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4 Opinión MARTES 8 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA GUERRA QUE YA HAN PERDIDO TODOS O que los israelíes pensaban que sería un paseo militar de una semana, se está convirtiendo en una trampa en la que los tanques de su ejército se están enfangando sin remedio. Se lanzarán aún ataques aéreos, se responderá con las siniestras Katiushas pero tal como están las cosas, es muy poco probable que esta guerra tenga un final honorable para nadie. Como decía ayer en estas páginas el general libanés Michael Aoun, ya hemos comprobado que no hay salida militar en un conflicto entre una guerrilla y un Ejército. Hizbolá no puede eliminar al Ejército israelí, que a su vez no puede erradicar a Hizbolá. Resultado: son los civiles los que se ven afectados Además de no avanzar en el terreno militar, Israel está perdiendo la guerra en las páginas de los diarios y en las ondas de las televisiones de todo el mundo. Aunque oficialmente se sepa, ya nadie recuerda las razones por las que empezó esta guerra y si fue Hizbolá quien tiró la primera piedra o por qué. El manantial de desastres que llueve diariamente sobre los civiles libaneses y los israelíes limpia rápidamente la memoria de la opinión pública, que no ve más que una descarga de ira alimentada por la previa andanada enemiga y así sucesivamente, con el ejército más poderoso siempre señalado como el que debiera hacer prueba de contención y proporcionalidad. El sufrimiento de tantos inocentes debería ser un argumento lo bastante sólido para favorecer el camino de la negociación, pero por desgracia, con lo que estamos viendo se trata solo de la repetición del mismo mecanismo de odios encadenados que nos horroriza cotidianamente desde hace años en el caso de los palestinos, y que ahora se ha amplificado a una dimensión aun mayor, amenazando con salpicar más allá. Ni siquiera un acontecimiento saludado como algo histórico después de lo que ha pasado en los últimos años, el acuerdo entre Francia y Estados Unidos para intentar parar la guerra, tiene visos de que vaya a servir de algo. Israel pretende incluso endurecer sus amenazas militares para forzar a aceptarlo a los libaneses, pero después de lo que estos han tenido que ver estos 27 días de guerra, ¿qué más puede asustarlos? Los israelíes pueden amenazar con destruir los símbolos del Gobierno libanés y estarían preparando al país para un paso más en su desintegración, como el anticipo para una nueva guerra. Pueden amenazar a Siria, pero si cae la corrupta dinastía de los Assad sabemos que el poder lo tomarían los extremistas religiosos. Lo único que se ha demostrado desde la primera a la última de las guerras que se han sucedido en el Próximo Oriente es que no han servido para nada más que preparar el siguiente conflicto. No hay solución militar a ninguno de los problemas que emponzoñan la convivencia de los seres humanos en aquella región. L LA IMPUNIDAD DE BATASUNA E repite la historia de los últimos meses. Mientras Batasuna eleva sin complejos el tono de su discurso, el Gobierno y los socialistas vascos bajan la voz y miran para otro lado ante el temor de irritar a sus interlocutores en el proceso de negociación. En este contexto se inscriben las palabras de la vicepresidenta Fernández de la Vega, en el sentido de que el Ejecutivo no tiene nada que decir sobre la manifestación convocada el próximo domingo en San Sebastián, por lo que no solicitará a la Fiscalía que actúe en contra de la marcha proetarra. El argumento de que es el Gobierno vasco el que tiene competencias para prohibir la marcha, además de ser puramente formalista en términos jurídicos, apenas sirve para encubrir la intención de Zapatero de echar balones fuera. El caso es que una organización ilegal de naturaleza terrorista desea manifestarse para reclamar la autodeterminación al comienzo de la Semana Grande de la capital donostiarra y el Gobierno guarda un significativo silencio, a pesar de su obligación elemental de defender el Estado de derecho. El Ejecutivo tendría que instar ante los organismos jurisdiccionales competentes la anulación del acto del departamento de Interior vasco favorable a lo que el PSE llama pudorosamente respeto al derecho constitucional de manifestación. Si el presidente del Gobierno quiere resultar creíble cuando afirma que la negociación no conlleva un precio político, es evidente que tiene que desmentir- -de palabra y de hecho- -las declaraciones de los líderes batasunos cuando aseguran que el acto del domingo supone un nuevo impulso al proceso iniciado con el alto el fuego de ETA. No se puede vincular con mayor claridad el final de la violencia con la ruptura radical del modelo territorial vigente. El Gobierno vasco autoriza el acto, permitiendo el fraude de ley que supone una convocatoria realizada por persona interpuesta y se cura en salud al determi- S nar que no podrán exhibirse anagramas de partidos ilegales ni desarrollar actitudes que enaltezcan al terrorismo. Por su parte, el PSE- -tan firme cuando se trata de criticar al obispo de Vitoria- -actúa con notoria tibieza. El secretario general de los socialistas guipuzcoanos se limita a decir que la convocatoria no va a ayudar demasiado Esta opinión es fiel reflejo de la impotencia de un partido convertido en actor secundario del proceso dirigido desde la Moncloa. Tampoco López Garrido, portavoz socialista en el Congreso, tiene mucho que decir, y se limita a formular la obviedad de que el futuro de Batasuna como partido legal está en manos de los jueces. Lo cierto es que el PSOE intenta rebajar el perfil del asunto siguiendo las instrucciones de Zapatero, pero no parece que Batasuna tenga intención de acompañarle en este propósito. Por el contrario, los líderes de la formación ilegalizada actúan cada vez con mayor sensación de estar ganando la partida y se han propuesto transmitir a la opinión pública la imagen de que ellos controlan el proceso frente a un Gobierno tal vez maniatado por la necesidad de obtener réditos electorales de la supuesta pacificación. Cualquier avance en un proceso tan complejo requiere que continúen funcionando en su plenitud los mecanismos policiales y judiciales del Estado de derecho. La ley de partidos ha sido determinante para la fortaleza de la democracia contra el terrorismo y es imprescindible que se cumpla en todos sus términos. También en este caso, que exige una actuación rápida y efectiva del Gobierno y de la Fiscalía. No vale que los socialistas (que ya mostraron su incomodidad ante determinadas actuaciones del juez Grande Marlaska) pretendan ahora desentenderse de un asunto que exige una reacción proporcionada en cumplimiento de la ley y de la voluntad mayoritaria de los ciudadanos. EXCESO DE VELOCIDAD GENTES de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil empezaron ayer un dispositivo especial para controlar la velocidad de 100.000 vehículos diarios en toda España, salvo en Cataluña y el País Vasco, con especial incidencia en las carreteras secundarias, donde se registran el 75 por ciento de los muertos por accidentes de tráfico. El ambicioso plan de la DGT, que en paralelo ha comenzado una campaña de comunicación bajo el lema En carreteras de doble sentido, doble precaución controlará 1.900 tramos de la red viaria para verificar, en el plazo de quince días, el comportamiento de millón y medio de conductores. De los 2.875 accidentes mortales registrados el año pasado, la velocidad intervino como factor desencadenante en un 22 por ciento de ellos (631 siniestros que ocasionaron el fallecimiento de casi mil personas) lo que pone de manifiesto la necesidad de extremar las medidas de control. Nada que reprochar a la iniciativa de la DGT, aunque el detalle tan minucioso de número de tramos y vehículos que se verán afectados sugiere un objetivo más cifrado en lo cuantitativo y habrá que esperar a ver si se traduce en términos de verdadera eficacia. En cualquier caso, sería deseable que se intensificara la colaboración con los Ayuntamientos, porque sólo desde la cooperación estrecha entre las distintas Administraciones se pueden lograr resultados. Más aún si tenemos en cuenta las muer- A tes provocadas por la velocidad en las ciudades, donde parece que es menor el grado de concienciación de los conductores. Un error, puesto que en grandes urbes como Madrid el atropello de peatones se ha convertido ya en la principal causa de mortalidad de accidentes de tráfico. Según estudios recientes, un viandante tiene el 85 por ciento de posibilidades de morir si resulta alcanzado por un vehículo a una velocidad de 64 kilómetros por hora (a 32 kilómetros por hora, las posibilidades de muerte se reducen significativamente al 5 por ciento) Cierto es que la mayoría de los atropellos en las ciudades son responsabilidad del peatón, pero no lo es menos que el 25 por ciento de los muertos por atropello son mayores de 65 años y casi el 14 por ciento niños menores de quince años, por lo que resulta obligado para los conductores extremar la prudencia. Todas estas iniciativas de la DGT, que se enmarcan en el contexto de un carné por puntos que parece haber contribuido significativamente al descenso de la mortalidad en las carreteras, se complementarán posteriormente con el endurecimiento de las sanciones contempladas en la reforma del Código Penal. Ahora queda que el Gobierno, por su parte, se imponga su particular carné por puntos y acometa sin demora un plan racional de mejora de infraestructuras viarias, porque no toda la responsabilidad puede recaer sobre los hombros de los automovilistas.