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4 Opinión VIERNES 21 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LOS PRECIOS INMOBILIARIOS NO CEDEN L Gobierno colocó entre sus prioridades bajar los precios de los pisos y multiplicar la oferta pública de vivienda, especialmente para jóvenes. Para eso creó un ministerio, que obtiene siempre, al igual que su ministra, la peor de las valoraciones del gabinete, suspenso tras suspenso, y casi siempre por debajo de cuatro. Un fracaso sin paliativos. Las iniciativas oficiales, algunas con presupuestos abultados, han sido inanes y casi lo mejor que se puede decir del departamento es su invisibilidad, aquello de que el mejor bien es que no haga mal. Pero la realidad es que los mercados inmobiliarios, en todos sus segmentos, siguen pujantes. Un documentado informe del servicio de estudios del BBVA (que heredó el del Banco Hipotecario y que cuenta con alguno de los mejores analistas en la materia) destaca que sus pronósticos de aterrizaje suave de los precios, paralelo a una disminución del ritmo de crecimiento de la oferta, factores que se percibieron a finales de 2005, no se han ratificado en 2006. El crecimiento de los precios de las viviendas en lo que va de año es superior al estimado por los analistas y muy superior al pretendido por un ministerio que parece que no quiere que la realidad le arruine una buena noticia. Sí se ha producido un suave descenso de la oferta potencial, del número de viviendas iniciadas y en construcción, pero no en el precio del metro cuadrado nuevo o de segunda mano. Los analistas temen que si no se produce ese escenario de aterrizaje suave de los precios termine por ocurrir una crisis en el sector e incluso un colapso del mercado. Las posibilidades que atribuyen a esa hipótesis son bajas, pero el riesgo existe. Parece que la ministra de la materia se ha sentido aludida y ha adelantado la información estadística de la evolución de precios inmobiliarios, sobre la que ha hecho una lectura tan oficialista como medianamente fundada. La construcción es uno de los motores del actual crecimiento español; es un sector complejo y fragmentado, en el que inciden factores locales e internacionales, monetarios y laborales, regulatorios y tecnológicos, algunos de ellos nada controlables e inabarcables desde una instancia administrativa, aunque tenga rango ministerial. Muy poco cabe esperar de este Gobierno en materia de vivienda, ni de la nueva ley del suelo, que reitera los vicios intervencionistas que tan pocos y malos resultados ha dado hasta ahora. El mercado doméstico depende, entre otros factores, de la evolución de los tipos de interés, de la suerte del empleo, de la presión migratoria y del interés de los europeos por instalarse en España. También de la disponibilidad de suelo, infraestructuras y servicios. La advertencia de los analistas del BBVA acerca de un hipotético colapso del mercado es improbable, pero no imposible, y por eso conviene prevenir el desastre antes que padecerlo. E ZAPATERO Y LAS VÍCTIMAS E L presidente del Gobierno declaró ante los jóvenes socialistas reunidos en Alicante el pasado martes que no le importan los insultos del PP porque su objetivo es conseguir que no haya una víctima más del terrorismo. Dicho así parece una contraposición absoluta entre su inobjetable propósito y la acción política del PP, nuevamente señalado- -da lo mismo el coste moral y democrático que esto conlleva- -como la principal amenaza del proceso de negociación política del Gobierno con ETA. Sin duda, el objetivo expresado por Rodríguez Zapatero es compartido unánimemente. Nadie quiere más víctimas. La discrepancia está en los medios para conseguirlo, y entre quienes más se oponen al método que sigue el Gobierno para alcanzar la paz están, precisamente, las víctimas que ya lo son. No es ociosa esta precisión porque el discurso del Gobierno y del PSOE está construido sobre una visión meramente afectiva de las víctimas de ETA, apostando toda la legitimación moral y política del proceso de negociación con los terroristas a la evitación de nuevas víctimas. Las que importan a estos efectos, como parte del resultado final que habrá de justificarlo todo, son las víctimas que no se produzcan, no las que ya ha causado ETA. Evidentemente, el fin no sólo no justifica los medios, sino que, según cuáles sean éstos, el fin puede deslegitimarse aún más. Sin embargo, también en esto ha incurrido el Gobierno en un error de cálculo, similar al cometido con la posición del Partido Popular- -particularmente de Mariano Rajoy- al creer que toda resistencia quedaría vencida por la fuerza de los acontecimientos, es decir, de la tregua, de la ausencia de atentados y de la gesticulación pacificadora de ETA y Batasuna. El Gobierno se encuentra en pleno proceso de negociación con ETA y debería hacer recuento de los apoyos efectivos que ha recabado su peculiar metodología de pacificación. No tiene, ciertamente, el del PP, porque lo ha repudiado, ni el de las víctimas de ETA, que en su inmensa mayoría se lo han negado para emprender este proceso de reconocimiento político de ETA y de negociación de sus exigencias. Y las víctimas no son agua pasada, sino una realidad muy presente e inseparable de cada paso que dé el Gobierno en este asunto. Ayer se volvió a demostrar en el tercer juicio a García Gaztelu, Txapote esta vez por el asesinato del socialista Fernando Múgica, cuya ejemplar familia asistió a la vista oral y posteriormente ofreció una rueda de prensa en la que demostró, como tantas otras familias rotas por ETA, la autoridad moral de las víctimas sobre la opinión pública. No hay nada que hablar con los terroristas afirmó ayer la familia Múgica, distanciándose de la política gubernamental. Algo parecido ocurrió durante el juicio por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, también con el despreciable Txapote como protagonista. Y lo mismo ocurrirá una y mil veces si el Ejecutivo insiste en preterir la tutela efectiva de ese colectivo. No tiene sentido, pues, ni buena lectura el retraso en la ley prometida al efecto. Es urgente su aprobación. La relación de Rodríguez Zapatero con las víctimas tiene hitos tan cargados de agravio como el Alto Comisionado- -en vías de extinción- la utilización cizañera de las víctimas del 11- M, el desaire de su ausencia en el III Congreso Internacional y las ocurrencias comparativas del fusilamiento de su abuelo, por citar actos concretos que han dañado moralmente las relaciones entre el Gobierno y las víctimas de ETA. Si en algún momento alguien en el Ejecutivo pensó que las víctimas eran un resorte molesto de la política antiterrorista de Aznar y que acabarían neutralizadas por el 14- M, se equivocó gravemente. Al prescindir de las víctimas, el Gobierno se ha privado de un marchamo ético imprescindible para su proceso de negociación, ha alentado la desconfianza sobre sus intenciones con ETA y Batasuna y ha impregnado el fin del terrorismo de un sentido oportunista, presente también en sus planteamientos actuales sobre otros terrorismos. FALSA MEMORIA HISTÓRICA E L pasado martes ABC publicaba un encuesta con intelectuales y políticos de distinto signo acerca de la ley de la memoria histórica impulsada por el Gobierno. Todos ellos coincidían en una postura fuertemente crítica, expresada también en otros medios por historiadores y escritores afines ideológicamente al PSOE, que han definido ese movimiento revisionista como utopía totalitaria La sociedad abierta y pluralista no admite la existencia de una verdad oficial propia de los regímenes autoritarios. Además, la memoria es una cuestión estrictamente personal porque depende de vivencias y recuerdos que no pueden ser sometidos a un pensamiento único. Son los historiadores los que deben estudiar con objetividad los hechos tal y como han sucedido y ofrecer el resultado de sus investigaciones desde un punto de vista científico, basado siempre en fuentes documentales. Lo contrario conduce a un planteamiento dogmático, cuyo objetivo es utilizar el pasado para justificar una posición partidista, con una concepción impropia de un genuino Estado democrático de Derecho. Es triste que treinta años después de la Transición sea necesario todavía recordar estas verdades elementales. El siglo XX ha sido pródigo en guerras y dictaduras, pero na- die pretende hacer una lectura unilateral que reparta elogios y condenas en función de prejuicios ideológicos. El Gobierno parece decidido a condicionar el futuro de los jóvenes escolares a través de la sedicente Educación para la Ciudadanía y se empeña también- -rizando el rizo- -en escribir de nuevo el pasado. Magnificar la II República, un régimen convulso que culminó en una trágica guerra civil, es no sólo un error histórico grave, sino también un nuevo capítulo en la pretensión de avivar las diferencias entre los españoles. Los países serios miran al presente y al futuro, y asumen la historia en toda su integridad, con sus grandezas y sus servidumbres. No la utilizan para descalificar al adversario y justificar alianzas coyunturales con partidos que se sitúan en los márgenes del sistema. El sectarismo que practica Rodríguez Zapatero en este terreno debe ser combatido sin rodeo en nombre del sentido común y de la objetividad histórica. Así lo afirman los más prestigiosos intelectuales y lo reclaman todos los ciudadanos, de una u otra creencia ideológica, que son conscientes del éxito histórico de la monarquía parlamentaria instaurada por la Constitución de 1978 para situar a España en el lugar que le corresponde en Europa y en el mundo.