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4 Opinión LUNES 24 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil INTOLERABLE VIOLENCIA DE GÉNERO D LAS LUCES Y LAS SOMBRAS DEL SUMARIO DEL 11- M (Viene de la Portada) OS análisis sobre las motivaciones políticas, la determinación de los responsables y el conocimiento de los actos ejecutivos de los atentados del 11- M persiguen discernir, sin carácter exhaustivo, los aspectos que, aparentemente, están acreditados y aquellos otros que no lo están, bien porque no han sido suficientemente investigados, bien porque el instructor no ha dispuesto de fuentes de prueba para lograrlo. Para ABC el respeto a las instituciones del Estado es un signo distintivo de su línea editorial, especialmente cuidado en la valoración de las resoluciones judiciales, que materializan los principios del Estado de Derecho. El respeto que proclamamos para los Tribunales de Justicia no significa, en ningún caso, inmunidad de crítica a aquellas resoluciones que la merezcan. Respeto y crítica son compatibles y se refuerzan cuando se expresan con valoraciones exentas de diatribas e invectivas que nada aportan a la información del lector, porque éstas acaban imponiéndose a lo que realmente importa, que es el conocimiento de los hechos. Con estas premisas, ABC analiza los resultados de la investigación sumarial y llega a conclusiones de diferente sentido, según los capítulos. Es evidente que el 11- M estuvo motivado por la voluntad de forzar un cambio político en España, y eso explica la comisión de los atentados tres días antes de las elecciones generales del 14- M. Si los terroristas islamistas sólo hubieran querido castigar al Gobierno de Aznar por su apoyo a la coalición aliada que derrocó a Sadam, el atentado podría haberse perpetrado en cualquier otro momento. Pero se quiso dar a la matanza un sentido estratégico, como el que proponían algunos documentos elaborados por Al Qaida y conocidos por los autores del atentado a través de internet: evitar a toda costa que ganara el Partido Popular. En cuanto a la delimitación de los responsables, los autos finales del instructor reconocen que hay tres o más personas desconocidas que estuvieron en la planificación o ejecución de los atentados y cuya identidad se desconoce. El sumario refleja con profusión de detalles la formación del grupo ejecutor, desde 2001, y su relación con la trama asturiana de explosivos, a partir del verano de 2003, así como las conexiones internacionales de los terroristas, especialmente con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí. No obstante, el reconoci- L miento de que faltan responsables por identificar (pese a que de ellos se tienen datos genéticos) así como la imprecisión sobre la organización interna del grupo terrorista y el proceso de decisión sobre modus operandi y objetivos, es un resultado negativo que lastrará las próximas fases del proceso. La investigación de la ejecución material de los atentados es el apartado más polémico. Nada se sabe concretamente de lo que sucede en las 24 horas anteriores a las deflagraciones en los trenes. Los autos finales del sumario lo reconocen en parte, pero es notoria la falta de resultados sobre extremos tan relevantes como la preparación de los artefactos, su transporte (salvo en el caso de la furgoneta hallada junto a la estación de Alcalá) y su colocación, con la identificación de quienes intervinieron en cada paso. Igualmente, y sin voluntad alguna de construir una teoría alternativa, el sumario ha finalizado con dudas alrededor del explosivo utilizado. No obstante, en la sentencia contra El gitanillo se considera como hecho probado que la dinamita que este muchacho trasladó desde Asturias era Goma- 2 Eco, y ésta aparece en todos los escenarios de la matanza, así como en la mochila número 13, recogida en la estación de El Pozo y desactivada posteriormente. Este periódico ya habló en su editorial del 12 de abril de 2006 de este era un asunto controvertido de la investigación, que quizá sea subsanado por la Fiscalía y, en su caso, el Tribunal mediante un juicio indiciario. El 11- M fue una masacre que marcó la vida social y política de los españoles y, sobre todo, destrozó la de las familias de las 192 víctimas (incluido, por supuesto, el GEO asesinado en Leganés) La verdad siempre es necesaria cuando se trata de esclarecer un crimen. Más aún cuando de ella dependen respuestas a muchas preguntas que todavía están presentes en la sociedad española. El sumario ha sido complejo. Técnicamente, sus resultados no son enteramente satisfactorios y será difícil que el juicio oral los enmiende. El riesgo de una sentencia decepcionante ha de estar asumido de antemano, como vacuna aprendida en otros macroprocesos (por ejemplo, el de la célula de Al Qaida recientemente juzgada) aunque la confianza en la Justicia debe animar a esperar una resolución que satisfaga a las víctimas y arroje definitivamente luz sobre un atentado que cambió- -porque así lo querían sus autores- -el curso de la historia de España. OTRO CAMBIO EN LA UNIVERSIDAD L Ministerio de Educación y Ciencia ha cambiado de criterio en materia de duración de las carreras universitarias de grado: todos los estudios de este nivel tendrán una duración de cuatro años (240 créditos) salvo que estén sometidos a una directiva específica de la Unión Europea. De este modo, se rectifican las decisiones adoptadas por el equipo ministerial anterior, que preveía carreras de entre tres y cuatro años (de 180 a 240 créditos) y admitía incluso la extraña posibilidad de acceder al posgrado sin el título de grado. Se elimina también el catálogo de titulaciones oficiales y cada universidad podrá determinar los títulos que quiere impartir, previa autorización de la comunidad autónoma y en el marco de unas directrices genéricas diseñadas por el Gobierno. De este modo, el ministerio pretende adelantar un año la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación y elude el problema de la desaparición de carreras, porque sólo van a extinguirse aquellas que no tengan demandas o las que cada institución universitaria decida no impartir. E Este nuevo planteamiento parece razonable, ya que viene a simplificar el caos en que se había convertido el proceso de adaptación a Bolonia de las universidades españolas. Supone una desautorización del anterior equipo ministerial, aunque no está garantizado que las nuevas fórmulas arreglen de un día para otro problemas muy enquistados. El debate sobre cuestiones científicas esconde con frecuencia una disputa sobre pequeños intereses de poder académico. Los criterios actuales desplazan la solución del problema a ámbitos más restringidos, donde es probable que se reproduzcan las tensiones internas. Es conveniente que la ley orgánica de Universidades acelere su tramitación parlamentaria, con objeto de evitar la permanente inseguridad jurídica que viven nuestros centros de enseñanza superior. El ambiente de sosiego que exigen el estudio y la investigación no son compatibles con la preocupación constante por las expectativasprofesionales y por la organización de los estudios y carreras que padecen las distintas instancias de la Universidad española. ESPUÉS de un año de aplicación de la Ley Integral Contra la Violencia de Género, uno de los proyectos estrella del Gobierno en materia de política social, los resultados se sitúan muy por debajo de las buenas intenciones del legislador. De hecho, en los seis primeros meses del año se han producido ya 35 muertes: es un 16 por ciento más que en el año anterior y es también la cifra más alta desde que- -en 1999- -empezó a elaborarse una estadística específica. Por desgracia, durante el mes de julio el número de víctimas ha llegado a 39, la última de ellas una joven ecuatoriana asesinada el sábado en una calle de Madrid. Las comunidades autónomas más afectadas son Andalucía, Madrid y Cataluña, aunque el problema no está circunscrito ni a las regiones más pobladas ni a los espacios urbanos, sino que en cualquier momento y en cualquier lugar puede producirse una injustificable agresión de este tipo. Durante el año transcurrido se han puesto en marcha 29 juzgados específicos, aumentando el número de denuncias, que, sin embargo, sólo alcanzan a un 5 por ciento de las mujeres maltratadas. El Estado ha invertido 11 millones de euros en toda España para poner en práctica las medidas legalmente previstas, cifra insuficiente porque es notorio que hay que hacer algo más y que no basta con crear nuevos órganos o establecer más observatorios, a pesar de que siempre es oportuno contar con instituciones que sepan transmitir a la opinión pública la gravedad del problema. Entre las diferentes formas de violencia que padece la sociedad contemporánea, la llamada violencia de género (término ya de uso común, aunque sea discutible según los expertos) es una de las más odiosas porque implica un abuso de superioridad física que se aprovecha con frecuencia de la difícil situación social o familiar de las víctimas. Sólo una denuncia a su debido tiempo permite prevenir futuros dramas, pero ello exige la máxima eficacia de las medidas policiales y judiciales que se adopten contra el agresor, puesto que- -en caso contrario- -es probable que éste se sienta estimulado para seguir practicando su conducta intolerable. He aquí seguramente el problema más grave que afecta a muchas mujeres: si la denuncia no produce resultados a corto plazo, suele desencadenar nuevas y más violentas agresiones. Estas circunstancias convierten la vida de muchas personas en un verdadero infierno, a veces con una repercusión evidente en los hijos o en otras personas que conviven con la pareja. Una sociedad desarrollada no puede tolerar una lacra de este tipo, en la que se mezclan prejuicios socialmente arraigados con situaciones de desemparo económico y moral. Si los medios actuales no son suficientes, el Gobierno debe intensificar el esfuerzo presupuestario. No basta con llenar las páginas del BOE de leyes plagadas de buenos deseos, sino que las normas deben considerar que detrás de la estadística se oculta una tragedia humana que no ha de repetirse.