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ABC LUNES 24 7 2006 Opinión 7 TRIBUNA ABIERTA POR LEOPOLDO CALVO- SOTELO IBÁÑEZ- MARTÍN HACER DE NECESIDAD VICIO Qué duda cabe que es lícito pactar y transigir para formar gobierno. Nuestro problema es que, en términos de contabilidad constitucional, el precio de esas transacciones ha salido de la cuenta de capital y no de la cuenta de renta U NA de las preocupaciones de los redactores de la Constitución de 1978 fue asegurar en la medida de lo posible la estabilidad gubernamental dentro del sistema parlamentario. Se trataba de reducir al máximo las crisis ministeriales que tan frecuentes habían sido durante la II República, que una vez más los constituyentes utilizaban como antimodelo, contra lo que pintorescamente ahora sostienen algunos. Para cumplir esa función estabilizadora, nuestra Constitución estableció la moción de censura constructiva y otros mecanismos del llamado parlamentarismo racionalizado Es lo cierto que en los veintiocho años de vigencia de la Constitución España ha gozado de una estabilidad gubernamental por encima de la media europea. Sin duda, a ello ha contribuido grandemente la existencia de un buen sistema electoral. Cabe subrayar que esa estabilidad se ha conseguido a pesar de que durante más de la mitad de dicho período nuestro país ha tenido gobiernos minoritarios, como lo es el actual y lo fueron los correspondientes a las legislaturas 1979- 1982, 1993- 1996 y 1996- 2000. Tales gobiernos no han sido ni débiles, ni inestables ni divididos: han sido gobiernos de un solo partido (UCD, PSOE y PP) con un liderazgo fuerte y una duración adecuada. ¿Dónde está, pues, el problema? En el alto precio que esos partidos han tenido que pagar por los apoyos parlamentarios imprescindibles para obtener la confianza del Congreso de los Diputados. Empezando en 1993, el pago de ese precio ha ido perturbando el delicado equilibrio del Estado de las autonomías hasta causar el gran desconcierto en el que estamos. Como es sabido, los principales prestamistas de apoyos parlamentarios al PSOE y al PP han sido partidos nacionalistas catalanes. En 1993 y 1996 lo fue Convergencia i Uniò y luego lo ha sido Esquerra Republicana de Cataluña. Al convocarse las elecciones de 1993, parecía claro que no iban a arrojar una mayoría suficiente para ningún partido nacional, y CiU fue perfectamente consciente de las oportunidades que le abría la nueva situación. Bien lo demuestra su lema electoral de aquel año: ara, decidirem. Tanto le gustó a CiU ejercer el arbitraje parlamentario que el asunto vuelve a aflorar en su campaña electoral para 1996: fem que Catalunya sigui clau. Y, efectivamente, CiU (no Cataluña) siguió siendo clave durante el primer gobierno de Aznar. En 2004, las necesidades de la aritmética parlamentaria dieron el papel arbitral a ERC, que lo ha utilizado para conseguir que el Gobierno desarrollara una política autonómica favorable a sus intereses, aun a riesgo de socavar los cimientos de la Constitución de 1978. Sin embargo, la situación actual es mucho peor que las de 1993 y 1996, por dos razones. La primera es que ERC, además de un partido nacionalista, es también un partido antisistema. La segunda es que el PSOE ha decidido hacer de necesidad vicio, y en lugar de limitarse a conceder lo imprescindible para obtener la confianza del Congreso, ha basado su política en un pacto permanente de socialistas y naciona- listas destinado a impedir el acceso del PP al Gobierno de España. Los efectos de la nueva situación son patentes: mientras que la última investidura de Felipe González y la primera de Aznar exigieron transferencias de competencias a las comunidades autónomas (y sobre todo a Cataluña) en esta legislatura el respaldo nacionalista en el Congreso ha costado un Estatuto catalán probablemente inconstitucional, un grave desarreglo del sistema autonómico y la pérdida por el Estado de toda iniciativa en la materia. ¿Qué remedio poner a esta situación? Distingamos entre coyuntura y estructura. La coyuntura es la política de fusión de los intereses del PSOE con los de los partidos nacionalistas, de la que sólo se puede salir con un cambio de liderazgo en el partido socialista que restaure el viejo consenso constitucional con el PP. Pero aunque se suprimiera así el vicio, quedaría la necesidad. Es inevitable que se repitan resultados electorales que no otorguen al ganador una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, y que le obliguen a buscar el respaldo de partidos nacionalistas. Esta debilidad estructural, que los constituyentes no pudieron prever, se ha convertido en el auténtico talón de Aquiles de nuestro sistema político. Qué duda cabe que es lícito pactar y transigir para formar gobierno. Nuestro problema es que, en términos de contabilidad constitucional, el precio de esas transacciones ha salido de la cuenta de capital y no de la cuenta de renta, como ocurre en otros países. El capital constitucional del Estado- -sus competencias- -ha quedado ya bastante erosionado y no puede tocarse más sin alto riesgo para todo el sistema. Evidentemente, lo mejor sería promover una reforma de la Constitución que dotara de inmunidad a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Sin embargo, la rigidez de nuestro procedimiento de revisión constitucional, la actual volatilización del consenso entre el PSOE y el PP y la conveniencia de involucrar a CiU en la reforma hacen que dicha solución no pueda llevarse a término de forma inmediata. Hay una fórmula más hacedera: un pacto PP- PSOE según el cual tras unas elecciones el partido que hubiera obtenido menor representación parlamentaria facilitaría la investidura del candidato del otro partido. Ello se haría mediante la abstención en la votación de investidura del pequeño número de diputados necesario a tal efecto. Soslayado así el escollo de la investidura, sería más fácil para el nuevo gobierno evitar la tentación de buscar el carísimo apoyo nacionalista. Después, la legislatura seguiría su curso, probablemente accidentado y dificultoso, pero al menos no dañino para la integridad constitucional. Obviamente, esta fórmula (u otra semejante) no prosperará mientras el PSOE persista en el vicio que practica desde el pacto del Tinell; pero si el PP la propusiera, podría tener valor como instrumento en la labor de pedagogía política y electoral que ha de hacerse para conseguir que ese vicio termine y en su lugar aparezca la virtud del consenso. Ex subsecretario del Ministerio del Interior REVISTA DE PRENSA POR JUAN PEDRO QUIÑONERO HIZBOLÁ, ETA, ISRAEL, ESPAÑA... La batalla del Líbano preludia hondos movimientos de tierra diplomática. España se ha instalado en una posición periférica, cuando aparecen en los países árabes culturalmente más influyentes comparaciones entre el terrorismo de Hizbolá y el terrorismo de ETA. Sami Alrabaa publica en Kuwait Times un comentario muy significativo titulado Las fuerzas radicales juegan con fuego En ese comentario se afirma que el comportamiento de Hizbolá, Hamás, Siria y Damasco está en el origen de todos los problemas de Oriente Medio, jugando con fuego y provocando la destrucción y la miseria en toda la región, que solo alcanzará la paz cuando esas fuerzas radicales sean derrotadas y desarmadas El analista de Kuwait Times afirma que Israel no tiene otra solución que la empleada, para proteger a sus ciudadanos y su existencia de Estado soberano En el artículo, Alrabaa compara Hizbolá con otros grupúsculos terroristas: La historia muestra que los extremistas nunca han establecido nada bueno, dejando tras sí una herencia de muerte y destrucción, como fue el caso de la Fracción Ejército Rojo en Alemania o ETA en España En un importante análisis titulado El infierno, en Tierra Santa el Times londinense comenta de este modo los cambios de fondo que se están operando en Oriente Medio: Arabia Saudí, Egipto y Jordania han censurado el comportamiento de Hizbolá, que consideran una amenaza para la paz en toda la región Por su parte, el New York Times deja en suspenso la emergencia de una larvada guerra de religión entre chiíes iraníes y los suníes del resto del mundo musulmán. A juicio del rotativo neoyorquino los enfrentamientos religiosos entre chiíes (sometidos al liderazgo persa iraní) y suníes (mayoritarios en el resto del mundo árabe musulmán) inquietan en todo el mundo árabe, donde se temen las aspiraciones revolucionarias de Teherán En ese marco de grandes maniobras diplomáticas internacionales, la imagen del Gobierno español queda en un palidísimo plano muy secundario, cuando la Agence de Presse Arabe Syrienne, en Damasco, y el Daily News, en Ankara, jalean el llamamiento de Erdogan y Zapatero, pidiendo el fin de la violencia En otro plano, en Lyon, EuroNews destaca las declaraciones de Arnaldo Otegi, que va a lo suyo: El País Vasco debe seguir el camino de Montenegro