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4 Opinión VIERNES 4 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LÍBANO Y NACIONES UNIDAS EJOS de aminorarse la crudeza de la guerra que libran en suelo libanés el Ejército israelí y la milicia terrorista de Hizbolá, lo cierto es que aumenta la intensidad del conflicto y la saña de los combatientes. Veintitrés días de lucha y nada sin resolverse. Sigue sin haber un alto el fuego, Israel no ha logrado erradicar totalmente la capacidad operativa de los terroristas chiíes, ni éstos han conseguido hacer mella en la resistencia cívica que muestra la sociedad israelí ante la cohetería de Hizbolá. Por desgracia, lo más tangible es el saldo de las víctimas inocentes del conflicto. Concretamente esos 700 civiles libaneses e israelíes que han muerto desde mediados del mes de julio. Y así, mientras se agudiza la crisis libanesa, Oriente Próximo acumula nuevas dosis de tensión y odio que harán más difícil todavía la superación en el futuro de los conflictos que comprometen su estabilidad y la seguridad del conjunto del planeta. Con esta situación descrita, Naciones Unidas ha vuelto a evidenciar la ineficacia de sus instituciones y de los medios de que dispone para salvaguardar la paz y la seguridad jurídica internacional. En este sentido, su gestión en la crisis libanesa y, en concreto, la actuación que hasta ahora vienen mostrando los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, son un claro exponente de todo ello. Si se analiza con detalle lo que está sucediendo desde que Israel acudió a la vía de los hechos para defenderse de las agresiones de los terroristas de Hizbolá, es evidente que buena parte de la responsabilidad sobre lo que está sucediendo descansa en la inoperancia mostrada por Naciones Unidas. Bastaría rebobinar la película de los acontecimientos para demostrarlo. En primer lugar está el hecho de no haber contribuido antes de que estallase el actual conflicto a que el Líbano pudiese desarmar a las milicias de Hizbolá y lograr así el pleno restablecimiento de su soberanía; especialmente tras conseguir que Siria abandonase el país hace unos meses. Y en segundo lugar, porque, iniciado el choque entre Israel e Hizbolá, no ha sido capaz, siquiera, de imponer un alto el fuego. De hecho no ha podido ejercer la adecuada presión sobre quienes tienen capacidad de influencia sobre las partes en conflicto: EE. UU. en el caso israelí, e Irán y Siria en el de Hizbolá. Es más, a día de hoy cunde la sensación de que el conflicto está descontrolado y, lo que es todavía peor, sin que se sepa quién tiene capacidad de maniobra para evitar la propagación del incendio sobre todo el Oriente Próximo, ya que Siria e Irán siguen manejando con impunidad los hilos que están detrás de las acciones terroristas protagonizadas por las milicias de Hizbolá. ¿Hasta cuándo el Consejo de Seguridad continuará cultivando su responsabilidad por omisión? L CORRUPCIÓN URBANÍSTICA A confusión entre intereses públicos y privados es fuente segura de corrupción. En un sistema democrático, la libertad informativa y los mecanismos del Estado de Derecho permiten luchar con relativo éxito contra un fenómeno que mide el grado de salud moral de una sociedad. Cuando supera los límites derivados de la condición humana, es causa de desmoralización colectiva y produce un grave daño a la legitimidad del Estado. Valgan estas reflexiones como reflejo de la perplejidad que produce la proliferación de casos de corrupción urbanística. La situación, al parecer, favorece a un puñado de políticos y empresarios sin escrúpulos, dispuestos a ganar dinero a manos llenas a costa del contribuyente, ante la indignación de millones de personas honradas que saben cuánto cuesta acceder a una vivienda digna (derecho reconocido por el artículo 47 de la Constitución) o ayudar a los hijos a que desarrollen una vida independiente fuera del hogar familiar. El caso de Seseña (que otorga una triste popularidad a la figura de El Pocero reúne todas las características para llamar la atención. Es insólito que se apruebe un PAU en tan poco tiempo y en circunstancias tan singulares. Por ello, es evidente que el Gobierno de Castilla- La Mancha debe ofrecer explicaciones políticas y no eludir el asunto como si no tuviera nada que ver con el problema, ni siquiera con los concejales socialistas de la localidad. Todo ello, claro está, sin perjuicio de las actuaciones en marcha por parte de la Fiscalía Anticorrupción. En Morata de Tajuña, los vínculos entre el Ayuntamiento socialista y las cooperativas que esperan la recalificación del suelo sobre el que tienen opción de compra ofrece todos los síntomas para inducir a la sospecha. A su vez, en Aldea de Fresno las cosas han llegado hasta el punto de que la Fiscalía solicita a la Comunidad Autónoma que retire al municipio- -gobernado también por el PSOE- -las competencias urbanísticas, hecho que no tiene precedente, como recuerda la presidenta regional. Marbella, por desgracia, no es un caso aislado, aunque sea el más notorio y escandaloso. De hecho, es la primera vez en la etapa democrática que se utiliza el procedimiento de disolución de una entidad municipal, de acuerdo con lo previsto en la ley Básica de Régimen Local. Cada L nueva revelación acerca de las actuaciones judiciales y policiales supone una prueba más de la trama organizada con la connivencia de ciertos promotores y de concejales de diversos partidos- -excepto el PP- ahora privados de libertad por decisión judicial. Mientras tanto, la Junta de Andalucía sigue lavándose las manos, pese a que los hechos que salen a la luz eran bien conocidos en toda la Costa del Sol. Alguien debería hacer memoria en el Partido Socialista y recordar que la corrupción- -aunque fuera en otros ámbitos- -fue causa determinante de la derrota electoral de Felipe González en 1996. Las plusvalías extraordinarias que genera el urbanismo atraen sin remedio a ciertos sujetos poco recomendables, que no merecen la honrosa denominación de empresarios. Tipos penales como la estafa, la prevaricación y el cohecho, así como la calificación urbanística del suelo, empiezan a ser cuestiones familiares para los ciudadanos, que exigen una respuesta concluyente, no sólo de orden judicial, sino también política. En concreto, el cooperativismo madrileño (controlado por diversos grupos del socialismo regional) es una fuente potencial de escándalos. Hace años que un acontecimiento similar tuvo una fuerte repercusión en la opinión pública y todo apunta a que se puede abrir una caja de Pandora de la que surjan asuntos capaces de arruinar más de una carrera política o económica. Los partidos políticos son los primeros interesados en seleccionar a su personal de forma adecuada. Es inevitable que, al lado de mucha gente de buena fe, pretendan colarse personajes turbios, incapaces de ganarse dignamente la vida y dispuestos a utilizar el poder público al servicio de sus intereses siniestros. Es necesario establecer filtros internos para evitar que esto suceda, especialmente en el ámbito local ya que los municipios no siempre disponen de medios de control jurídico y financiero adecuados. De ahí la importancia de que las comunidades autónomas, en su calidad de administración territorial de nivel superior a municipios y provincias, ejerzan en plenitud sus competencias. A veces parece que los políticos autonómicos sólo saben reivindicar y no asumen su papel como gestores de una parte sustancial de los servicios públicos. ENSEÑANZA SEPARADA POR SEXOS L Tribunal Supremo, a través de una sentencia de su Sala Tercera, ha confirmado la legalidad de la enseñanza separada de niños y niñas porque considera que no es una discriminación por razón de sexo que atente contra el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución. La decisión tiene una gran importancia porque permite que los colegios privados que aplican este método educativo se acojan al sistema de conciertos económicos con las administraciones públicas. Precisamente, fue la supuesta incompatibilidad entre la separación de los alumnos por sexo con los principios no sexistas de la enseñanza concertada lo que llevó al sindicato UGT a emprender un pleito que ha perdido ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Técnicamente, la decisión del Alto Tribunal es impecable: no puede haber desigualdad por razón de sexo cuando niños y niñas están sometidos al mismo trato. Lo inconstitucional habría sido que las niñas, por el hecho de serlo, recibieran una enseñanza distinta de la prevista E para los niños, o a la inversa. Pero no es esto lo que denunció UGT, sino un método de organización educativa que utiliza el mismo rasero para ambos sexos. Incluso académicamente la separación de niños y niñas es un criterio ampliamente defendido por los expertos y es tan admisible como el que se basa en la enseñanza mixta. El pensamiento políticamente correcto suele lanzar sus anatemas contra todo aquello que no encaje en sus dogmas. Y éste de la educación separada es uno de sus favoritos, a pesar de que padres y maestros comprueban a diario las notorias diferencias que, en determinados tramos de edad, existen entre un niño y una niña, lo que obviamente repercute en la ordenación de la convivencia académica y en el rendimiento de los alumnos. Lo importante de la sentencia del Supremo es que el dinero público no sirve de excusa para imponerse a la libertad de enseñanza, hasta el extremo de convertir el derecho de acceso a la educación gratuita en una especie de contrato de adhesión a la ideología imperante.