ABC MADRID 29-07-2006 página 12
- EdiciónABC, MADRID
- Página12
- Fecha de publicación29/07/2006
- ID0005378527
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12 Nacional LEY DE VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA SÁBADO 29 7 2006 ABC LA REHABILITACIÓN MORAL Y ECONÓMICA El Gobierno tiende la mano al PP para cerrar con honor para todos la página de la Guerra El Consejo que emitirá las declaraciones personales de rehabilitación moral exige su voto favorable adelantó el jueves a los portavoces parlamentarios el contenido del proyecto de ley, que ayer aprobó el Consejo de Ministros GONZALO LÓPEZ ALBA MADRID. El Gobierno aspira a conseguir el consenso de todas las fuerzas parlamentarias para cerrar con honor y dignidad para todos, sin reabrir un pasado que en ocasiones sigue provocando sentimientos encontrados, un capítulo trágico de nuestra Historia -la Guerra Civil y la dictadura- Con este propósito, según destacó la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que ha coordinado durante casi un año y medio los trabajos preparatorios, ha optado por dotar de un contenido razonable el proyecto de ley que, finalmente, se denomina de reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura El propio título tiene mucha importancia a juicio del Ejecutivo por cuanto, al renunciar a la controvertida denominación de memoria histórica deja constancia de que su finalidad no es reescribir la Historia y sitúa en su frontispicio el mismo espíritu de conciliación y concordia que ha caracterizado los últimos treinta años Al mismo tiempo, según De la Vega, reafirma la extensión de los derechos de los ciudadanos como seña de identidad del Gobierno El proyecto de ley, cuyas líneas esenciales adelantó ABC el jueves, incluye la concesión de declaraciones personales de rehabilitación moral que serán otorgadas por un Consejo cuya composición habrá de aprobarse por 3 5 del Congreso de los Diputados, previsión que entraña en sí misma una mano tendida al consenso con el principal partido de la oposición, ya que, para alcanzar esa mayoría, resultará imprescindible el concurso del PP. De la Vega adelantó el jueves su contenido a los portavoces parlamentarios, y, según fuentes próximas, el del PP, Eduardo Zaplana, le manifestó que, si la norma se atiene a los criterios que le facilitó, puede haber margen para el acuerdo Lo mismo espera el Gobierno que ocurra con IU y ERC, mientras que da por casi seguro el apoyo del PNV y CiU. A finales de agosto habrá otra ronda de conversaciones. b La vicepresidenta primera De la Vega informa de los acuerdos del Consejo de Ministros CHEMA BARROSO cho de todos los ciudadanos a la reparación de su memoria personal y familiar al proclamar la injusticia de las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la Guerra Civil, cualquiera que fuera el bando o la zona en que se encontraron quienes las padecieron, así como las sufridas por las mismas causas durante la dictadura Como complemento y desarrollo, se establece un procedimiento específico para obtener una declaración personal de reconocimiento y reparación que se abre como un derecho a todos los perjudicados y que podrán ejercer ellos mismos, sus familiares o determinadas instituciones a las que hubieran estado vinculados. Esta última previsión permitirá que, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña reclame esa declaración para Lluís Companys. Para emitir esas declaraciones se creará una Comisión Interministerial que, a instancias de la parte reclamante, se encargará de recabar y aportar la documentación que exista. La decisión, favorable o contraria, la adoptará un Consejo creado al efecto, que estará compuesto por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito de las Ciencias Sociales y que serán elegidos por mayoría cualificada de 3 5 del Congreso de los Diputados. Esa declaración de reconocimiento, aunque sea real por cuanto será escrita y publicada en el Boletín Oficial del Estado, tendrá un carácter meramente simbólico o moral En este sentido, el proyecto de ley establece que en ningún caso tendrá validez a efectos de reclamaciones patrimoniales o profesionales, ni ante el Estado ni ante ninguna otra Administración Pública, como tampoco tendrá validez jurídica concreta aunque nada impide que quien quiera entablar un procedimiento judicial la pueda aportar como un documento más. Rajoy acusa a Zapatero de generar tensiones y la Generalitat avisa al Ejecutivo que irá a los tribunales ABC MADRID BARCELONA. El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, acusó ayer al Gobierno socialista de generar tensiones y problemas con la nueva ley. Durante una conferencia impartida dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense, Rajoy aseguró que el texto del Ejecutivo es un error que no sirve a ningún efecto y rompe el acuerdo de mirar hacia el futuro que los españoles alcanza- Declaraciones de reparación moral El proyecto de ley tiene veinticinco artículos. Del quinto al séptimo se hace, a través de la propia ley, un reconocimiento general y solemne del dere- ron al aprobar en referéndum la Constitución en el año 1978. El líder de la oposición considera que la mayoría de los españoles no quieren una revisión de la historia como tampoco desean tener que hablar ni de la República ni de Franco El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, aseguró que el proyecto del Gobierno no es motivo de alegría para los republicanos y la izquierda en general, porque se trata de un texto descafeinado con el objetivo de evitar la confrontación con la derecha Mientras tanto, el Gobierno catalán expresó su disconformidad con la iniciativa por boca de su portavoz, Joaquim Nadal, quien advirtió de que la Generalitat continuará reclamando por otras vías la anulación de los juicios sumarísimos durante la época franquista. El pasado 18 de julio, la Generalitat insistió en solicitar al Gobierno de Zapatero la revisión y anulación de las sentencias de los tribunales militantes como el que condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys. La demanda iba incluida en la declaración institucional del Gobierno catalán con motivo del 70 aniversario del inicio de la Guerra Civil.