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ABC LUNES 31 7 2006 Madrid 37 La Comunidad ejerce por primera vez su derecho preferente para adquirir pisos protegidos en venta Hace unas semanas compró una vivienda de 75 metros en Carabanchel por 136.746 euros b El derecho de tanteo y retracto Vida útil de un piso protegido Una vivienda social tiene una vida útil diferente según sean sus características. En el caso de los inmuebles en venta, tienen un periodo activo de 15 años, según el Plan regional, y de 30 años, según el Plan estatal. Estos inmuebles no pueden ser vendidos durante los primeros cinco años de ocupación, salvo excepciones por desempleo u otras causas. Este plazo es válido también también para las viviendas en alquiler. Desde el sexto hasta el décimoquinto año puede ser vendida a precio tasado y con autorización de la Administración. Transcurridos quince años se puede pedir la desclasificación de la vivienda y, previo pago de las bonificaciones obtenidas para la adquisición de dicho inmueble, pasaría a formar parte del mercado libre. El pago de las bonificaciones dependerá del tiempo de vida que tiene dicho inmueble. es la principal medida que puede aplicar el Ejecutivo regional para luchar contra el fraude en la venta de viviendas protegidas MIGUEL OLIVER MADRID. La Comunidad de Madrid ha adquirido una vivienda protegida usada por su precio oficial al ejercer su derecho de tanteo por primera vez en la historia, una medida que pretende evitar el fraude en el mercado de vivienda protegida de segunda mano. A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha un conjunto de medidas para aumentar el control en los actos de compraventa de pisos protegidos usados. El pasado octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó la Orden de Tanteo y Retracto por la que autorizaba al Ejecutivo regional a adquirir con carácter preferente cualquier vivienda que se ponga en venta en segundas o sucesivas transmisiones, siempre que se mantenga dentro del régimen de protección pública. En ejercicio de este derecho, el Gobierno de Aguirre ha adquirido una vivienda protegida del PAU de Carabanchel, promovida en régimen de cooperativa y cuyos propietarios habían comunicado al Ejecutivo regional su intención de venderla. Se trata de un piso social de 75 metros cuadrados útiles, más garaje y trastero, por el que se ha pagado 136.746 euros, a razón de 1.474 euros por metro cuadrado, el precio oficial fijado actualmente para el municipio de Madrid. Muchas familias que acceden a un piso social no dudan después en venderlo cios Jurídicos de la Comunidad un informe sobre el procedimiento a seguir. En virtud de la Orden que regula los derechos de tanteo y retracto, los propietarios de las viviendas de protección pública y suelos calificados para la construcción de viviendas protegidas que quieran venderlos tienen que solicitar autorización a la Comunidad para poder enajenar estos bienes. La Dirección General de Arquitectura y Vivienda cuenta con un registro de so- ABC El Gobierno de Aguirre ha denunciado a un propietario que decidió poner en venta su VPP sin antes comunicarlo licitudes de venta y comunicaciones de compra de vivienda protegida. Una vez recibida la intención de venta, el Ejecutivo podrá ejercer el derecho de tanteo, que consiste en la posibilidad de adquirir la vivienda con preferencia frente a cualquier otro comprador y al precio oficial de la vivienda protegida correspondiente. Si el vendedor acepta la venta de la vivienda protegida, la Administración regional le abonará de inmediato el valor del piso. Acuerdo con notarios y registradores En caso de realizarse la compraventa de un piso protegido entre particulares, el comprador deberá informar a la Comunidad sobre esta transacción entregando una copia de la escritura. La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá entonces ejercer el derecho de retracto, en el plazo de 10 días, y adquirir la vivienda al precio oficial. Para facilitar este ejercicio, la Comunidad ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Notarios de Madrid por el cual estos profesionales informarán al comprador de sus obligaciones como adquirente de una vivienda con protección pública y, a su vez, remitirán a la Comunidad un informe que certifique que se ha realizado una compraventa de vivienda pública. Igualmente, la Consejería firmó un convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para que los inspectores de la Comunidad tengan acceso directo a la base de datos del colegio, facilitando así la labor de los inspectores de vivienda. Gracias a esta conexión directa los inspectores pueden acceder a estas operaciones de compra- venta para aumentar su control sobre este sector. Partida presupuestaria Este piso será asignado al Ivima para que después lo adjudique según los criterios de acceso a una vivienda protegida. La Comunidad, que cuenta con una partida presupuestaria destinada específicamente al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, tiene la intención de continuar ejerciendo su derecho de compra preferente en los próximos meses. Pero el mercado de la protección pública no vive al margen del fraude. El mismo día en que se llevó a cabo la adquisición de dicho inmueble, la Comunidad había citado a otro vendedor de vivienda protegida para realizar una segunda compra que no se personó. El Ejecutivo regional ha iniciado las acciones legales pertinentes contra el propietario, solicitando a los Servi-