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4 Opinión MARTES 25 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA OTRA PARTE DE LA MEMORIA HISTÓRICA L Gobierno sigue empeñado en someter a la sociedad española a una sobredosis de memoria histórica tan inoportuna como contraproducente. Ni siquiera se trata de un ejercicio objetivo, sino que las conclusiones están predeterminadas como si fuera una película de buenos y malos Es, en concreto, una memoria selectiva: todos los focos apuntan hacia 1936, mientras que la atención se desvía cuidadosamente respecto de los hechos acaecidos en 1934, una genuina revolución contra la legalidad republicana, en la que participaron personajes cuya imagen interesa preservar. Es evidente que la historia o se escribe entera o se convierte en una manipulación al servicio de causas partidistas. Mal asunto cuando hay que ocultar una parte de los acontecimientos porque no interesan al Gobierno de turno. La objetividad sólo se consigue después de un largo esfuerzo de estudio y documentación y mediante un serio análisis para contrastar posiciones y argumentos. Es fácil suponer, por tanto, que nada bueno puede surgir de una revisión apresurada, sesgada y oportunista, cuya única intención es ahondar las diferencias entre los españoles con el objetivo insensato de romper los acuerdos plasmados en la Constitución de 1978. Por lo demás, si la intención es tener contento a un grupo de intelectales afines mediante el reparto de prebendas, es evidente que el daño que se causa a la convivencia es muy superior al beneficio que unos pocos van a conseguir. Un ejemplo claro de esa memoria selectiva se encuentra en el callejero de nuestras ciudades y pueblos. En rigor, los países importantes no pierden ni un minuto en cuestiones tan minúsculas. Entre nosotros, la fiebre del cambio de nombres produjo durante la Transición algunas modificaciones significativas, de manera que las referencias al anterior jefe del Estado o a los personajes principales del régimen autoritario han desaparecido en su gran mayoría. En cambio, la otra memoria histórica permanece inalterable. Y así, los políticos de la República aparecen con toda naturalidad en la nomenclatura de las calles y plazas sin que ello haya supuesto trauma alguno al ciudadano. En el fondo, la extraña actitud revanchista que alienta Rodríguez Zapatero parece encaminada a alterar esa naturalidad con que los españoles vivimos, treinta años después, la superación de los traumas de la Guerra Civil y de la época de Franco. En particular, muchos jóvenes (con la inestimable ayuda de un sistema educativo que no incentiva el estudio responsable de la Historia de España) apenas conocen los nombres y lo que significaron personajes de uno y otro bando, y es probable que no sepan distinguirlos de los políticos y militares de épocas anteriores. El sentido común exige que se encauce pronto este revisionismo absurdo, utilizado como cobertura pseudoideológica de un proyecto político inaceptable para la gran mayoría de los ciudadanos. E EUROPA Y LA CRISIS INMIGRATORIA A Unión Europea sigue sin ponerse de acuerdo en lanzar decididamente grandes políticas comunitarias respecto a la inmigración. El Consejo de Ministros de Justicia e Interior celebrado ayer en Bruselas fue uno de los más reveladores en este aspecto, puesto que, como varios de sus participantes reconocieron, todos los países aceptaron ya que la inmigración ilegal es un problema común, algo que hubiera parecido ciencia- ficción hace solamente un par de años. Pero esta constatación todavía no desmiente el hecho de que la visión colectiva del problema falla por la base, y la Unión sigue sin decidirse a emprender una política que aplique al problema de la emigración, legal e ilegal, los mismos mecanismos unificados que se usan en casos como el medio ambiente, por ejemplo. Se ha avanzado mucho, es cierto, pero no lo es menos que queda todavía un largo camino para llegar a establecer una política que cargue sobre Europa el peso de un grave problema que los países solos no pueden resolver en condiciones de libre circulación de personas. Si queremos mantener las incuestionables ventajas del espacio Shenguen es urgente que se establezca una política clara y evidente a escala europea, que incluya todos los aspectos relativos a la inmigración ilegal, como ya se hace con los visados para aquellos que vienen legalmente. El Gobierno español ha cambiado también su propia visión del tema después de la agudización del problema en Canarias, y la visita que realizó a Bruselas la vicepresidenta Fernández de la Vega fue el primer intento de trasladar a la Unión un problema acuciante para nosotros. Y lo hizo con un éxito relativo que se traduce en la entrada en funcionamiento en Canarias de la agencia europea de control de fronteras, Frontex, con sede en Varsovia, que es un gesto positivo pero insuficiente y sigue sin ser el paso cualitativo que tarde o temprano habrá que dar. En este campo, el problema principal para España es que, al mismo tiempo, es uno de los países más afectados por la llegada incontrolada de inmigrantes clandestinos, y por tanto uno de las más interesados en comunitarizar cuanto antes este problema, pero carga aún con el estigma de haber L sido uno de los más insolidarios a la hora de proceder con regularizaciones masivas. No es fácil pedir que la UE ayude a resolver un problema de extrema gravedad cuando hay países, algunos de la importancia de Alemania, que creen que una parte de las causas de esa afluencia masiva está en la política irresponsable y extremadamente flexible que ha predicado el Gobierno español. Francia considera que las regularizaciones masivas practicadas en España han sido un error, y aunque ha admitido que puede acceder a proponer cierto numero de excepciones vinculadas con la escolarización de los hijos de las personas sin documentos, se propone seguir el camino contrario y expulsar a la mayor parte de los irregulares para disminuir la presión en origen. En tales circunstancias, esperar que la solidaridad con España sea un gesto sólido y macizo es pedir demasiado. Ya se vio recientemente en la crisis del pesquero Francisco y Catalina fondeado frente a Malta con inmigrantes rescatados de una muerte segura, y se volvió a ver con el Esperanza del mar si bien en este caso quien no dio facilidades fue Marruecos. Además, a estas alturas es ciertamente poco presentable a efectos europeos que el actual ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no haya asistido a un solo consejo desde que ocupa el cargo y que el de Justicia, López Aguilar- -que para más inri es canario, que ejerce de tal y que tenía por costumbre asistir a las citas con sus colegas comunitarios- haya dejado de hacerlo en los momentos más dramáticos para el archipiélago (ayer llegaron otros dos inmigrantes muertos en un cayuco) No es lo más importante, pero acudir a estas citas demuestra interés, lo que a veces es un matiz muy relevante en las atmósferas de la capital comunitaria. La cuestión caerá tarde o temprano por su propio peso y Europa acabará teniendo una política común de inmigración. A nadie como a España le interesa que eso suceda lo antes posible. El Gobierno debe hacer todo lo posible para abonar el camino tratando de avanzar hacia la convergencia con las sensibilidades de los grandes países para sumar fuerzas ante una situación extremadamente grave para todos los europeos, desde Canarias hasta Finlandia. CONTRAPROGRAMACIÓN, A PEOR ÓLO como un severo castigo al telespectador puede enjuiciarse la intención del Gobierno de rebajar a tres días la obligación de las cadenas de ámbito nacional de adelantar la programación que piensan emitir. Si al final resulta así, como ya se ha apuntado, la denominada ley de Contraprogramación- -que en teoría debería velar por el derecho del espectador a recibir con tiempo suficiente una información fidedigna de lo que las televisiones van a programar- -se convertiría exactamente en lo contrario, es decir, en una invitación a este fenómeno nocivo que suele devenir en una pérdida de respeto al usuario y sus derechos. En la actualidad, las cadenas han de informar sobre sus parrillas con once días de antelación (según se estableció en el real decreto 1462 99, de 17 de septiembre) un periodo razonable y suficiente para que los espectadores conozcan la oferta de cada una de las emisoras a través de las publicaciones especializadas que existen en el mercado, que tendrían imposible realizar esta función con tan estrecho margen temporal como el que ahora se propone. No parece razonable que el Ministerio de Industria relegue a los consumidores a un plano subsidiario en favor de las empresas televisivas. El año pasado, cada S español pasó frente a la pantalla, como media, más de tres horas diarias. No hace falta ser muy espabilado para entender que se trata de uno de los principales hábitos de ocio de los ciudadanos y que, precisamente por ello, la ordenación de este ámbito debe ser exhaustiva y eficaz, de manera que los espectadores se vean protegidos. No debe olvidarse que las licencias de televisión son una concesión del Estado y, por lo tanto, el sector ha de tener reforzados su regulación y su régimen sancionador, que hoy por hoy es casi de chiste. El espiritu que parece inspirar este cambio legal es contrario, además, a la directiva europea de Televisión sin Fronteras y a buena parte de la normativa desarrollada en la aplicación de esta norma. Entre los perjudicados por la mencionada rebaja en la exigencia de adelantar el contenido de lo que se va a emitir están también los anunciantes- -parte esencial del mundo televisivo- que ven dificultados hasta extremos máximos el control y la programación adecuada de su publicidad. Por todo ello, habrá que concluir que, si tanto el que ve la televisión como quien contribuye a su financiación se ven perjudicados con esta medida, Industria debería repensar el paso que está a punto de dar.