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4 Opinión JUEVES 3 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL CHANTAJE DE LÓPEZ OBRADOR M BATASUNA APRIETA TUERCA ATASUNA ha convertido en hábito del proceso de negociación enmendarle la plana al Gobierno y al PSOE cuantas veces lo considera necesario y con la publicidad y lenguaje que mejor convienen a su notoria recuperación política. Cada vez que el Gobierno intenta calmar a la opinión pública elevando retóricamente el nivel de condiciones o exigencias a la izquierda etarra, Batasuna se encarga no sólo de rechazarlas sin contemplaciones, sino también de señalar la esterilidad de los emplazamientos que le hace el Gobierno, siempre incumplidos y siempre impunes. En esta línea de desfachatez consentida, el dirigente batasuno Pernando Barrena, volvió a fijar la posición de su partido- -ilegal y disuelto, pero rehabilitado políticamente por el PSOE- -en cuestiones esenciales de lo que el Gobierno llama proceso de paz tales como los presos o la ilegalización de Batasuna. Con presos no hay paz, es lo que ha venido a decir Barrena, reiterando nuevamente un dogma de toda organización terrorista cuando afronta un proceso de negociación política con un Gobierno. Por otro lado, es lógico. Tanto el Ejecutivo como el PSOE parecen haber aceptado que el fin del terrorismo- -con todas las reservas que reclama la mera enunciación de esta posibilidad- -no consista en la derrota de ETA, sino en una mutación de su existencia ilegal en una opción política susceptible de pactos a medio plazo. En estas condiciones, al Gobierno le resultará complicado mantener la coherencia entre negociar política con terroristas y, al mismo tiempo, mantenerlos en prisión. Estuvo al quite el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, cuando quiso aliviar la presión de la opinión pública ante la posibilidad de que el asesino en serie Txapote pudiera ser excarcelado en algún momento. Pero también Batasuna ha dejado claro que no acepta las distinciones de López Aguilar entre presos recuperables y no recuperables Entre estos últimos estaría, según el ministro de B Justicia, Txapote para quien descartó cualquier acortamiento de condena. Pero el tal Txapote según el batasuno Barrena, no es tan malo porque no habría querido ofender a las víctimas con sus desplantes chulescos en los juicios ante la Audiencia Nacional, sino reivindicar su lucha como militante de ETA Dejando a un lado la evidente compatibilidad- -y aun causalidad- -entre ambas pretensiones, lo que queda claro es que Txapote no es una exageración de ETA, sino que es ETA misma y esto es lo que tiene que asumir el Gobierno: que la ETA con la que va a negociar es la ETA de Javier García Gaztelu, el asesino de Fernando Múgica y de Miguel Ángel Blanco. Negar o disimular esta realidad- -como las realidades de la extorsión, de la violencia callejera o de los nuevos actos de amenazas y agresiones a no nacionalistas- -sólo lleva a deteriorar la posición del Gobierno tanto en una mesa negociadora como en la propia lucha antiterrorista, menoscabada por un discurso que se centra en no reconocer- -no verificar, por utilizar términos de actualidad- -a ETA como es. Batasuna ha tomado la medida de esta actitud del Gobierno y por eso también se ufana en su propia ilegalidad. No le urge volver a la legalidad porque no lo necesita. Siendo ilegal ha negociado durante años con el PSE, está realizando continuas actuaciones políticas- -a pesar de tenerlas prohibidas judicialmente- -y ha recuperado todo el protagonismo que le arrebató el Estado de Derecho. Las apelaciones del Gobierno a la ley de Partido carecen así de todo significado legal y político, quedando reducidas a un intento cosmético de guardar apariencias. Es más, Batasuna encuentra en su situación de ilegalidad el escenario ideal para mostrar las contradicciones del Gobierno y del PSOE con su propio catálogo de condiciones, entre las que se hallaba la de no hablar nunca con un partido ilegal. La batuta y la partitura están en manos de ETA. EL AGUA, CUESTIÓN DE ESTADO L agua es un bien escaso en muchas zonas de España, de manera que su distribución debe realizarse de acuerdo con criterios de racionalidad, eficiencia y solidaridad. Así pues, es imprescindible evitar cualquier planteamiento partidista o basado en beneficios a corto plazo. El PP había puesto en marcha un Plan Hidrológico Nacional que enfocaba la cuestión con responsabilidad y sentido de Estado. Después de haber hecho bandera política en su contra, el Gobierno socialista se apresuró a desandar el camino ya iniciado, pero no ha ofrecido ninguna alternativa eficaz. De hecho, se han perdido dos años en un tira y afloja que no conduce a ningún sitio. Los datos inducen ahora a una seria preocupación. Las reservas de agua embalsadas han descendido en un 1,6 por ciento en la última semana, de modo que nuestros pantanos acumulan actualmente 24.901 hectómetros cúbicos de agua. El problema resulta especialmente grave en las cuencas del Júcar y del Segura, y lo peor de todo es que al bajar del límite mínimo establecido las reservas en la cabecera del Tajo no cabe realizar el trasvase a la cuenca del Segura, lo que repercute directamente en el abastecimiento de casi dos millones de personas en Murcia y Alicante. La política del agua tiene que ser concebida sin demo- E ra como una cuestión de interés general, dejando de lado pequeños egoísmos territoriales. El artículo 2 de la Constitución proclama el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas como el tercer pilar (junto con los de unidad y autonomía) del modelo territorial vigente. El Estado tiene el deber de mantener la igualdad de todos los españoles en cuanto a los derechos y deberes básicos en cualquier lugar del territorio nacional. En este caso, el derecho al agua es un elemento crucial en la sociedad del bienestar en la que nadie está legitimado para hacer suyos los bienes colectivos. Previos los estudios técnicos que procedan, Gobierno y oposición tendrán que ponerse de acuerdo para hacer frente a un problema que lleva siglos sin resolverse. No es lógico que en un país moderno y desarrollado haya que mirar al cielo para adivinar si va a llover y paliar así la sequía, sobre todo porque los indicios apuntan a un ciclo poco favorable, según advierten desde hace tiempo las organizaciones ecologistas más rigurosas. Dice el refrán castellano que con las cosas de comer no se juega y es fácil extender tan sabio consejo a las que afectan al consumo humano de agua, al riego de los campos y a las medidas imprescindibles de higiene. El Gobierno debe tomar decisiones bien fundadas y ponerlas en práctica sin demora. IENTRAS el mundo vive pendiente de lo que sucede en el convulso Líbano o en los entresijos sucesorios de la tiranía castrista, México arrastra un drama político aún sin resolver. En este caso, la culpa es inequívoca, tiene nombre y apellidos: Andrés Manuel López Obrador. Empecinado en no dar su brazo a torcer, el candidato del Partido de la Revolución Democrática se resiste por todos los medios- -incluido el chantaje populista- -a no reconocer su derrota electoral en las pasadas presidenciales mexicanas. De hecho, va ensayando uno tras otro diferentes pulsos a la legalidad democrática, colocando al país ante una gravísima situación política que erosiona su crédito internacional y, sobre todo, su estabilidad institucional. Decidido a confundir los intereses generales de México con una cuestión personal, López Obrador no escatima esfuerzos en torcer de cualquier manera el resultado de las urnas, tal y como llegó a poner de manifiesto días atrás al autoproclamarse ante las cámaras de la televisión estadounidense como el único presidente de la República o, el pasado lunes, cuando advirtió que si se cierran los cauces democráticos, sólo quedan el sometimiento o la violencia Fiel a tan tenebrosa interpretación del funcionamiento normal de una sociedad abierta, López Obrador trata de forzar un nuevo recuento electoral- -que sería el tercero- colapsando para ello el centro histórico de Ciudad de México. Ha ocupado el Zócalo y el Paseo de la Reforma con campamentos repletos de sus seguidores y ha puesto en marcha movilizaciones populares que impiden el tráfico por el centro de la multimillonaria capital federal. Con esta medida quiere burlar la legalidad volviendo a revisar el escrutinio físico de los 41 millones de votos que se depositaron en las urnas el pasado 2 de julio. No le importa que el Instituto Federal Electoral (IFE) ya haya dictaminado su derrota ni que la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y la ONU- -que intervinieron como observadores en las elecciones- -hayan avalado la limpieza del proceso de votación y el escrutinio final que efectuó el IFE. Ahora quiere presionar directamente al Tribunal Electoral e impedir por la vía de los hechos que se proclame el 6 de septiembre a Felipe Calderón como presidente electo. Afortunadamente las posibilidades de que logre su objetivo son escasas, a pesar de que se haya propuesto colocar a México al borde de la confrontación. La progresiva consolidación de sus instituciones democráticas y, sobre todo, el escrupuloso respeto a la legalidad que ha venido evidenciando durante esta crisis el gobierno del presidente Fox lograrán al final que la voz del pueblo mexicano se imponga al empecinamiento caudillista de López Obrador, confirmándose así la enorme justicia democrática de su derrota.