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10 SÁBADO 5 8 2006 ABC Nacional 1973 Magnicidio de Carrero Blanco Transcurridos más de treinta años, los autores de la célebre operación Ogro no han sido juzgados por ella 1980 Asesinato de Basilio Altuna El atentado contra este oficial de Policía es uno de los que quedaron impunes por la reinserción de etarras 1991 Atentado de Irene Villa Aún no se ha identificado a los criminales que una mañana de octubre desataron un infierno en Madrid 2001 Cae Manuel Giménez Abad El presidente del PP de Aragón fue asesinado cuando iba con su hijo al fútbol, en la campaña contra cargos públicos Más de ochenta asesinatos de ETA, casi uno de cada diez, todavía no han sido resueltos Las víctimas temen que el proceso de paz desactive las investigaciones b La sombra de la prescripción se cierne sobre los casos sin resolverse; por eso, reclaman que el Tribunal Penal Internacional tenga competencia en estos delitos BLANCA TORQUEMADA MADRID. La insolencia de Txapote ante el Tribunal que le ha juzgado y condenado a 50 años de cárcel por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco y de Fernando Múgica es una mueca de desafío a toda la sociedad, pero la realidad de la pena que habrá de cumplir disuade del desánimo: se ha hecho Justicia, con mayúsculas. El goteo de juicios en la Audiencia Nacional a etarras tiene su contrapartida negra en los crímenes de la banda sin resolverse. En alrededor de un diez por ciento, esto es, en más de ochenta casos de asesinatos cometidos por ETA, no se sabe quién o quiénes fueron los autores materiales, según ha revelado la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Las víctimas, además, temen que el alto el fuego y el llamado proceso de paz puede relajar el trabajo judicial y policial y estos queden en el anonimato y la impunidad. Explica esta publicación que la misma proporción de no identificación de los criminales es aplicable a las acciones terroristas que ocasionaron heridos. A menudo pensamos en Irene Villa, erigida en símbolo de la resistencia ciudadana frente al terror, pero pocas se difunde que no se sabe quién truncó el curso cotidiano de su vida. La mañana del 17 de octubre de 1991 en la que Irene y su madre, María Jesús González, tropezaron con el odio asesino de los terroristas, ETA desató un infierno en Madrid: a primera hora había matado, con otra bomba- lapa, al comandante del Ejército de Tierra Francisco Caballar. Y poco después mutiló también gravemente, con el mismo sistema cobarde, al comandante de Infantería Rafael Villalobos. Los que sobreviven y la familia de la persona fallecida aún esperan que se ponga nombres y apellidos a aquel sanguinario comando Madrid quince años des- Las lecciones olvidadas de 1982 Ángel Altuna, hijo del oficial de Policía Basilio Altuna asesinado por ETA en 1980 y miembro de Covite, explica en un artículo en la revista de la FVT cómo dos años después del asesinato de su padre la banda terrorista se escindió: Unos decidieron su disolución sin entregar arma alguna- -recuerda- y otros decidieron continuar con la práctica del terror. Los que decidieron su disolución no se arrepintieron y no reconocieron daño alguno. Los poderes del Estado posibilitaron una puerta de atrás para estas personas que habían delinquido. Tengo la certeza de que en aquel momento hubo dejación de funciones Dos años después del asesinato de mi padre- -añade más adelante- -muchos de ellos se paseaban por las calles de mi ciudad y se les daba trabajo en instituciones públicas Altuna hace notar que desde esas fechas ETA ha asesinado a más de quinientas personas y que la bienintencionada apreciación de que con la reintegración de esos individuos a la vida normal sin exigirles nada a cambio habría un efecto contagio en el resto de los etarras fracasó de forma traumática. Las víctimas suelen repetirlo: Se pide ahora generosidad pero se olvida que ya la hubo y volvieron a manchar sus manos de sangre dolorosos) en los que se da esta trastienda de expedientes x de acuerdo con la información recopilada por la revista de la FVT. Ello, pese al denodado esfuerzo de las FSE, que han tropezado con la escasa información aportada por los casquillos de las balas en algunos de los escenarios de los crímenes cometidos con armas de fuego, por las dificultades que plantea el sistema de bombas- lapa colocadas con antelación o de los coches- bomba que desde hace años se vienen activando por control remoto. Necesidad de penalización social Otra de las familias afectadas por esta situación es la de Maite Pagazaurtundúa, la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Se desconoce quién fue el sujeto que una mañana irrumpió en el bar Daytona de Andoain y disparó a bocajarro contra su hermano Joseba, el jefe de la Policía Municipal de esa localidad guipuzcoana. La víctima se había significado por su militancia en el Partido Socialista y por su beligerancia contra ETA como miembro de la plataforma cívica Basta ya Ahora, la madre de Joseba, Pilar Ruiz, se ha erigido como la voz que clama para pedir justicia y despejar los nubarrones de la impunidad, con la lucidez propia de quienes han sufrido el hachazo asesino. Por eso denunció la tentación de bajar la guardia a expensas del proceso en las puertas del hotel de San Sebastián en el que se reunieron el líder del PSE, Patxi López, y el de Batasuna Arnaldo Otegi. Su hija Maite también ha lamentado en numerosas ocasiones otro punto que no atañe sólo a los casos sin resolverse, sino también a otros muchos atentados ocurridos en el País Vasco de los que se conoce el autor o autores materiales: que no se sepa quiénes fueron los chivatos que hicieron posible tantos asesinatos. La respetabilidad con la que ahora se pretende revestir a Batasuna va en contra de una reivindicación básica de las víctimas que quedó expresada en el decálogo que Maite Pagazaurtundúa, como presidenta de la FVT, trasladó en La Moncloa al propio presidente del pués. Ellos y tantos otros. Del magnicidio de Carrero Blanco (los responsables de la Operación Ogro no han sido juzgados 33 años después) al atentado de Vallecas en 1995, en el que murieron seis trabajadores de la Armada, hay muchos crímenes de ETA de especial repercusión por una u otra circunstancia (igual que otros menos conocidos, pero no menos Gobierno, el pasado mes de febrero: No podemos primar a los que han transmitido la cultura del odio y de la falta de respeto al ser humano O sea, no sólo ha de haber penalización legal, sino también social. Otros casos tristemente recordados y recogidos por la Fundación de Víctimas: aquel de la localidad navarra de Leiza en el que, cuando unos agentes de la Benemérita se acercaron a una pancarta alusiva a la Guardia Civil, ETA hizo estallar una potente bomba oculta en el mismo paraje. Así asesinó al cabo primero Juan Carlos Beiro Montes. También entra en este apartado el crimen que en 2001 acabó con la vida de Manuel Giménez Abad, el presidente del Partido Popular de Aragón cuando, en compañía de su hijo, se dirigía hacia el estadio de La Romareda de Zaragoza para disfrutar de una tarde de fútbol. Recientemente, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz optó por no imputar a los etarras Aitor Lorente y David Pla como