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4 Opinión DOMINGO 23 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MARBELLA QUIERE CAMBIOS N pleno desarrollo de las operaciones contra la corrupción, Marbella empieza a mirar hacia el futuro. Son muy significativos los resultados de la mayoría de las encuestas. En la que hoy recoge ABC, la candidata del PP, Ángeles Muñoz, obtendría el 58,13 por ciento de los votos, aventajando claramente al socialista Paulino Plata, con un 32,6, y muy lejos del resto de los aspirantes a la alcaldía. No es extraño que los ciudadanos se inclinen por el único partido que no tiene concejales implicados en las actuaciones judiciales y policiales en curso. La sociedad española es muy sensible a la honradez de los políticos, de manera que el espectáculo de una corporación local disuelta (aplicando por vez primera las previsiones al respecto de la ley 7 1985) y de diversos concejales y técnicos municipales privados de libertad por decisión del juez tiene que afectar por fuerza a la intención de voto. La encuesta ofrece también otros datos de interés. Así, los votantes del PP confían mucho más en sus candidatos que los del PSOE en los suyos. Una buena parte de los encuestados- -sean simpatizantes de uno u otro partido- -hacen responsable a la pasividad de la Junta de Andalucía de que las cosas hayan llegado tan lejos. En fin, ocho de cada diez personas estiman que el fenómeno no es exclusivo de Marbella, aunque sea esta ciudad emblemática la que se ha situado bajo los focos en materia de corrupción urbanística. Las próximas elecciones locales permitirán superar la situación actual de transición, puesto que un ayuntamiento de tanta entidad difícilmente puede ser gestionado por una comisión de técnicos. La legitimidad democrática exige que los marbellíes se pronuncien en las urnas por una opción política determinada. Las preferencias parecen evidentes, lo cual- -si se confirma- -exigirá del PP una actuación de máximo rigor y responsabilidad para devolver la política local a las pautas exigibles en un Estado de Derecho, sobre todo en materias tan sensibles como el urbanismo. Mientras tanto, la investigación judicial debe continuar con todos los medios que sean precisos para destapar cualquier ramificación de unos comportamientos que tienen que ser combatidos sin rodeos. Pero también sería preciso depurar las responsabilidades políticas, porque no es aceptable que la junta presidida por Manuel Chaves (presidente también del PSOE) se limite a rasgarse las vestiduras ante el escándalo, cuando el caso era bien conocido en toda la Costa del Sol. La comunidad autónoma goza de competencias que deberían haberse utilizado a tiempo para evitar que las cosas llegaran tan lejos. Todas estas consideraciones pesan sin duda en el ánimo de los electores, que parecen dispuestos a otorgar un mandato amplio al PP para que dirija la vuelta a la normalidad- -social, política y jurídica- -del Ayuntamiento de Marbella. E LAS OTRAS TELEVISIONES PÚBLICAS AS televisiones públicas son una especie de ogro presupuestario, comilonas insaciables de recursos públicos, y pródigas a la hora de excusar gastos sin cuento y de disculpar su, muchas veces, deficiente gestión. El Gobierno de Rodríguez Zapatero prometió una reforma a fondo de RTVE, que acumulaba una deuda de más de un billón de pesetas, avalada por el Tesoro, aunque soportada en los balances del ente público. Y más grave, esa deuda viene acompañada y provocada por un déficit crónico del orden de los 600 millones de euros al año, la mitad del gasto efectivo del ente. La situación es insostenible para cualquier gobierno, y en Bruselas está abierto el correspondiente expediente para pedir cuentas e imponer el fin de un subsidio que carece de una definición clara del carácter, naturaleza y alcance del pretendido servicio público que se financia. Además, en la Unión Europea no entienden la argucia injustificable de la doble financiación simultánea (subsidios públicos sin apenas límite e ingresos publicitarios de mercado) que limita el margen de maniobra para la captación publicitaria de otros medios- -incluso de los impresos- -que compiten a cuerpo limpio sin el salvavidas que aporta papá Estado cuando vienen mal dadas o cuando el mercado de la publicidad se contrae. El Ejecutivo prometió la reforma y se ha tomado tiempo para materializarla. Primero, el informe del comité de expertos que no entró en los aspectos esenciales del problema. Luego, una tramitación parlamentaria larga y sin consenso del nuevo Estatuto de RTVE, que debe ser operativo a final de año. Y finalmente, el ajuste de costes de la actual RTVE, concretado en un expediente de regulación de empleo que el Ministerio de Economía exige antes de librar nuevos recursos presupuestarios y de asumir la deuda histórica. El resultado final de esta complicada operación está por ver; bien puede ocurrir que que- L de en un mero remiendo, preámbulo de nuevos ajustes futuros. Mientras, a imagen de RTVE, ha aparecido otro ogro presupuestario con las televisiones autonómicas integradas en la Forta, que suman gastos superiores a los de RTVE y un consumo de recursos públicos por encima de los del ente estatal. Televisiones autonómicas que captan el 16 por ciento de la audiencia nacional, que carecen de contenidos de servicio público dignos de elogio, pero que gastan tanto como las televisiones privadas en abierto, juntas suman más del 45 por ciento de la audiencia. Para estas pródigas televisiones no hay previsto ningún plan de ajuste, tal y como propone la directora general de RTVE, Carmen Caffarel, en la entrevista que hoy publica ABC. Cada comunidad es soberana y está dispuesta a gastar lo que sea preciso en defensa de su canal, casi todos ellos tan apacibles y confortables para el gobierno de turno, en la misma medida que la televisión estatal pública. Y a esta red de segundos canales autonómicos se suma ahora una tercera de emergentes canales locales, muchos de ellos promovidos por los propios ayuntamientos o por intereses muy cercanos a ellos, que amenaza con convertirse en otra fuente caudalosa de consumo de recursos públicos, competidores desleales frente a iniciativas privadas y factor de distorsión en la circulación libre de la información y la opinión. La mitad de las audiencias de las televisiones corresponden a canales públicos que acumulan más de dos tercios del gasto del sector. No cumplen una función esencial de servicio público, no contribuyen apreciablemente a la convivencia y a la difusión de valores sociales y culturales, pero se han instalado como agujeros de gasto público, con no pocos abusos y con desleal competencia frente a los demás medios. PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDAD E L Ministerio de Sanidad ha presentado una nueva campaña de promoción del uso del preservativo por los jóvenes, apoyándola en datos realmente preocupantes sobre su educación sexual. Desde 2001 se ha triplicado la venta de la píldora poscoital o del día después hasta llegar al medio millón en 2005. Esta cifra se corresponde con la dispensación en farmacias y hospitales, por lo que no incluye las unidades entregadas por ayuntamientos y comunidades autónomas. Como efecto inevitable de este crecimiento espectacular de la píldora poscoital, se ha producido un aumento muy considerable de enfermedades de transmisión sexual, como sífilis (79 por ciento) y gonorrea (45,8 por ciento) La píldora del día después no es un anticonceptivo preventivo, incluso puede ser abortiva si ya se ha producido la fecundación, lo que plantea un problema moral y legal- -porque el aborto sigue siendo delito- -para su distribución masiva. Por otro lado, la comodidad aparente de la píldora poscoital, unida a la confusión sobre su verdadera función, disuade a los jóvenes del uso del preservativo, dando lugar a la expansión de enfermedades de transmisión sexual que hasta ahora eran episódicas. Se afirma desde las instancias políticas que estas cifras obligan a nuevas campañas de promoción del preservativo. Cabría decir que hasta ahora sólo ha habido este tipo de campañas, por lo que alguna responsabili- dad tendrá este argumento único en el fracaso de la prevención de la salud sexual de los jóvenes. Las consecuencias más graves de ese fracaso se reflejan en el aumento de personas portadoras del virus del sida y de abortos entre mujeres menores de 25 años, que suponen el 40,69 de todos los practicados en 2003, último año del que se tienen datos oficiales. Por tanto, utilizando sólo criterios de salud pública, es evidente que la mera insistencia en el uso del preservativo no frena la expansión de enfermedades de transmisión sexual, del sida y del aborto. Lo dicen las cifras del Ministerio de Sanidad. Lo que quizá callan es que esas campañas, sin pretenderlo, puede que lleven a parte de sus receptores a comprotamientos alejados de la responsabilidad personal. Quizá sería bueno que en la necesaria autocrítica que exige este fracaso se incluyera un análisis de ese mensaje que llega al joven cuando se le dice que use el preservativo, en un contexto exclusivo de buen rollo y fin de semana. La sexualidad es más que esta visión física de las relaciones personales, y ya que los poderes públicos andan tan preocupados por la educación moral de los ciudadanos, podrían incorporar a sus campañas de publicidad un mensaje más amplio y quizás constructivo que el habitual en el que se apele también a la responsabilidad, al desarrollo personal y a la fidelidad, para que la sociedad se aleje de esas cifras preocupantes.