida con la Junta de Castilla- La Mancha- -en el voraz incendio que el año pasado se llevó por delante la vida de once agentes forestales y que arrasó decenas de miles de hectáreas en Guadalajara. Tras las primeras investigaciones policiales (que apuntan a otros grupos) Narbona dio marcha atrás en sus malévolas insinuaciones contra retenes despechados como posibles autores de los incendios. La falta de pruebas y de respeto a un colectivo que se está dejando la piel entre el fuego le deben haber hecho regresar a una actitud más responsable y sensata que la de criminalizar al tuntún, con un lenguaje de romanza de zarzuela, a los trabajadores. Pese a negar que la situación esté descontrolada- -como se ha hecho desde los Ejecutivos autonómico y central- lo cierto es que la virulencia de las llamas que azotan Galicia ha obligado a España a demandar ayuda a los Estados miem- bros de la UE a través de la Comisión. Concretamente se reclama el envío de tres aviones, cinco helicópteros y veinte camiones especiales para la lucha contra los incendios, según informó un portavoz comunitario. La petición se realiza después de que en la víspera la Comisión recordara a nuestro país que podía solicitar ayuda ¡seis días con los montes convertidos en pavesas y aún no se había hecho! y después de que el Ejecutivo no haya apoyado iniciativas del Parlamento Europeo contra los incendios, como la creación de la Fuerza Europea de Protección Civil. También ayer se supo que se pidió tarde auxilio a otras Comunidades Autónomas. La coordinación ha sido pues desastrosa. Cierto es que lo principal ahora es atajar la catástrofe, centrarse en la extinción total de las llamas y liberar a los gallegos de esa congoja que les atenaza desde hace ya una semana. También es primordial la labor policial para determinar la autoría de aquellos fuegos que tengan detrás la mano del hombre. Pero un año después, parece que el Gobierno ha aprendido muy poco del terrible suceso ocurrido en Guadalajara. De nuevo, la sociedad asiste atónita a cómo esta ola de destrucción de la naturaleza (y de la vida humana) acude puntual a su cita sin que los poderes públicos hayan sido capaces de articular una respuesta rápida y eficaz. Además de una estela de devastación, el trágico verano de 2006 dejará otras llamas también inextingibles en el terreno de la responsabilidad política. A ronda de Doha, que define el futuro de la Organización Mundial del Comercio y del proceso de liberalización en las transacciones internacionales, no avanza; de hecho, ha fracasado. Las sesiones mantenidas a finales de julio para lograr un acuerdo de mínimos y para salvar la cara de la negociación no han dado resultados. Solo hay vencidos señalaba uno de los participantes en las negociaciones, una vez que el secretario general de la OMC, el francés Pascal Lamy, reconoció que no era posible dar un paso adelante y que prefería reconocer el fracaso y abrir un período sin plazos ni fechas para la reflexión, hasta que sea posible otra negociación con mayores garantías. El fracaso de la OMC es un síntoma más de las dificultades para alcanzar acuerdos multilaterales en cualquier ámbito. Ni en Naciones Unidas ni en los demás organismos multilaterales se consiguen acuerdos y avances en el cumplimiento de sus objetivos. Sea por déficit de liderazgo internacional, sea por incompetencia de los responsables, lo cierto es que el desmontaje de los obstáculos al comercio no prospera. En las actuales negociaciones el fiasco es generalizado. Todos han amagado con concesiones para alcanzar un acuerdo, pero a la postre ninguno ha dado pasos decisivos en ese sentido o no ha convencido a los demás de qué los iba a dar. Europeos y norteamericanos sugirieron que retirarían sus programas de subsidios directos a favor de su costosa agricultura o a las exportaciones de sus excedentes agrarios, pero sin un grado de concreción suficiente como para animar a otros países menos desarrollados pero relevantes en el comercio (Brasil, China, India... a aceptar un mayor desarme arancelario. El mejor resumen es el del fracaso colectivo, porque de la esterilidad de estas negociaciones no sale nadie favorecido. Todos son conscientes de que con las actuales barreras comerciales, menores de las existentes hace una década pero mayores de las deseables y recomendables, pierde el comercio internacional, se reduce el volumen de intercambios y también las oportunidades para los consumidores. Así no se abre espacio a la competencia y se da con la puerta en las narices a los países más pobres, que en economías más abiertas podrían aspirar a una porción en el comercio internacional con la que empezar a sustentar sus primeros pasos al desarrollo. La cumbre del G- 8 en San Petersburgo suponía una oportunidad para que los líderes mundiales hubieran hecho una indicación a sus equipos con el fin de que la OMC no fracasara, pero la agenda de problemas pendientes no propició esa oportunidad. Sin el impulso político de los responsables de los gobiernos, a los técnicos les queda un espacio insuficiente para abatir las barreras al comercio y resistir los embates de los grupos de presión, muy diligentes siempre a la hora de defender sus intereses inmediatos y aplazar medidas liberalizadoras.