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4 Opinión LUNES 7 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LÓPEZ OBRADOR, FUERA DE LA LEY A actitud del dirigente mexicano Andrés Manuel López Obrador es de lejos lo peor que le podía pasar a México. Con su insensatez ha dañado peligrosamente la estabilidad institucional del país, y con su protesta, que cínicamente califica de pacífica porque bloquea e incomoda pacíficamente la vida cotidiana de millones de mexicanos, ha rebasado los límites de lo razonable. La decisión de no reconocer el fallo del Tribunal Supremo Electoral confirma su peculiar visión de las reglas del juego, que consiste en no aceptar ningún criterio que no sirva para darle la razón. El líder populista ya lo tiene todo decidido: o se acepta que ganó él, o no vale nada. Sus argumentos para discutir la sentencia harían sonrojar a un estudiante de primero de Derecho, y puestos a pedir altura de miras y argumentos de fondo como hace él con los jueces, haría bien en mirarse al espejo, porque si hay alguien en México al que le falta altura de miras es a él mismo. Frente a su estrategia destructiva, que consiste en intentar hacer anular las elecciones, los jueces han sido claros y por unanimidad acordaron prudentemente revisar cerca del diez por ciento de las urnas, lo cual podría ser considerado razonable, aun teniendo en cuenta que todos los observadores internacionales dieron por buenas las elecciones. Si en este segundo recuento se comprobase una desviación demasiado ostentosa, bastaría para darle la razón en sus denuncias. El Partido de Acción Nacional (PAN) vencedor de las elecciones por un escaso margen, ha aceptado la decisión del tribunal. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se alegra con este nuevo recuento. López Obrador y su coalición de circunstancias ha dicho que no lo acepta. ¿Qué pasaría ahora si resultara que en esta revisión parcial los resultados favoreciesen a López Obrador? ¿Tampoco lo aceptaría entonces? En realidad, al anunciar su insumisión judicial, el candidato populista se ha salido del Estado de derecho y ciega todos los caminos de solución. Si insiste en mantener lo que llama resistencia civil sin atender al dictamen de las instituciones judiciales está dando pasos para ponerse a sí mismo fuera de la ley, y las autoridades mexicanas deberían actuar en consecuencia. Si el comportamiento del candidato derrotado lo hace inevitable, llegará un momento en el que las instituciones no tendrán más remedio que intervenir en defensa de la legalidad, antes que echar a perder todo el sexenio. Los tribunales electorales aún tienen ante sí dos decisiones trascendentales: una, que afecta al fondo de las reclamaciones de López Obrador y la última, y definitiva, que es la proclamación del vencedor de las elecciones presidenciales. Tal como están las cosas, si Obrador insiste en no acatar las sentencias que no le favorecen, solo queda pedirles a los jueces serenidad y paciencia como aconsejaba ayer un comentarista mexicano. L VIVIR HIPOTECADOS A nueva subida del euribor hasta el 3,546 en julio- -que afectará a los créditos hipotecarios que deban revisarse durante el próximo mes- -sitúa este índice de referencia en su nivel más alto desde agosto de 2002. Si tenemos en cuenta que el euribor a un año refleja las previsiones del mercado sobre la situación en que se encontrarán los tipos de interés en la eurozona dentro de 12 meses, parece claro que el mercado se adelanta a nuevas subidas- -la registrada el pasado jueves, tras el incremento de un cuarto de puntodecretado por el Banco Central Europeo- -y otra posterior que, según los analistas, podría producirse a finales de año para dejar el precio del dinero en torno al umbral del 3,5 por ciento. La hipoteca media- -120.000 euros a 20 años- -se ha encarecido ya más de mil euros anuales, un roto en el bolsillo de las familias, que se ven obligadas a un sacrificio añadido para cuadrar sus cuentas. El alza del precio de los inmuebles y la subida de tipos obliga a hacer un esfuerzo que, según el Banco de España, se cifra ya en el 40,9 por ciento de la renta bruta familiar, la tasa más alta de la última década. Ello se traduce en que la deuda de los hogares españoles continúa la senda ascendente registrada en los últimos años, al tiempo que el ahorro familiar se sitúa en mínimos históricos. Si tenemos en cuenta que España cuenta con el mayor porcentaje de créditos hipotecarios a tipos de interés variable (el 99,4 de los nuevos préstamos contratados en 2005) los efectos del euribor se hacen notar especialmente en nuestro país, donde, además, el precio de la vivienda crece considerablemente por encima de la media de la UE. Un dato revelador: durante el primer trimestre, el precio de una vivienda de tipo medio (93,75 metros cuadrados) era 6,9 veces superior a la renta bruta disponible de un hogar mediano. Los bancos, lejos de preocuparse, no se muestran especialmente estrictos en la concesión de los préstamos, seguramente porque el precio real del dinero en nuestro país, una vez descontada la L inflación, deja aún margen suficiente para que los créditos hipotecarios sigan creciendo de manera imparable (empujados, además, por la demanda de los inmigrantes) más aún si la morosidad continúa siendo muy pequeña y sin excesivos visos de que se incremente en el futuro. Las familias españolas, en lo que respecta a la vivienda, son buenas pagadoras, por lo que la parte de más a la que tengan que hacer frente a causa del incremento del euribor será a costa de la reducción del consumo, auténtico motor de la economía que- -según el último boletín del Banco de España- -sigue creciendo con relativa fuerza, aunque tiende a moderarse. Estamos ante uno de los grandes problemas de los españoles, inaccesible para muchos, aunque la letra del artículo 47 de la Constitución reconozca el derecho a una vivienda digna. Ser propietario de un piso es una meta que requiere un esfuerzo económico mayúsculo, especialmente para los jóvenes (entre el 55 y el 70 por ciento de sus sueldos) que se ven obligados a un desembolso muy por encima de sus posibilidades reales y que no tienen otra opción que financiar la compra a todo lo que nos permita el banco 35 o hasta 40 años en algunas entidades. Una hipoteca de por vida que, sin embargo, les convierte en dueños de un inmueble y les sirve de base de lanzamiento para dar el salto, el día de mañana, y casi con las mismas dificultades, a otro más acorde con sus necesidades. Según el Banco de España, la sobrevaloración de la vivienda en España se sitúa entre el 24 y el 32 por ciento, dato que no ha hecho mella en un mercado que sigue al alza, aunque de manera más tibia que en años anteriores, empujado por una demanda que no muestra miedo a la denominada burbuja inmobiliaria y que parece tener asumido que la entrega de llaves lleva implícita un sacrificio en forma de euribor que hay que aceptar como mal menor por el privilegio (que lo es) de ser propietario. Es el precio que hay que pagar: vivir hipotecados. TERRORISMO FORESTAL A historia se repite todos los años, pero nadie le pone remedio. El mayor incendio del verano calcina mil hectáreas en Gerona y más de 20 fuegos arrasan los montes de Galicia, con especial impacto en la provincia de Pontevedra y en las cercanías de Santiago de Compostela. Los alcaldes de varios municipios afectados han expresado fuertes críticas hacia la Xunta, tanto por falta de medios y coordinación como por la escasa profesionalidad de alguno de los agentes enviados para combatir el fuego, que ha provocado la muerte de dos mujeres. Al Gobierno de Pérez Touriño se le está yendo de las manos la gestión del problema. No basta con denunciar a los pirómanos, sino que debe aprovechar la larga experiencia acumulada durante la etapa de Manuel Fraga, en la que se obtuvieron buenos resultados en más de una ocasión. Los políticos autonómicos parecen a veces más ocupados en debates identitarios y reformas de los estatutos que en la gestión de los problemas que importan realmente a los ciudadanos. La Xunta debe disponer de todos los recursos humanos y materiales precisos para luchar contra esta lacra. Además, las competencias de las Comunidades Autónomas en esta materia no deben plantearse como si fueran compartimentos estancos, entre otras razones porque las llamas no entienden de límites territoriales. Por tanto, el Estado debe realizar una función de coordinación y es preciso contar también con las diputaciones, los ayuntamientos y los sectores sociales más rela- L cionados con la política forestal. Por ahora, solo se ha escuchado a la ministra de Medio Ambiente formular declaraciones optimistas, pero los acontecimientos de estos últimos días demuestran que Cristina Narbona ha perdido una buena ocasión para callarse. Más allá de la responsabilidad de los poderes públicos, es necesario que la sociedad tome conciencia de la gravísima conducta de algunos pirómanos, que practican un auténtico terrorismo forestal. Ya sea por intereses económicos, por una actitud irresponsable o por la voluntad deliberada de hacer daño, estos desaprensivos cometen crímenes contra el medio ambiente y contra el derecho de todos a disfrutar de una naturaleza que, como es notorio, ofrece recursos limitados. Si los delitos tipificados en el Código Penal no son suficientes, habrá que agravar las sanciones. Los vecinos de los pequeños municipios intuyen con frecuencia quiénes son los posibles autores aunque no los delatan por razones diversas, que van desde el miedo hasta un falso sentimiento de protección. El caso es que hay individuos que actúan con total impunidad y su conducta causa la pérdida de vidas humanas, así como de ingentes recursos económicos, cuya reposición es siempre lenta y costosa. El año pasado saltó a todas las portadas el incendio de Guadalajara. Este verano, aunque no se ha producido por fortuna ningún caso tan grave, las llamas siguen devorando una parte sustancial de los bosques.