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ABC MARTES 25 7 2006 Nacional 25 Rubalcaba anuncia sanciones muy duras para los polícías del caso Málaga Al parecer no usaron la violencia pero se valieron de su condición de agentes b La federación de asociaciones Doce detenidos por robar cocaína que estaba bajo vigilancia policial ABC BARCELONA. La Guardia Civil realizó anoche una operación contra el narcotráfico en Barcelona en la que podrían estar implicados agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Benemérita, según informó la cadena Ser. La mitad de los detenidos han ingresado en prisión incondicional sin fianza por un presunto delito de narcotráfico. Entre los detenidos figuran delincuentes como Daniel Revelles, el Bolo y Javier Segura, Trapero La investigación policial, dirigida por el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, comenzó a principios de 2005 tras la desaparición de 500 kilos de cocaína de un contenedor con 1.017 kilos de esta sustancia que estaba bajo vigilancia policial en el Puerto de Barcelona. Al parecer, hace diez días fue interrogado un ex agente del Servicio de Tráfico de la Guardia Civil, ahora destinado en el puerto de Barcelona, y hace un mes fue detenido un presunto miembro de la banda en Granada que facilitó a la juez información sobre la relación entre los narcotraficantes y los agentes policiales. de ayuda a los inmigrantes Andalucía Acoge formuló ayer su solicitud de personación como acusación popular en el caso ABC SANTIAGO MÁLAGA El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció ayer sanciones muy duras para los policías del Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga detenidos si se confirman los abusos sexuales a mujeres inmigrantes, mientras que Andalucía Acoge pidió personarse como acusación popular. Rubalcaba señaló en Santiago de Compostela que está en marcha una investigación judicial y que, por ahora, se han adoptado medidas cautelares y no se puede hablar de resultados definitivos. Hay que ser muy cautelosos y prudentes, y tenemos que ser respetuosos con la presunción de inocencia de los agentes policiales, dijo el ministro, aunque añadió que de confirmarse algunas de las cosas que están apareciendo, se trata de un acto muy grave que merecerá y exigirá sanciones muy duras Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, señaló en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que se están depurando las responsabilidades y que si se confirman los hechos, la ley debe aplicarse con contundencia y rigor El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga y subdelegado en funciones, Fernando Valverde, dijo que se ha actuado de forma rápida, contundente y ejemplarizante por una vía penal, con la remsión al juzgado de guardia de las supuestas actuaciones de estos policías También se ha actuado desde el punto de vista sancionador y disciplinario y ha sido automáticamente cesado el director del Centro de Internamiento, que no era el titular sino que estaba en funciones Al preguntársele por la situación de las mujeres que denunciaron los hechos, explicó que la jueza las calificó como testigos protegidos y se encuentran a la espera de que las llame para prestar las declaraciones oportunas Sobre la posibilidad de que las inmi- grantes queden en libertad, el subdelegado del Gobierno en funciones señaló que la Ley de Extranjería dice que el internamiento en el Centro de Extranjeros no puede ser superior a cuarenta días por lo que si son más de cuarenta días los que están en una situación de este tipo, quedarían en libertad una vez que se rebasara esa frontera Mientras, la federación de asociaciones de ayuda a los inmigrantes Andalucía Acoge formuló ayer su solicitud de personación como acusación popular en el caso. El abogado José Luis Rodríguez, ex presidente de esta federación y coordinador de su equipo jurídico, informó a Efe de que ayer mismo presentó el escrito de esta petición en el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, que instruye el caso. En cuanto a los agentes presos, dijo que cree que se les imputa un presunto abuso sexual y que el consentimiento de las mujeres pudo estar viciado por la condición de superioridad del funcionario respecto a las presuntas víctimas, ya que parece que no hubo violencia o intimidación y sí un aprovechamiento de alguien que está bajo su custodia