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14 Nacional CORRUPCIÓN EN MARBELLA OPERACIÓN MALAYA SÁBADO 22 7 2006 ABC El instructor acusa a Julián Muñoz de cobrar 150.000 euros de Juan Antonio Roca entre 2002 y 2003 Además, cambió una finca municipal valorada en 1,5 millones por otra privada que valía 30.000 euros b Según el instructor, Roca orga- niza la moción de censura contra Muñoz, a partir de la cual compra la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, acusa a Julián Muñoz, para quien el pasado jueves dictó prisión incondicional, de haber cobrado de Juan Antonio Roca 150.000 euros. Esos pagos, tal como informó ABC, se habrían producido entre 2002 y 2003 y figuraban en la contabilidad de la empresa Maras Asesores, propiedad del ex asesor de Urbanismo y actual enemigo del ex alcalde Juan Antonio Roca. Estos pagos serían la base acusatoria del delito de cohecho que le imputa el juez. En cuanto al delito de malversación de fondos públicos, al que también se enfrenta Muñoz, estaría sustentado en una permuta de terrenos acordada también con Roca por la cual la Corporación cambió una finca municipal valorada en más de un millón y medio de euros por otra propiedad de una sociedad cuyo valor ascendía a 30.000. Lógicamente, en la operación el Ayuntamiento de Marbella sufrió un importante quebranto económico. ha creado una atmósfera de favorecimiento mercantil por medio de resoluciones municipales en detrimento del propio interés público Mientras, el vocal de Urbanismo de la Gestora de Marbella, Rafael Duarte, anunció ayer que revisará las licencias de construcción de los dos hoteles que el grupo Aifos posee en la ciudad, el Guadalpín Marbella y el Guadalpín Banús, al existir en ambos problemas de legalidad urbanística El vocal aseguró que esta decisión se toma a consecuencia de los estudios hechos ahora de las licencias concedidas por el Ayuntamiento en la etapa anterior. Por tanto, quiso desvincular la medida de la detención de cuatro directivos de la citada empresa por su presunta relación con la trama. El vocal explicó a los periodistas que el Guadalpín Marbella se hizo al amparo de una licencia de ampliación del hotel que existía allí concedida por el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, La Gestora revisará las licencias de los dos hoteles que Aifos tiene en la ciudad, por problemas de legalidad urbanística y apuntó que ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía interpusieron en su día los correspondientes recursos, por lo que estudia la posibilidad de revisar la licencia de obras y de proceder a su anulación informa Efe. Sobre el Hotel Guadalpín Banús, indicó que el establecimiento cuenta con una licencia de construcción concedida por el Consistorio que está también en grave entredicho desde el punto de vista de legalidad urbanística porque la parcela sobre la que se edificó estaba destinada en su mayor parte a viviendas unifamiliares Tampoco esta vez la Junta llegó a tiempo para interponer un recurso Iniciales JMP Según el auto de prisión de Muñoz, difundido por la Ser y que tiene seis páginas, en la contabilidad de Maras Asesores aparecen las iniciales JMP -las del ex alcalde- -asociadas a tres pagos, que comenzaron en noviembre de 2002. El juez asegura que está constatado que en las anotaciones de Roca aparecen pagos de 14 sobres iguales a concejales del Ayuntamiento y apunta a que es obvio que eran los 14 miembros del equipo de gobierno y los firmantes de la moción de censura que desalojó a Muñoz de la Alcaldía. De hecho, de los que firmaron la moción diez están en prisión, dos están en libertad bajo fianza y uno más, Carlos Fernández, en busca y captura. El juez Torres asegura asimismo en el auto que las declaraciones de los implicados han puesto de manifiesto que Roca organiza la moción de censura, a partir de la cual compra la voluntad de los representantes elegidos por el pueblo con las cantidades que recibe de los promotores para que se sometan a sus designios votando sin mayores complicaciones todo lo que venía de planeamiento y otros actos de su interés Además, da por probada la existencia de una situación generalizada, extendida y prolongada en el tiempo de evidente corrupción política y económica vinculada al Ayuntamiento lo que denomina una estructura criminal que tiene el control político y Julián Muñoz es conducido al furgón que le llevó el jueves por la noche a la cárcel de Alhaurín de la Torre AFP Un juez ordena investigar una posible relación entre el alcalde de Los Alcázares y la Malaya ABC MURCIA. Un Juzgado de San Javier ha ordenado a la Policía que investigue la presunta relación del alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero, y del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, además de otras dos personas, con la operación Malaya En una providencia, a la que tuvo acceso Efe, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 dispone que se envíe un oficio a la Udyco Central de la Policía para que lleve a cabo las investigaciones. La conexión estaría en la enajenación de una parcela en Los Alcázares a personas presuntamente im- plicadas en el caso marbellí. El Juzgado, sobre cuya decisión el Ayuntamiento expresó ayer su respeto, sigue estas investigaciones por los delitos de prevaricación y fraude a entes públicos, entre otros. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Los Alcázares, María del Carmen Vigueras, explicó a Efe que el origen de esta resolución es una querella presentada el pasado año por el PP por irregularidades en la adjudicación de una parcela para uso hotelero en el municipio a la sociedad Ilka Baley S. A La administradora de esta socie- dad es otra de las personas contra las que se dirigió la querella, Inmaculada Camacho Escudero, prima segunda del alcalde, Juan Escudero, y cuñada del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, según agregó Vigueras. Según la portavoz popular, esta adjudicación se realizó después de que quedara desierta la subasta previa del terreno, que ocupaba una superficie de 7.000 metros cuadrados, según la documentación oficial, si bien posteriormente el arquitecto municipal elaboró un informe en el que constaba una superficie de 6.412 metros cuadrados y está pendiente una medición ordenada por el Juzgado. El pleno municipal adjudicó finalmente la parcela a Carmen Pérez García, otra de las personas contra quienes se dirigió la querella y que se interesó por el terreno, si bien la recepción de la notificación de adjudicación está firmada por el propio arquitecto.