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12 Nacional EL DESAFÍO DEL ESTATUTO CATALÁN LUNES 31 7 2006 ABC El PP abre su ofensiva jurídica contra un Estatuto que deja tocado el cuerpo legislativo nacional Los populares, que recurren hoy al TC, cifran en 30 las leyes estatales que será necesario modificar b Aunque de formalmente el Esta- tuto catalán entra en vigor el 9 de agosto, su plena efectividad no será posible hasta que se adapten los textos y los órganos del Estado CRISTINA DE LA HOZ MADRID. El código genético del nuevo Estatuto de Cataluña obliga a modificar una treintena de Leyes Generales del Estado, paso previo para garantizar la plena efectividad del texto catalán. Ésta es la conclusión a la que han llegado los servicios jurídicos del PP después de pasar meses inmersos en el estudio de sus 223 artículos y quince disposiciones adicionales. Las leyes afectadas, bien a consecuencia de la bilateralidad encumbrada en el texto, de la participación de la Generalitat en una serie de órganos estatales, de la reconocida capacidad de codecisión o del nuevo reparto competencial, deja tocado en definitiva, a todo el cuerpo legislativo español, según denuncian en el partido de la calle Génova. No son los únicos argumentos pero sí una parte importante del recurso que presentarán hoy ante el Tribunal Constitucional en nombre de su partido los populares Soraya Sáenz de Santamaría y Federico Trillo, como arranque de la ofensiva jurídica del PP para frenar la deriva de un Estatuto que a su juicio choca con el tronco legislativo del Estado. Aunque de manera formal el Estatuto catalán entrará en vigor el 9 de agosto, -transcurridos los veinte días preceptivos desde su publicación en el BOE- su plena efectividad no llegará hasta que la legislación básica y muchos organismos estatales se adapten a los nuevos tiempos. En el capítulo de la Justicia, habría de modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar efectividad a la regulación del Consejo de Justicia, así como las relativas a la planta y demarcación judiciales según indica un documento que maneja el PP. Además, la configuración del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia, salvo la unificación de doctrina, implicará cambios en las leyes procesales, de forma especial en la ley de Enjuiciamiento Civil y, en su caso, Criminal. También habría de modificarse, en este capítulo, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a fin de dar cobertura a la figura y funciones del Fiscal Superior de Cataluña. el informe del PP, a fin de dar cumplimiento, por una parte, a la participación de la Generalitat catalana en organismos estatales, así como para dar cuenta del principio de bilateralidad. En lo que afecta al nuevo reparto competencial, el Estatuto- -sometido a referéndum de los ciudadanos catalanes el pasado 18 de junio- -incide en un buen número de leyes del Estado que o bien no prevén los procedimientos de codecisión con la Generalitat o contemplan una regulación diferente a la impuesta por la reforma estatutaria Aquí la enumeración del informe realizado por el PP también es bastante exhaustivo. Órganos rectores Las leyes que deberían ser modificadas en este apartado son: la de Organización y Funcionamiento de la Administración Básica del Estado; la Ley Básica de Función Pública; la General de Subvenciones además de la Ley Reguladora de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro; la de Disciplina e Intervención bancaria; la normativa reguladora de los distintos sectores energéticos y de telecomunicaciones; la Ley de Ordenación del transporte terrestre; la de Puertos además de otras leyes reguladoras de infraestructuras de competencia estatal; Ley y Reglamento de Extranjería; Ley ordenadora de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social; el procedimiento de concesión de indultos; la Ley de Montes; la de ordenación del Comercio Minorista, y hasta la normativa de protección de Consumidores y Usuarios. Asimismo, en materia económica y financiera, están en el listado de normas susceptibles de modificación para que el nuevo Estatuto catalán sea plenamente efectivo: la LOFCA, la Ley de Cesión de Tributos y la de desarrollo del modelo de financiación, la General Tributaria, la de Haciendas locales y la Ley reguladora del catastro. Rajoy muestra el Pacto del Tinell en uno de los debates sobre el Estatuto no las sacase adelante con el apoyo de algún otro grupo parlamentario. La lista de posibles cambios, que es prolija, se extiende a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como las leyes reguladoras de los órganos de dirección del Banco de España, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social, Agencia Tributaria. Comisión IGNACIO GIL Nacional de la Energía, Agencia de Protección de Datos, Consejo de RTVE, CNMV y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, además del resto de organismos económicos y energéticos y empresas públicas del Estado cuya competencia se extienda al territorio de Cataluña y que no sean objeto de traspaso Todo ello, agrega ERC, CiU e ICV arremeten contra el Defensor del Pueblo por anunciar un recurso contra el texto catalán ABC MADRID. El anuncio del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el nuevo Estatuto de Cataluña ha desatado las iras de los partidos nacionalistas. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, afirmó que no le sorprende el anuncio de Múgica, ya que considera que es una decisión coherente con su militancia Mayoría absoluta La modificación de las Leyes Orgánicas exige, según marca la Constitución en su artículo 81.2, la mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, esto es, 176 diputados. No hay, pues, dificultades aritméticas para que el Gobier- catalanófoba Además, Tardá aseguró que el recurso del Defensor del Pueblo entra en su hoja de ruta ya que, a su juicio, desde que asumió el cargo, se ha dedicado a sabotear la normalización de la lengua catalana Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, dijo que es una lástima que Múgica siga manteniendo unas tesis tan centralistas y tan antiautonómicas Tesis que, según Sánchez Llibre, son parecidas las que defiende el PP. Más lejos aún fue el diputado de ICV Joan Herrera, quien pidió que Múgica presente su dimisión porque por cuestiones partidistas se está equivocando en su actividad profesional. Según Herrera, Múgica deja de ser el Defensor del Pueblo porque utiliza el cargo en defensa de sus propios intereses Además, en relación a las críticas que ERC y CiU han hecho a Múgica, Herrera ha recordado que los republicanos votaron a favor de su nombramiento, que CiU se abstuvo y que sólo votaron en contra IUICV y el PNV, cuando ya se podía prever que Múgica tendría estas actitudes en cuestiones relacionadas con Cataluña y el País Vasco