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ABC JUEVES 27 7 2006 Nacional EL DEBATE SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA 13 Hallada en La Palma una fosa de la Guerra Civil Familiares de los fusilados republicanos en enero de 1937, encontraron ayer una fosa con los restos de tres personas en el Pinar de Fuencaliente, en la isla de la Palma. Tras dos años de búsqueda, los investigadores indicaron que podría tratarse de los conocidos como los trece de Fuencaliente fusilados por el bando Nacional tras ser apresados en ese monte de la isla un año después del comienzo de la guerra. Los familiares aseguraron que la investigación comenzó por un artículo publicado en la prensa y que fue uno de los hijos de los fusilados, testigo de los hechos, el que ubicó la fosa. IU y ERC rechazan el texto del Gobierno y amenazan con una enmienda de totalidad El PP aplaude la rectificación del PSOE y que no salga adelante una ley radical y revisionista en que expertos juristas como Garzón y Jiménez Villarejo sostienen que es posible anular los juicios sumarios del franquismo J. L. LORENTE MADRID. Lo que comenzó siendo una concesión a Izquierda Unida y Esquerra Republicana va a terminar dando la puntilla a las maltrechas relaciones del PSOE y sus- -hasta ahora- -socios parlamentarios. La ley de Memoria Histórica, que los socialistas impulsaron por la presión de IU y ERC, puede dinamitar la política de alianzas del grupo mayoritario en la Cámara Baja, volcado ahora en contentar a CiU y el PNV. El enfado con el Gabinete socialista que ayer tenían los socios de izquierdas del PSOE era monumental. No sólo les ha molestado que el Gobierno trate de suavizar el texto de la futura ley, sino que se hayan tenido que enterar por la prensa de las pretensiones del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Precisamente, Gaspar Llamazares y Joan Herrera- -de IU- -se quejaban ayer amargamente de que el último contacto con el Gobierno para analizar la futura ley se produjo hace casi seis meses. En este escenario, Izquierda Unida y Esquerra Republicana dan por hecho que el texto que hoy aprobará el Consejo de Ministros no será tan ambicioso como ellos esperaban y, por eso, amenazaron con presentar una enmienda de totalidad durante b Izquierda Unida insiste REUTERS La ley que prepara el Ejecutivo obligará a la Administración a dar ayuda para localizar y exhumar cadáveres damente medio millón de personas. La última medida de esta carácter fue aprobada precisamente a iniciativa de José Luis Rodríguez Zapatero, que, como diputado de la oposición, logró en la legislatura 1996- 2000 que el Gobierno del PP le aceptara una enmienda por la que se incorporó en los Presupuestos del Estado una partida de 14.000 millones de pesetas para equiparar las pensiones de los militares de la República a las pensiones del resto de los profesionales de la milicia. los de la otra parte de modo que nadie se sienta menos representado o reflejado en el recordatorio histórico. Asimismo, se reconocerá el derecho a recibir la ayuda necesaria de la Administración para averiguar el paradero de familiares desaparecidos o exhumar sus cadáveres, para recuperar documentos privados o para obtener alguna reparación a título particular -en función de cada caso- siguiendo el criterio de que al Gobierno corresponde garantizar que los ciudadanos puedan ejercitar su derechos o tenerlos cuando no se han visto reconocidos. En esta filosofía se enmarcan también las prestaciones de carácter económico- -el anteproyecto irá acompañado de una memoria específica- que están orientadas básicamente a la actualización de algunas pensiones o el reconocimiento de derechos por orfandad, ya que a lo largo del periodo democrático esas prestaciones ya se han visto reconocidas para aproxima- la tramitación parlamentaria, si no recoge la anulación de los juicios sumarios del franquismo. Llamazares advirtió al Gobierno de que una ley alicorta tendrá un doble coste para el Ejecutivo. A su juicio, por una parte, una frustrará y decepcionará a las formaciones que la han promovido, a las asociaciones de la recuperación de la memoria y a los propios republicanos, pero también suscitará críticas en el Partido Popular. IU insiste en que expertos juristas como Baltasar Garzón y Carlos Jiménez Villarejo sostienen que es posible anular estas sentencias porque las dictaron personas elegidas por el gobierno franquista. Un fraude a los represaliados Por su parte, el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardá, avanzó que su grupo también presentará una enmienda de totalidad si el texto del Gobierno no incorpora la anulación de los juicios sumarísimos, porque, de ser así, habría un fraude a la memoria de todos los represaliados Además, Tardá recordó que en 2004 el Congreso aprobó con los votos de todos los grupos, a excepción del PP, una proposición no de ley que reclama la anulación del proceso que condenó a muerte al que fuera presidente de la Generalitat Lluís Companys. Mientras tanto, el diputado del PP Manuel Atencia considera que el jefe del Ejecutivo se ha dado cuenta de la dificultad que entraña hacer una norma radical y revisionista sobre las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Reconocimiento de condena injusta En cuanto a la pretensión de que que se anulen las condenas dictadas en juicios sumarísimos, se ha descartado entre otras razones porque, según fuentes gubernamentales, hay precedentes del Tribunal Constitucional que establecen que la causa juzgada no puede ser revocada. No obstante, no se descarta incluir alguna fórmula que permita el reconocimiento a título particular de que la condena fue injusta.