Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión SÁBADO 29 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil OPAS Y LEY DEL MERCADO A Comisión Nacional de la Energía ha aceptado, con diecinueve condiciones, la opa de la alemana E. ON sobre Endesa. Esta decisión, al margen de otras consideraciones pertinentes, habrá que analizarla a luz de los principios elementales que garantizan el buen funcionamiento de una economía competitiva, como son la apuesta por un mercado energético abierto, eficiente, seguro, sin restricciones ni limitaciones que entorpezcan las leyes del mercado y ajeno a estériles barreras en un mundo globalizado o trasnochados nacionalismos económicos. Y, desde luego, sin intervencionismos casi siempre teñidos de intereses partidarios. Decisiones que deben permitir, además, la libre expresión de los accionistas, verdaderos dueños de la empresa, que en última instancia aceptarán o rechazarán cada oferta que se les presente. Si la suma de Endesa y E. ON beneficia a sus accionistas, generando para ellos más valor con la creación de una empresa más fuerte, que evite además la deslocalización, asegure un mejor y más barato suministro energético y respete las normas de competitividad, bienvenida sea, al igual que otras ofertas que cumplan estos mismos requisitos. Con esas premisas deben actuar los organismos reguladores, buscando también la máxima independencia, y sordos a las presiones políticas, siempre interesadas. Entre las condiciones con las que la CNE aprobó la oferta de compra de Endesa por E. ON destacan, por su trascendencia, la exigencia de poner a la venta algo más de un tercio de la producción actual de la eléctrica española, incluidos activos considerados estratégicos, como la central nuclear de Ascó y las térmicas de carbón; la cesión de la gestión del resto de nucleares en las que participa Endesa; la venta, asimismo, de todos los sistemas eléctricos insulares, Baleares y Canarias, y los de Ceuta y Melilla, además de la obligatoriedad de vender Endesa en el caso de que en el plazo de diez años alguien adquiera directa o indirectamente más del 50 por ciento de E. ON. Igualmente se exige el mantenimiento durante diez años de Endesa como cabecera matriz de su grupo, con domicilio social y los órganos de administración en España, y la obligación de mantener las inversiones comprometidas por la sociedad que preside Manuel Pizarro. La propia E. ON ha calificado las condiciones de injustificadas y amenaza con nuevos recursos judiciales, que vendrían a sumarse a los que ya mantienen paralizada cuatelarmente la opa de Gas Natural, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Convendría rebajar el ruido que hasta ahora ha rodeado a las ofertas de compra de Endesa, y centrar los análisis en la conveniencia o no de cada proyecto industrial, salvaguardando las necesarias normas de un mercado competitivo y abierto. Y siempre pensando en los intereses de los accionistas, que no deben ser tratados como meros convidados de piedra. L MAQUILLAJE PARA UNA LEY INNECESARIA L Consejo de Ministros aprobó ayer un proyecto de ley de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Se trata del texto con que el Gobierno intenta encauzar la polémica que él mismo provocó sobre la memoria histórica acerca de la contienda civil que asoló España entre 1936 y 1939. Es cierto que tanto el título de la futura leycomo algunos de sus contenidos reducen el tono inicial de la iniciativa- -echando mano de la ambigüedad en las referenciasa las víctimas de uno y otro bando e incluso habilitando una comisión de expertos cuyos miembros tendrán que ser consensuados con el PP, al requerir su elección mayoría parlamentaria de tres quintos de la Cámara- pero no eliminan el revisionismo ideológico de aquel período trágico y de sus consecuencias. Por eso, la izquierda más extrema se siente engañada ante las expectativas creadas, mientras que el Partido Popular se ratifica en su crítica. Además, el Gobierno llega doblemente tarde a esta especie de intolerable redención de la sociedad española por sus carencias democráticas. Por un lado, gran parte del daño ya está hecho, al haberse alimentado una discordia que la sociedad española ya tenía superada con el consenso constitucional de 1978. Las encuestas demuestran que el viaje al pasado que pretende el Gobierno no es compartido por los españoles, sin perjuicio de que se acepten pacíficamente los actos de reparación de cuantas secuelas hayan dejado las injusticias delperíodo preconstitucional. Según datos del propio Gobierno, en los últimos años se han resuelto 574.000 expedientes de pensiones e indemnizaciones por razón de la Guerra Civil y de la dictadura. Pero hay una gran diferencia entre hacer justicia e imponer una interpretación sesgada de la historia. Por otro lado, resulta un contrasentido que el Gobierno apele a la generosidad de la sociedad española y elogie la política de reconocimiento y rehabilitación de las víctimas del franquismo llevada a cabo en los últimos treinta años y, a la vez, patrocine un proyecto de ley que se sustenta en la idea de E que ni la sociedad ha sido suficientemente generosa ni la democracia ha sido suficientemente justa. Ciertamente, el Gobierno, en esta ocasión, está muy por debajo del buen sentido de los españoles, que han sabido tratar su memoria histórica colectiva sin necesidad de ley alguna y han transformado la diferencia ideológica en un valor democrático, no enuna causa de división. Lo que ahora pretende resolver Zapatero ya estaba resuelto desde 1978 y de mucha mejor manera. Podían haberse aprobado medidas específicas de reconocimiento individual o sectorial, como las realizadas hasta ahora, pero se ha optado por una ley que, de partida, muestra un paternalismo cínico al pretender cerrar heridas que ya estaban cerradas y que si por algo se han abierto ha sido por el discurso revanchista de la izquierda. En este sentido, el reconocimiento a las Brigadas Internacionales, mediante la concesión de la nacionalidad española, o a las personas que perdieron la vida entre 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 realizando actividades en defensa de la democracia -según la reseña oficial del Consejo de Ministros- será motivo de nuevas disputas, en las que no faltarán réplicas académicas y políticas sobre el papel de unos y otros. No estaría de más cuidarse de dar legitimidad a todo aquél que dijo luchar por la democracia, cuando realmente defendía lo contrario, y más aún de justificar actos de violencia. A ETA, por ejemplo, no se le cae de la boca la exigencia de una solución democrática para el llamado conflicto vasco El Gobierno abrió la caja de los truenos de la memoria histórica y se ha encontrado con que la memoria no es patrimonio de la izquierda. Ha reducido el nivel destructivo de lo que se anunciaba como proyecto de ley, pero, aun así, el texto aprobado ayer sigue siendo un instrumento estratégico para avanzar en un proceso político cuyo objetivo es cuestionar las bases del consenso constitucional de 1978 y favorecer esa nueva transición que ansían la izquierda y el nacionalismo para hacer una nueva transición, sin la generosidad ni el acuerdo de hace tres décadas. EL CASO INSÓLITO DEL SOPLÓN L Gobierno socialista tiene un grave problema en la Comisaría General de Información. Según desveló ABC ayer, a este órgano policial, de máxima importancia en la lucha antiterrorista, pertenecía el teléfono móvil desde el cual se avisó al empresario vasco Joseba Elosúa de que estaba siendo investigado por participar en la red de extorsión de ETA. El asunto está en manos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien prosigue las diligencias abiertas por el juez Fernando Grande- Marlaska. Los datos conocidos hasta el momento constan en un informe de la Guardia Civil y, gracias a las posibilidades técnicas que ofrece la telefonía móvil, se considera que pronto podrá identificarse al autor del chivatazo. La gravedad de este hecho es insólita y no sirve de nada echar tierra encima o implantar la ley del silencio: Rajoy ya ha anunciado que su partido solicitará a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados la comparecencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Gobierno se enfrenta a lo que puede ser el mayor escándalo de la legislatura, porque se trataría de un acto de colaboración con banda armada perpetrado desde el núcleo duro de la seguridad del Estado. En este sentido, es necesario salvaguardar la dignidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que han sido y son decisivas en la lucha contra toda clase de terrorismo, por la que han pagado un alto precio en vícti- E mas mortales y heridos. Lo que ayer desveló ABC debe prejuzgarse como un caso de responsabilidad individual, no colectiva, mientras no haya pruebas inequívocas que digan otra cosa sobre quién lo hizo y quién lo ordenó. Aun así, el Gobierno no debe refugiarse en la instrucción judicial para eludir una respuesta propia a las múltiples interrogantes que provoca este suceso. Urge disipar cualquier sombra de duda, porque no se trata de un empresario de la construcción, ni de un deportista sospechoso de dopaje. Todo apunta a un funcionario público que, al parecer, decidió contribuir al proceso de paz torpedeando una investigación judicial antiterrorista de la que tenía conocimiento por razón de su cargo y para lo que utilizó medios materiales del Ministerio del Interior. Lo grave de esta explicación- -echar una mano al proceso de negociación con ETA- -es que sirve para actuar de la misma manera en cualquier otra ocasión o, incluso, para actuar de forma contraria, por qué no, con ánimo de perjudicar al Gobierno. En todo caso, es preocupante la mera posibilidad de que desde instancias públicas haya quien crea que el proceso de paz requiere poner zancadillas a los jueces y encubrir a colaboradores del terrorismo. El desorden que está caracterizando la negociación con ETA tiene costes como éste: el de llegar a confundir a un funcionario público sobre su verdadero deber en una lucha que tendría que seguir siendo antiterrorista.