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ABC LUNES 7 8 2006 63 Los Sanahuja impugnan la aprobación de la CNMV de la opa de Rivero sobre Metrovacesa ante la Audiencia Nacional El Congreso debate si Montilla interfirió en la opa La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados va a debatir mañana martes si el ministro de Industria, José Montilla, debe comparecer en la Comisión de Industria para explicar la posición e interferencias del Gobierno en la opa de E. ON sobre Endesa, tal y como ha pedido el Partido Popular. El PP considera una evidencia que el Ejecutivo mantuvo negociaciones para condicionar la decisión de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) lo que constituye un hecho relevante que debería haberse remitido a la CNMV, puesto que afecta al valor de la acción Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular ha formulado una petición para que en sesión extraordinaria de la misma Comisión de Industria comparezca también la presidenta de la CNE, Maite Costa, con el fin de que justifique la resolución del órgano regulador en relación con la oferta del gigante alemán sobre la compañía presidida por Pizarro, informa Servimedia. Bruselas ha acusado a España de discriminación arbitraria por las trabas de la CNE a E. ON, que le obligan a deshacerse de activos térmicos, nucleares y eléctricos de España, y ha concedido cinco días al Ejecutivo español para que explique las condiciones de compra. Huelga, un derecho constitucional que ningún Gobierno se atreve a convertir en ley PSOE y PP coinciden en que no es necesario un cambio en la regulación b Nadie duda que la toma de las pistas del aeropuerto barcelonés del Prat por parte de los trabajadores de Iberia era ilegal, tan ilegal como la huelga realizada MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO MADRID. La huelga protagonizada por los trabajadores de Iberia en el aeropuerto de Barcelona era ilegal. Ni se solicitaron autorizaciones, ni hubo plazos para fijar servicios mínimos ni se sabía nada hasta que el paro se produjo. Los trabajadores tendrán que asumir sus responsabilidades, pese a que no exista una ley de huelga. Hasta ahora, y pese a que ha habido varios intentos tanto con el PSOE como con el PP, nadie se ha atrevido a sacar adelante una ley que prevenga y regule este tipo de situaciones. Una vez más, como cada vez que ocurre una protesta similar, se produce un clamor general para que se apruebe una ley de huelga. Pero el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en seguida salió al paso de las peticiones de la patronal catalana o del propio responsable del Instituto de Estudios Económicos, Juan Iranzo, para asegurar que la huelga mantenida por los trabajadores del Prat el pasado 28 de de julio no tiene nada que ver con la necesidad de una nueva legislación que regule las huelgas Además, recordó que el Gobierno no tiene prevista una modificación de la actual normativa porque no se incluía en el programa electoral del PSOE. Para el titular de Trabajo, lo sucedido en el Prat es inadmisible y desproporcionado e incluso raya el sabotaje pero no tiene nada que ver con la regulación legal. En esta ocasión, el PP coincide con el PSOE en que no es necesario impulsar una ley de huelga según reconoció el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Vicente Martínez- Pujalte, por entender que no existe ningún vacío legal al respecto Además, argumentó que llevamos 25 años con una normativa que funciona perfectamente Vista de las pistas del aeropuerto del Prat, el pasado 28 de julio YOLANDA CARDO Servicios esenciales pactados El anteproyecto de ley al que le faltó un día para su aprobación al disolverse las Cortes el 24 de febrero de 1993 contaba con el consenso de Gobierno y sindicatos (UGT y CC. OO. alcanzado medio año antes. El capítulo II, artículo 7 en el que se precisaba que las medidas adoptadas para el ejercicio del derecho de huelga deberán respetar la libertad de trabajo de quienes no participen en la huelga En el artículo 8 se explica que en las empesas donde no se pueda interrumpir el proceso productivo deberán acordarse servicios mínimos de mantenimiento pactados. La parte más complicada del anteproyecto fue la determinación de los servicios esenciales de la comunidad En el capítulo III, artículo 11 se fijaban los siguientes sectores y actividades: Sanidad e higiene pública; defensa; seguridad pública y protección civil; pago de prestaciones públicas de protección social y servicios sociales relacionados con la vida o la salud; protección del medio ambiente; servicios funerarios; ordenación de tráfico y transportes públicos terrestres de viajes; transportes aéreos y marítimos (en especial, conexiones con Ceuta y Melilla, Baleares y Canarias) transporte y distribución de mercancías de primera necesidad; servicios públicos de telecomunicaciones y telegráficos; servicios informativos de radio y televisión; suministro de electricidad, agua, gas y combustibles; exámenes e instituciones penitenciarias y aduaneras la historia judicial española. Endesa podría intentar levantar ahora esas medidas o esperar unos meses a que tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la opa de E. ON como a que Industria resuelva los recursos presentados sobre esta operación. Ese organismo y el Ministerio resolverán los expedientes a finales de noviembre. cuando afecta a la vida de los ciudadanos. El único intento real de elaborar una ley tuvo lugar en 1993. El penúltimo Gobierno socialista paralizó el proyecto de ley, consensuado con los sindicatos, quedó paralizado un día antes de su aprobación en el Parlamento por la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. Dicho proyecto no fue retomado en la siguiente legislatura, pese a volver a ganar el PSOE los comicios. El segundo intento fue anunciado por el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, en junio de 2002, en la segunda legislatura del Gobierno del PP. Decía el ex ministro del PP que se debía concretar por ley cuáles son los servicios esenciales que no pueden faltar a los ciudadanos (sanidad, gas, electricidad, ambulancias, alimentos básicos para la población... y el porcentaje de trabajadores de la plantilla que deben prestar esos servicios. Citaciones Poco después, el 12 de diciembre, se celebrará la vista contra Gas Natural e Iberdrola, por supuesto pacto colusorio, en el juzgado de lo mercantil número 3 de Madrid. El mismo juzgado ha citado para febrero de 2007 al presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró; al director general de La Caixa (accionista de referencia del grupo gasista) Isidro Fainé; y a los 13 miembros del consejo de Endesa para que declaren como testigos por una denuncia de la gasista contra el consejo de la eléctrica por supuesta vulneración del deber de diligencia y por presunta infracción del deber de pasividad. Lo regulación vigente Sólo existe un real decreto preconstitucional de 1977. Por lo manifestado tanto por los gobiernos socialista y popular, lo que se perseguía era darle rango de ley introduciendo algunas carencias, pero preservando el derecho de huelga y el derecho de los ciudadanos. En UGT y CC. OO. ahora no ven la conveniencia de una ley, si bien les gustaría que se regulara el porcentaje de servicios mínimos, toda vez que en las más de las ocasiones deben denunciar los impuestos por el ministerio de turno, por considerarlos abusivos. Pero descartan cualquier intento que recorte este derecho. Dos intentos fallidos En todas las legislaturas se han producido situaciones de huelgas que han llevado a reclamar desde distintos ámbitos una ley. Desde la huelga salvaje de los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, que tuvo en jaque a toda la ciudad durante un mes, huelgas en diferentes empresas y distintas ciudades del personal de recogida de basura hasta las protagonizadas por los pilotos de Iberia, la más reciente del mes pasado. Siempre se pide