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ABC MADRID 09-08-2006 página 4
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ABC MADRID 09-08-2006 página 4

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4 Opinión MIÉRCOLES 9 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PRESUPUESTOS Y ELECCIONES CATALANAS D IRRESPONSABLES PURGAS POLÍTICAS D ECÍA Churchill durante la II Guerra Mundial que las bombas no conocen los límites territoriales. Habría que añadir que el fuego tampoco entiende de lenguas, de competencias exclusivas ni de oportunismos políticos. Ayer informaba ABC sobre la decisión de Pérez Touriño de descabezar el departamento antiincendios de la Xunta dos meses después de llegar al poder. En concreto, fueron relevados siete de los ocho directivos de máximo nivel, los cuatro jefes provinciales y una docena de responsables de distrito, puestos que en algunos casos han estado vacantes hasta hace pocas semanas. Mientras Galicia arde por los cuatro costados, Touriño (al que le ha costado interrumpir sus vacaciones) tendrá que explicar la razón de unas purgas de carácter partidista que han apartado del mando operativo a personas muy expertas en la lucha contra el fuego. También es grave que se haya considerado el conocimiento de la lengua gallega como mérito relevante. Es un hecho que mueve a la hilaridad si no fuera por las trágicas consecuencias de un drama que ha costado ya tres vidas humanas, así como incontables daños a los recursos forestales. Tampoco el Ministerio que dirige Cristina Narbona está muy acertado en la gestión de la crisis y, en este sentido, es lógico que la oposición reclame la convocatoria de la diputación permanente del Congreso para exigir responsabilidades al Gobierno. Hasta hoy no ha aparecido por Galicia ni un ministro competente en la materia. ¿Recuerdan las denuncias de falta de reacción del Ejecutivo del PP tras el hundimiento del Prestige Es de suponer que también Touriño y su equipo darán cuenta de su actuación en la Cámara gallega aunque, pese a que siguen activos decenas de fuegos, el consejero del ramo dice que la situación está bajo control gracias a los múltiples medios personales y materiales. Es, sin duda, una visión en exceso optimista cuando resulta que han tenido que intervenir el Ejército, la Guardia Civil y los servicios correspondientes de otras Comunidades. Como es natural, no le va a faltar a Galicia la solidaridad de todos los españoles, pero queda claro que las aportaciones externas derivan de la insuficiencia de los recursos dispuestos por la Xunta. Hace dos semanas, los trabajadores del servicio antiincendios organizaron una protesta en la plaza del Obradoiro para denunciar la falta de medios para desempeñar su tarea. Por entonces, no había fuego. Ahora, con la comunidad ardiendo como una tea, comprobamos que su queja tenía fundamento. Todos los datos apuntan a la actividad voluntaria de pirómanos (alguno de ellos ya detenidos) que practican un auténtico terrorismo forestal, inspirados por diversos motivos que van desde la venganza o los conflictos vecinales, hasta los transtornos graves de la conducta. Todo ello sin que se descarte la existencia de grupos organizados, materia que investiga la Guardia Civil. Sobre Galicia se cierne un drama de consecuencias incalculables. Pero nadie debería llamarse a engaño. Los hechos se repiten un año tras otro y los poderes públicos tienen la obligación de contar con los medios adecuados y ponerlos a disposición de profesionales de alta experiencia y cualificación. Durante la larga etapa de Fraga se obtuvieron resultados razonablemente buenos. De ahí que el Ejecutivo socialnacionalista haya incurrido en una irresponsabilidad al dar preferencia a la fidelidad política o al conocimiento del gallego sobre la preparación técnica de los encargados de dirigir las operaciones. Una sociedad desarrollada sabe distinguir entre el nivel de la decisión política que corresponde a los representantes elegidos y el nivel técnico que es propio de los profesionales especializados. La confusión entre uno y otro ámbito refleja una concepción autoritaria del poder, basada en el deseo de premiar a los afines con puestos remunerados gracias al erario público. Es una actitud intolerable en un Estado de Derecho, cuyas consecuencias no se han hecho esperar: la Xunta es hoy más débil que antes para luchar contra el fuego que devora los bosques de esa parte de España. UNA OPORTUNIDAD PARA LA PAZ A determinación de las autoridades libanesas a enviar un contingente de quince mil soldados a la frontera con Israel es una idea valiente, que podría servir para desbloquear una situación insostenible. Se preservaría con ello la soberanía del país, cuyo deterioro institucional no interesa a nadie excepto a los extremistas y los terroristas islámicos, y se garantiza que las tropas de Hizbolá se retiren en primera instancia lo bastante lejos como para que dejen de ser una amenaza directa. Con estas premisas, garantizar la seguridad de Israel parece técnicamente posible. Hay que decir que una decisión como ésta habría sido mucho más útil hace un par de años, cuando la comunidad internacional urgía a las autoridades de Beirut para que cumpliesen la resolución 1.549 y asumiesen el control de la frontera, en lugar de dejar el campo libre a la milicia chií que se hace llamar partido de dios En las próximas horas tienen que encajar todas las piezas de este rompecabezas diplomático, entre lo que diga el Gabinete de Seguridad israelí, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas- -donde se debate la propuesta franco- norteamericana- y la probable nueva reunión de la Liga Árabe. Israel ha dicho que cuanto antes se puedan retirar, mejor. El primer ministro libanés, Fouad Siniora, exige que la retirada sea previa al despliegue de las tropas libanesas, un parámetro que se puede negociar para darle satisfacción. Europa está dispuesta a enviar una fuerza de interposición para apo- L yar al ejército libanés en estos delicados momentos y de manera que sirva para reforzar las garantías de seguridad que Israel reclama. Todo parece posible y está dentro de las prácticas internacionales. El único elemento que no responde a parámetros racionales es el grupo terrorista chií, que apadrina el régimen iraní, y cuya mejor contribución a la paz podría haber sido no haber iniciado este conflicto. La única posibilidad de encontrar una salida para esta guerra pasa por la desaparición de Hizbolá. Lo que hagan con estos grupos de hombres armados es cosa del Gobierno libanés, que podría incluso convertirlos en parte del ejército regular- -como mal menor, desde luego- -pero como grupo terrorista fuertemente armado que obedece las órdenes de Teherán y Damasco, no puede seguir existiendo. Si esto es o no una ventana de oportunidad para la paz, lo sabremos en las próximas horas. Ya es evidente que mientras dure el conflicto, las dos partes (Israel y Líbano) sólo pueden perder más de lo que han perdido hasta ahora. La solución militar no existe y si los israelíes quieren aprovechar su potencia militar para reforzar sus posiciones negociadoras harán un flaco favor a sus propios intereses. A Israel le conviene un Líbano estable y democrático porque por ese camino tarde o temprano se podrá entender con su vecino del norte. Tener una guerra cada quince años no es manera de construir un entorno de paz y estabilidad, que es lo que ambos países necesitan. ESDE la aprobación- -bajo mínimos- -del nuevo Estatuto, la política catalana es una fuente cotidiana de sorpresas. No es extraño, si se consideran las insólitas circunstancias que permitieron al texto salir adelante. De hecho, el pacto entre Zapatero y CiU le ha costado la carrera política a Pascual Maragall y ha roto el tripartito así como, en buena medida, la alianza del PSOE con Esquerra Republicana en el Congreso. Todo depende ahora de unas elecciones anticipadas con resultado incierto. La candidatura de José Montilla abre una etapa inédita en la historia del PSC. CiU estaba preparada para una larga travesía del desierto, pero se ha convertido otra vez en referente para la mayoría a nivel nacional y cuenta con serias opciones de recuperar la Generalitat. ERC no ha sabido rentabilizar su posición privilegiada: el radicalismo y la inmadurez política de sus dirigentes demuestran que es un aliado poco fiable. Al final unos y otros se han convertido en víctimas del oportunismo de Zapatero. El presidente se desdijo de su promesa inicial de apoyar el texto que aprobara el Parlamento catalán, cambió de aliados a mitad de camino y pretende ahora convencer a los ciudadanos de que una norma de muy dudosa constitucionalidad es la panacea para todos los males del modelo territorial. Se acumulan los despropósitos uno tras otro, mientras que los problemas que realmente importan a la gente están abandonados a su suerte y los políticos eluden sus responsabilidades pasadas y presentes, ya sea respecto del tres por ciento o del fiasco en el Carmelo. En este contexto, la coincidencia de las elecciones autonómicas con el debate de los presupuestos generales del Estado abre nuevas incógnitas. CiU tendrá que pisar el acelerador en su labor de oposición y no estará dispuesta a dar facilidades. La promesa de Zapatero de desarrollar cuanto antes el Estatuto para que el PSC obtenga rentabilidad electoral puede convertirse en papel mojado si el PSOE necesita del apoyo convergente en el Congreso. Téngase presente que las cuentas públicas para 2007 tienen una singular importancia política por tratarse de un año electoral a nivel autonómico y local. Un posible golpe de efecto sobre el aeropuerto de El Prat, aparcado durante el debate estatutario, vendría a complicar más las cosas. Si, como es probable, el resultado de las urnas catalanas exige un Ejecutivo de coalición, tanto ERC como CiU intentarán jugar la doble baza en Madrid y en Barcelona. Todo un campo para las complicidades y los guiños políticos que los ciudadanos contemplan con escepticismo y desinterés como se puso de manifiesto el día del referéndum. Lo peor de todo sería que la gestión de los asuntos públicos quedara paralizada de nuevo y se perdiera otra legislatura en repartos estériles de poder entre los partidos políticos.

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