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4 Opinión VIERNES 28 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SESEÑA: SE ESTRECHA EL CERCO A Fiscalía Anticorrupción ha decidido abrir una investigación sobre el PAU de Seseña, donde el constructor Francisco Hernando, conocido como El Pocero está edificando más de 13.500 viviendas, una auténtica macropromoción inmobiliaria que, a partir de ahora, va a pasar el filtro de la legalidad penal. Las diligencias de la Fiscalía- -paralelas a la de la Agencia Tributaria sobre las cantidades percibidas por la empresa de Hernando en las compraventas realizadas- -tienen su origen en una denuncia del actual alcalde de la localidad, Manuel Fuentes, de Izquierda Unida, y se basa en diversas irregularidades en el procedimiento administrativo de recalificación del suelo donde se levanta la urbanización de Hernando, que pasó de rústico a urbanizable sin pega alguna, pese a lo inhóspito de su localización y las dificultades para el suministro de agua. La decisión del Ministerio Fiscal no prejuzga la comisión de ningún delito, porque se trata de una investigación preliminar sin carácter judicial. No obstante, en el comunicado de la Fiscalía Anticorrupción se afirma que las irregularidades denunciadas podrían constituir delitos continuados de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos. Mucho ladrillo y mucha sospecha son ingredientes suficientes para que el fiscal se anime a investigar otro nuevo frente del desarrollo urbanístico, en un momento en el que la opinión pública está especialmente sensible con los casos de corrupción en este sector económico. Resultaría inoportuno ir más allá de lo que hasta ahora se conoce y extender las sospechas a unas u otras personas con nombre y apellidos, transformando las relaciones de amistad de Francisco Hernando con políticos de varios partidos- -algunas de ellas muy llamativas, bien es cierto, por el buen trato personal que les dispensaba Hernando- -en presunción de complicidad con las posibles irregularidades denunciadas. Las investigaciones del Ministerio Público y, si se produjera, la de los Tribunales de Justicia deben ser los cauces para dar respuesta a tantas preguntas como se han acumulado sobre esta mayúscula promoción inmobiliaria, cuya enormidad es, por sí sola, suficiente para llamar la atención de la opinión pública. Si, como ha dicho el presidente de la Junta de Castilla- La Mancha, José María Barreda, el procedimiento administrativo fue transparente, legal e impecable enseguida se verán tales virtudes con el archivo de las actuaciones incoadas por el Ministerio Fiscal. En todo caso, no habría estado de más que Barreda se hubiera resguardado en este momento, y también a su partido, el PSOE, principal responsable político y administrativo de las licencias y los acuerdos necesarios para recalificar el terreno y autorizar las obras de Hernando. Bastaría el traslado de las diligencias del Ministerio Fiscal al juez instructor para que Barreda se viera comprometido por sus palabras. Y no sólo Barreda. L PUJANZA EMPRESARIAL ESPAÑOLA AS empresas españolas están cosechando unos excelentes resultados semestrales: desde el sector financiero y bancario a las telecomunicaciones, en las constructoras y energéticas, en la industria o los servicios, las cifras de beneficios de esta primera mitad del año superan ampliamente las ya abultadas del pasado ejercicio, nuevas ganancias que se suman a las que ha propiciado en los últimos años la internacionalización de un creciente número de empresas españolas- -una de la asignaturas pendientes de nuestra economía- de cuyas compras en el exterior procede precisamente un alto porcentaje de sus beneficios actuales. Estos buenos números son, en primer lugar, el resultado de la gestión de unos empresarios que han sabido hacer bien sus deberes en tiempos difíciles- -reconversión y adaptación de sus compañías- -para aprovechar ahora las oportunidades de este largo ciclo de crecimiento económico, camino ya de los diez años y alentado por políticas económicas abiertas, ajenas a intervencionismos estériles. Una década de bonanza que ha favorecido la consolidación de empresas competitivas e internacionales, preparadas para sacar provecho de los bajos tipos de interés, el fuerte tirón de la demanda interna, la llegada generosa de fondos europeos o de oportunidades de compras aquí y fuera. Con más de 100.000 millones de euros durante este primer semestre destinados a estas compras, el triple que hace un año, las grandes compañías españolas han ampliado desde Iberoamérica a Europa su fuerte presencia exterior, en competencia franca con las mejores, especialmente en economías abiertas como la del Reino Unido, destino triunfante de Telefónica, Santander o Ferrovial. Todo un círculo virtuoso que, además de generar altos beneficios, ha creado un nutrido grupo de sociedades con amplia presencia internacional, verdaderas multinacionales. Desde el sector financiero, entre los más solventes del mundo, pasando por las telecomunicaciones, L el acero, el turismo, la moda o las concesiones y la obra pública, cada vez son más las empresas españolas que triunfan y se codean con las mejores y más preparadas, especialmente cuando encuentran mercados abiertos y sin intromisiones. Es éste un factor que no debería olvidar el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sabedor de que los poderes públicos deben acompañar la buena marcha de las empresas, sin estorbar ni entorpecer con intervencionismos interesados o con trabas gratuitas la libre competencia. Resulta urgente adoptar medidas que atajen los desequilibrios y los retos pendientes de nuestra economía, ya que, de lo contrario, afectarán a estos buenos resultados de las empresas, auténticos motores del crecimiento, el empleo y la creación de riqueza, Desequilibrios ya crónicos, como la alta inflación, que comprometen seriamente la competividad de las empresas, y un creciente déficit exterior, reflejo último de esos puntos negros de la economía española. Sobre la mesa se amontonan retos ya largo tiempo pendientes, a los que tampoco se enfrenta el Gobierno con decisión: una atávica baja inversión en investigación y desarrollo, además de una escasa utilización de la tecnología y de una formación eficaz. Urge la flexibilidad en el mercado laboral, que no se parchea con tímidas reformas, y nuevas medidas liberalizadoras en sectores con escasa competencia. A todas estas rémoras, propias de nuestra economía, se unen otros factores negativos, comunes a otros competidores, como el alto y sostenido precio del petróleo y una escalada en los tipos de interés que pone fin al dinero barato, dos peligros más perniciosos en el caso español por su alta dependencia energética. Cumplir con estos deberes y propiciar un marco general de abierta competencia, sin intervencionismos y restricciones más allá de las leyes del mercado, es la mejor garantía para mantener empresas fuertes y rentables, capaces de competir internacionalmente. EMBRIONES Y PROGRESO L AS investigaciones con células obtenidas de embriones humanos siguen suscitando controversia en una sociedad en la que surgen propuestas que revisan referencias, bien establecidas, sobre la significación de la vida humana. Desde una visión exigente sobre el valor de la persona es preciso asentar con firmeza unos principios cuyo valor se considera permanente, pero igualmente importante es la apertura a los nuevos hallazgos de la investigación. El intento de asegurar el éxito en la reproducción asistida ha venido generando un exceso de embriones crioconservados, sin posibilidad alguna de ser gestados y de los que algunas legislaciones, como la española, permitieron la obtención de células madre. La prohibición de crear deliberadamente embriones para otra finalidad que no sea la reproductiva, incluyendo la acumulación de embriones sobrantes, reforzaba el mencionado principio de protección de vida humana embrionaria, a la vez que los investigadores demostraban con creces que hay células madre en el adulto cuya obtención no comporta destrucción embrionaria y cuyo potencial es, al menos para algunos, muy importante desde el punto de vista de sus aplicaciones médicas en un contexto de seguridad. La reciente decisión del Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre investigación con células madre, de la que ABC se ha ocupado en detalle, ha representado un acercamiento entre posturas discrepantes. El VII Programa Marco de investigación no financiará investigaciones que supongan la destrucción continua de embriones humanos para obtener células madre, y en cambio posibilita investigar con las líneas ya existentes. Mientras tanto, las investigaciones en este campo progresan, sin duda, de muchas maneras, en buena medida mediante el estudio de las células madre adultas, que cada vez se perfila como una apuesta más segura y prioritaria. Los avances podrían incluso permitir disponer de células de origen embrionario sin recurrir a la destrucción de embriones, un ejemplo más de cómo el progreso científico resuelve también dilemas éticos. El concepto y las posibilidades de célula troncal- -concentrado en esa designación, casi mágica, de célula madre- -no se agotan, ni dependen en exclusiva de la interrupción del desarrollo de un embrión. El Gobierno español haría bien en no centrar su gestión en este campo, casi en exclusiva en la apuesta embrionaria, y debería prestar atención también a los sectores científicos y sociales convencidos de que el progreso de la medicina regenerativa es compatible con una protección exigente del embrión temprano, tal y como han defendido sin complejos ocho estados de la Unión Europea.