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4 Opinión MARTES 1 8 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil NUEVO CARNÉ, LOS MISMOS MUERTOS ON muy malos los datos sobre víctimas en las carreteras españolas durante la operación salida del pasado fin de semana. Entre las tres de la tarde del viernes y las ocho de la tarde del domingo han perdido la vida 22 personas, además de producirse numerosos heridos leves y graves. Considerando que el principio oficial de las vacaciones para millones de españoles coincide con el comienzo del mes de agosto, las cifras pueden ser incluso peores que las correspondientes al mismo período del año anterior. La entrada en vigor del carné por puntos y las campañas incesantes sobre su aplicación rigurosa no han logrado el milagro de frenar una sangría, que nadie parece capaz de controlar. Se anuncia ahora una reforma del Código Penal, en virtud de la cual el conductor que ponga en peligro la vida o la integridad de los demás será castigado con penas de hasta cinco años de cárcel, y se establecen como tipos de delito de conducción temeraria el exceso de velocidad, las elevadas tasas de alcohol, y la circulación sin carné válido. No se puede negar el esfuerzo de las autoridades, pero la buena voluntad no es suficiente y será preciso, por tanto, encontrar otras fórmulas que permitan encauzar un drama interminable que aflige día a día a miles de familias. Como es evidente, la frialdad de los datos no puede ocultar que, detrás de cada accidente, se encuentra una vida truncada para siempre. Una vez más, la alcoholemia se configura como el peor enemigo de la seguridad vial. Según un estudio realizado en Madrid por la Universidad Carlos III, un tercio de los jóvenes que conducen de noche superan la tasa permitida, y casi la mitad de los que salen ingieren bebidas de alta graduación. Según cálculos fiables, la educación y el respeto a las normas podrían reducir a la mitad el número de accidentes. Otro factor relevante es el estado de las carreteras, en particular el de las de la red secundaria. En este caso, no sirve echar la culpa a los ciudadanos, sino que debe exigirse a las administraciones públicas una inversión sostenida y eficiente para adecentar algunas vías en situación indecorosa, y para eliminar puntos negros por todos conocidos. Países con una arraigada cultura de seguridad vial, como Suecia, Reino Unido y Holanda, presentan un índice de mortalidad en carretera por habitante inferior en un 50 por ciento al de España. Los poderes públicos, las asociaciones profesionales, los conductores y la sociedad civil en general tienen el deber de sumar esfuerzos, y de no actuar cada uno por su lado. El carné por puntos es, sin duda, una medida positiva, y debe producir a medio plazo buenos resultados. Si no es suficiente, habrá que seguir buscando soluciones. S LA BATALLA DE MADRID ALVO sorpresa- -no descartable- -en forma de elecciones generales anticipadas, el próximo curso político vendrá marcado por la celebración de los comicios municipales y autonómicos. Está en juego, en este caso, no sólo una cuota sustancial del poder territorial, sino también la expresión popular sobre la correlación de fuerzas en el mapa político nacional. Una apuesta decisiva, por tanto, para los partidos políticos y sus aparatos de poder en los diferentes niveles. Más allá del resultado global, y de hipótesis razonables de cambio en alguna comunidad autónoma, la lectura política dependerá decisivamente de los resultados en Madrid. El PSOE parece no encontrar una alternativa mejor que Rafael Simancas para las elecciones regionales, a pesar de que su labor como jefe de la oposición apenas ha creado problemas a Esperanza Aguirre. En cambio, como informa hoy ABC, está decidido a apostar fuerte por la Alcaldía madrileña. La opción de Javier Solana, avalado por su presencia durante largos años en primera línea de la política internacional, significa que Zapatero lanza un órdago para lograr una victoria emblemática. No se trata sólo de recuperar a Trinidad Jiménez, persona de su círculo más próximo, para tareas de alcance nacional, sino- -sobre todo- -de desplazar al PP de la Alcaldía de la capital, cortar en seco las aspiraciones del alcalde y poner rumbo a la renovación de la mayoría electoral obtenida en las dramáticas circunstancias del 14- M. Así pues, si Solana acepta el reto, Ruiz- Gallardón se enfrentaría a un rival de su talla, dispuesto a utilizar todos los flancos débiles que le ofrezca el PP, polémicas estériles incluidas. Para bien y para mal, Madrid es algo más que una gran urbe con problemas específicos de gestión. Es también una ciudad con mentalidad y vocación de capitalidad, cuyos ciudadanos son muy capaces de olvidar los intereses locales para votar en función de criterios de política general. Sin embargo, no hay que ignorar la faceta estrictamente S municipal. Las obras, las zanjas, los atascos, la inseguridad o los parquímetros tendrán un papel relevante, sin duda. En este aspecto, hay colectivos que rechazan elementos concretos de la gestión del equipo actual. Pero conviene recordar que Solana es un madrileño que hace muchos años que no vive en su ciudad, y que desconoce por completo los aspectos más prosaicos de la realidad cotidiana. Cuenta, no obstante, con el apoyo decidido del Gobierno, dispuesto a volcarse si ganan sus candidatos, a diferencia de la acción discriminatoria que mantiene hacia la capital a día de hoy. El pasado viernes, informaba ABC sobre las plusvalías por valor de 2.000 millones en operaciones urbanísticas en Madrid que obtendrá el Ejecutivo central, derivadas en particular de las operaciones Campamento y Chamartín. Parece claro que tales beneficios no se van a reinvertir en la ciudad y en la región; por ejemplo, la intención de Fomento es que buena parte de los 1.200 millones en plusvalías de la operación Chamartín sirvan para financiar las obras del AVE a Valladolid. En todo caso, más allá de rematar infraestructuras ya previstas como la T- 4 de Barajas, la cifra de inversiones del presupuesto estatal para Madrid se ha ido reduciendo significativamente en cada ejercicio. Alguien ha dicho que Zapatero sólo se acuerda de Madrid cuando necesita dinero, y los socialistas tendrán que luchar durante la campaña para desvirtuar esta opinión muy extendida. Desde una perspectiva nacional, el choque entre los dos pesos pesados se plantearía con un perfil claramente centrista. De hecho, Gallardón deberá superar las reticencias que provoca en un sector de su propio electorado, y también las secuelas de la escasa sintonía entre ayuntamiento y comunidad autónoma. Pero también Solana, tendría difícil convencer al sector más radical de la izquierda madrileña, incluidos los votantes de IU. La batalla política por Madrid, si Solana da el paso, promete emociones fuertes. EL ESTATUT, EN MANOS DEL CONSTITUCIONAL L PP presentó ayer el recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Estatuto de autonomía de Cataluña. Mariano Rajoy y la dirección del PP cumplen así un compromiso coherente con el criterio político que han mantenido a lo largo del debate estatutario. La oposición popular se ha basado en la denuncia de los efectos negativos de este nuevo Estatuto sobre la definición nacional de España y el Estado de las autonomías, y por su naturaleza de reforma constitucional encubierta. Culminado el proceso legislativo, con la aprobación de la ley y su posterior refrendo popular, el recurso de inconstitucionalidad lleva las críticas del PP a una institución cuya función es, precisamente, velar por la constitucionalidad de las leyes. Por otro lado, el recurso de inconstitucionalidad- -plasmado en un largo escrito que desgrana las principales vulneraciones que, a juicio del PP, comete contra la Constitución de 1978- -tiene un claro apoyo en los debates técnicos que provocaron los sucesivos borradores del Estatuto. Recuérdese que el Gobierno eludió la opinión del Consejo de Estado por temor a un dictamen en contra, pero, al mismo tiempo, recibió opiniones muy negativas de expertos contratados por el PSOE y el Ministerio de Administraciones Públicas. En términos similares se manifestó el Consejo General del Poder Judicial, limitando su informe a la quiebra del principio de unidad jurisdiccional. Puede, además, que el recurso del PP no sea el único, a tenor de las E palabras del Defensor del Pueblo, quien no lo ha descartado. La proximidad de las autonómicas en Cataluña hace aún más oportuno el recurso interpuesto por el PP, visto que ya se han desatado las primeras polémicas entre nacionalistas y socialistas, e igualmente se anticipan los resultados del modelo confederal que instaura el Estatuto en propuestas políticas y en leyes autonómicas. No sólo se están preparando leyes inaplicables en Cataluña- -Régimen Local, Estatuto básico de la Función Pública- sino que ya se han aprobado otras que anticipan la quiebra de amarras con las instituciones comunes- -como la ley catalana de Colegios Profesionales- Además, los partidos catalanes no dudan en armarse electoralmente a cuenta del Estatuto, bien sea por el escándalo del aeropuerto de El Prat- -cuya gestión reclaman los partidos nacionalistas- bien sea por el anuncio de que ambos gobiernos van a poner en marcha la comisión bilateral entre Cataluña y Estado, lo que ha desatado las críticas de CiU. Lo cierto es que este Estatuto nació, ante todo, como una componenda entre Rodríguez Zapatero y Artur Mas. Es una creación política, pensada para dar réditos a sus promotores, y como tal va a ser utilizado, como una fuente de beneficios electorales que lo justificaron todo, incluso confirmar a la sociedad catalana que su nuevo Estatuto está animado por las expectativas de una clase política absorbida por el afán de perpetuar el régimen de reparto del poder.