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4 Opinión MIÉRCOLES 2 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA MEMORIA DE LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA UNQUE el Gobierno socialista parece empeñado en inaugurar todoslos díasla democracia en España, la realidad demuestra que no sólo estaba bien asentada antes de que Rodríguez Zapatero llegara al poder, sino también que esa misma democracia había hecho realidad el deseo de los españoles de establecer una convivencia pacífica y justa. Las cifras concretas sobre las indemnizaciones y pensiones reconocidas a víctimas republicanas durante la Guerra Civil y represaliados del franquismo desmontan buena parte de la versión oficial sobre la necesidad de la ley aprobada por el último Consejo de Ministros. Según el informe general de la comisión interministerial que acompaña al proyecto de ley de reconocimiento a víctimas y perseguidos de la Guerra Civil y del franquismo, del que ayer informó ABC en exclusiva, desde la Transición hasta 2005 se han tramitado 574.000 expedientes de pensiones e indemnizaciones por prisión que ascendían a más de 16.000 millones de euros. Además, desde 1976, antes de la aprobación de la Constitución, se reconocieron los derechos sociales de los funcionarios públicos represaliados, que quedaron integrados en el régimen general de clases pasivas. En cuanto a los partidos políticos, han recibido en concepto de restitución de inmuebles y compensación casi 28 millones de euros, bien por acuerdo de los sucesivos gobiernos democráticos o por decisiones judiciales, habiendo sido el PSOE y el PNV los principales beneficiarios. Igualmente, los sindicatos UGT- -con 39 inmuebles y 25 millones de euros- -y CNT- -con 7 inmuebles y 1,5 millones de euros- -también vieron resarcidos los perjuicios sufridos durante la guerra y el régimen franquista. Estas cifras ponen de manifiesto algo más que la reparación material de los daños. Implican un reconocimiento histórico concreto de la democracia a aquellos que, con la derrota de la II República, también perdieron sus derechos y bienes. Para nada de esto hizo falta una campaña de enaltecimiento republicano ni de reapertura constante de las heridas del pasado. Tampoco hizo falta imponer una memoria histórica sesgada, como la que patrocina el PSOE y con la que busca, ante todo, adoctrinar a la sociedad española con una interpretación ideológica del balance de la II República, de la Guerra Civil y del franquismo, negando, además, el ingente esfuerzo académico producido en los últimos treinta años por ofrecer un conocimiento objetivo de aquel período de nuestra Historia. La iniciativa del Gobierno queda desmentida por el balance de la democracia, que no precisaba una ley para hacer lo que ya se venía haciendo por decisiones políticas concretas, ampliamente respaldadas por la opinión pública y sin discordia alguna entre derecha e izquierda. No es en el deseo de hacer justicia retrospectiva donde se halla la clave de la acción del Gobierno, sino en su determinación de deslegitimar los fundamentos mismos del consenso constitucional de 1978, sometidos a juicio por una izquierda que ya no disimula su rechazo al resultado de la Transición. A EL FINAL BIOLÓGICO DEL CASTRISMO OMO el más característico de los dictadores, Fidel Castro solamente ha consentido ceder provisionalmente el poder cuando se ha visto forzado por los implacables designios de la naturaleza, algo que afortunadamente ningún tirano ha logrado dominar todavía. Puesto que se trata de un sistema político donde no existe libertad de información, el anuncio de que los principales mecanismos del poder del régimen cubano han pasado a manos de su hermano Raúl y del círculo más estrecho de sus colaboradores ha levantado todo tipo de especulaciones, tanto entre la población cubana que resiste las penosas condiciones de vida en el interior del país, como la muy numerosa comunidad del exilio. Tal vez la única información contenida en el comunicado que no ha sido objeto de interpretaciones ha sido la que recordaba que el 80 cumpleaños de Fidel Castro se iba a celebrar en los próximos días, algo que sirve para recordar que a esa edad ciertas afecciones de gravedad, como las que se atribuyen en la información oficial, adquieren un riesgo indiscutible. La decisión de transferir transitoriamente el poder es el síntoma más evidente de que lo que está pasando en La Habana no es una anécdota pasajera, sino el comienzo de un proceso que sin duda desembocará en un cambio histórico en la situación política del país. Puede ser éticamente discutible fijar como elemento determinante de este cambio la muerte de un ser humano, pero hace mucho tiempo que el propio Fidel ha estado obrando de manera que no ha dejado ninguna posibilidad de que Cuba camine hacia las necesarias reformas democráticas, a no ser a través de lo que se ha llamado eufemísticamente solución biológica que es lo que en estos momentos tiene todo el mundo en mente. Aparte de la designación expresa de su hermano Raúl como responsable del Partido Comunista, el Ejército y el Gobierno, que era un mecanismo ya previsto desde hace tiempo por el propio Fidel, la lista de designaciones y encomien- C das es una señal muy reveladora de la situación política en el régimen. En realidad, más que un anuncio se trata de una especie de minucioso testamento político en el que Fidel señala, con nombre y apellidos, a sus favoritos, a los que lega expresamente las áreas de gestión que más le han interesado: en primer lugar, la sanidad; seguido por la educación y, finalmente, la administración energética, la última de sus obsesiones dentro de la larga lista de aficiones erráticas a lo largo de casi medio siglo de gobierno despótico. Todas ellas son encomendadas a personas de segundo nivel, mientras que los tres personajes más relevantes mencionados en el documento, aparte del propio Raúl, constituyen el cogollo de la dirección del régimen con el encargo de velar por la administración de los recursos financieros y la formación de una comisión específica para ello: Carlos Lage, Francisco Soberón y Felipe Pérez Roque, el conocido ministro de Relaciones Exteriores. Los expertos interpretarán en su momento la extraña ausencia de toda mención al presidente del Parlamento, Ricardo Alarcón, que desde el punto de vista protocolario es la segunda autoridad del país. No es de esperar que quienes han seguido y aplicado ciegamente durante casi medio siglo las consignas revolucionarias de la dictadura vayan a ser clarividentes en estos momentos, y lo más que se les puede pedir es sensatez para no entorpecer con violencia la inevitable evolución pacífica hacia la democracia en Cuba. Como todo parece indicar, el final biológico de la dictadura está cerca y no hay perspectivas razonables para pensar que el régimen vaya a poder sobrevivir a su creador. Los cubanos de todas las ideologías están llamados a apoyar un futuro mejor y en libertad para su país, en paz y sin derramamientos de sangre. Bastante sufrimiento ha causado Fidel Castro durante su prolongado ejercicio del poder como para permitir ahora que su desaparición pudiese ser fuente de más dolor para el pueblo cubano. EL PRAT COMO SÍNTOMA L año pasado fue el incendio de Guadalajara y este año es el caos en el aeropuerto de Barcelona. Lo cierto es que los meses de verano dejan al descubierto la insolvencia del Gobierno como gestor de los asuntos públicos, tal vez porque muchos políticos están enfrascados en sus estrategias partidistas y no tienen tiempo para ocuparse de los problemas reales. PP y CiU (una alianza natural, pero inédita desde hace tiempo) reclaman la presencia de tres ministros ante la Diputación permanente del Congreso, mientras la vicepresidenta del Gobierno pretende descargar todas las culpas en la pasividad de Iberia, y Zapatero se apunta a la postura de echar balones fuera: según el presidente, la actitud de los trabajadores fue inaceptable e incomprensible sin admitir ninguno de los múltiples fallos de sus ministros. A mayor abundamiento, el Ejecutivo central y la Generalitat participan también de la tragicomedia y atribuyen a los otros toda la responsabilidad. El ministro del Interior ha rizado el rizo del despropósito al asegurar que la Guardia Civil no intervino para impedir males mayores, intentando no provocar una batalla campal en unas instalaciones en las que se almacena material peligroso. Las Fuerzas de Seguridad deben estar en condiciones de restablecer el orden con medios proporcionados en todos los casos. Reconocer lo contrario es invitar a los alborotadores a extremar sus acciones para disuadir la intervención de la Policía. Debería explicar Rubalcaba qué entiende por males mayores y si lo ocurrido sobre las propias pistas E del aeropuerto no le parecía al ministro de extrema gravedad. Los unos por los otros, el caso es que la crisis de El Prat ha dañado gravemente la imagen de nuestro país en plena temporada turística y todavía causa perjuicios a miles de ciudadanos indefensos, a los que se debe compensar en lo posible con rapidez y eficacia. De hecho, a pesar de las apariencias, la normalidad todavía se ve perturbada por retrasos y pérdidas de equipaje. La secuela más dañina de estos hechos intolerables es el mensaje de debilidad que se transmite, porque quien está dispuesto a actuar con violencia y sin escrúpulos, consigue el resultado que pretende. En efecto, la actuación insólita de los trabajadores al ocupar las pistas del aeropuerto ha obrado el milagro de permitir un acuerdo que llevaba años pendiente. El artículo 28 de la Constitución reconoce el derecho de huelga, pero establece límites que la jurisprudencia- -a falta de una ley orgánica que regule este derecho fundamental- -ha interpretado con precisión: en todo caso, su ejercicio nunca puede alterar los servicios esenciales para la comunidad. Es muy significativo que la juez haya abierto diligencias por presuntos delitos de secuestro y contra la seguridad aérea, lo que demuestra la existencia de indicios que alcanzan dimensión penal. En este contexto, sólo faltaba el oportunismo de los nacionalistas para reclamar la gestión del aeropuerto. Los ciudadanos contemplan, entre irritados y perplejos, que los políticos se pelean por competencias futuras, pero no ejercen con eficacia las actuales.