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ABC LUNES 7 8 2006 Nacional 21 El Pocero esgrimió el 64 de la titularidad del suelo para conseguir levantar su macrociudad en Seseña Una sentencia del TS reconocía el derecho de un agricultor sobre la finca b El ex alcalde socialista apoyó su proyecto frente a otra empresa por disponer de mayores garantías de cumplimiento y por tener menor beneficio el urbanizador C. HIDALGO MADRID. El ex alcalde socialista de Seseña José Luis Martín aprobó el 28 de abril de 2003 la propuesta de Francisco Hernando El Pocero para levantar su macrociudad de El Quiñón en perjuicio de un segundo proyecto elaborado por Narval Empresa General de Construcción. El ex alcalde alegó tres razones en un documento con su firma y el sello del Ayuntamiento. Por un lado, ONDE 2000, la empresa de El Pocero disponía del 64 por ciento de la titularidad del suelo de todo el Plan de Actuación Urbanística (PAU) Su rival, según el alcalde, no ha acreditado ningún tipo de acuerdo o posesión de las fincas afectadas Otra de las razones era que ONDE 2000 establecía un porcentaje inferior como beneficio del urbanizador, un 8 frente al 10 de su competidora. Por último, el alcalde consideraba que el Ayuntamiento disponía de mayores garantías efectivas de cumplimiento por parte de El Pocero aunque sin precisar en qué consistían esas garantías. El alcalde toma su decisión once días antes del pleno extraordinario del Ayuntamiento de Seseña, que aprobó el polémico Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) de El Quiñón, y que tuvo lugar el 8 de mayo Documento firmado por el ex alcalde de Seseña por el que se decanta por la propuesta de El Pocero para el desarrollo urbanístico de Seseña de 2003 a las seis de la tarde. El director del CIE de Málaga desmiente a la Policía en el caso de presuntos abusos b Alega que los supuestos delitos no fueron detectados por una inspección de seguridad, como publicó la Policía, sino por la confesión que le hicieron a él dos internas ABC MÁLAGA. El director del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, José Rodríguez, presentó ayer una denuncia ante el Juzgado de Guardia en la que desmiente que los presuntos abusos sexuales a internas se detectaran en las inspecciones habituales y de seguridad, tal y como se aseguró el pasado 22 de julio en un comunicado de la Policía, informa Efe. Rodríguez, en libertad con cargos como presunto autor de un delito de abusos sexuales, solicita a la Comisaría Provincial que identifique al funcionario responsable de la redacción y publicación de la nota de prensa, al entender que podría haber incurrido presuntamente en un delito de falsedad documental en documento oficial En la denuncia, Rodríguez alega que, tras entrevistarse el 19 de julio con dos internas, y ante la gravísima importancia de los hechos denunciados contactó con el jefe accidental de la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Málaga, al que esa mañana expuso personalmente las presuntas irregularidades, consistentes en fiestas nocturnas celebradas en el centro. En ellas habrían participado varias internas, que presuntamente habrían mantenido relaciones sexuales con varios agentes. Destitución oficiosa Asimismo, el director del CIE de Málaga denunció al comisario jefe inspector provincial de Servicios por ordenar la retirada de sus aplicaciones informáticas a pesar de que, a su juicio, su destitución no se ha hecho de forma oficial sino oficiosa ya que, según relata, el pasado 26 de julio el comisario provincial le informó de que no había sido depuesto de su cargo. Los hechos se remontan a finales del mes de julio, cuando tres agentes entraron en prisión provisional imputados de los delitos de agresión sexual, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Además, la juez dejó en libertad con cargos y sin fianza a otros cuatro, acusados de omisión del deber de impedir delitos. Por otro lado, la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho, tiene previsto continuar mañana, a través de nuevas declaraciones, las diligencias de investigación del procedimiento abierto. La polémica del suelo Se da la circunstancia de que uno de los principales argumentos del alcalde, la titularidad del suelo, estaba entonces en cuestión- -y sigue estando- -después de largos años de litigio. El caso se remonta a 1991. Ese año, un agricultor llamado Gonzalo González Nicolás, ya fallecido, en calidad de arrendatario histórico de la finca El Quiñón ejercitó el derecho de adquisición forzosa de la misma al amparo de la legislación arrendaticia rústica vigente en ese momento. Tras un farragoso proceso legal, el 10 de diciembre de 1997, el Tribunal Supremo (TS) en sentencia firme, establece el derecho de González Nicolás a comprar la finca El Quiñón por un precio tasado: 994.090 metros cuadrados, de los que 796.331 están afectados por el PAU. Para entonces, el agricultor tenía 104 años y falleció poco después. A partir de entonces, las partes abrieron un nuevo frente legal, tan complejo como el primero, pa- ra determinar cómo ejecutar la sentencia. Sin embargo, en 1994 el particular que tenía la finca a su nombre la vendió a una empresa, que con el tiempo pasó a denominarse Parque Tecnológico Toledo Norte, empresa en la que entonces entra El Pocero con las dos terceras partes. Sin embargo, el problema estaba lejos de resolverse. Dicho en otras palabras; Hernando compró una finca rústica sobre la que pesaba una sentencia del Supremo que obligaba a venderla. Así las cosas, el famoso y polémico pleno extraordinario que da luz verde al PAU recalifica el terreno, que pasa a ser considerado urbanizable. Después del pleno, Hernando siguió en pleitos contra los herederos del agricultor. En junio de 2003 presentó en el juzgado un escrito para que el derecho de éste quedase anulado porque la finca ya no era rústica, sino urbana. Los herederos de aquel agricultor que cultivó esa tierra de secano desde los años 40 han llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción, donde estos hechos se sumaron a la denuncia ya presentada por Izquierda Unida. Mensaje de IU Por otra parte, IU ha comunicado al PSOE que no piensa rebajar el perfil de sus denuncias contra la macrourbanización que se construye en Seseña (Toledo) y que pretende llegar hasta el final pues consideran que en este caso, que ya ha llegado a la Fiscalía Anticorrupción, ha habido irregularidades pero también ilegalidades Los herederos que reclaman el terreno de El Quiñón han llevado el caso a la Fiscalía Anticorrupción