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ABC JUEVES 20 7 2006 Nacional 17 Las reformas de la II República se estudiarán en Secundaria ABC MADRID. El Ministerio de Educación ha hecho público el borrador de los contenidos de las enseñanzas mínimas en Educación Primaria y Secundaria, en el que se incluye el estudio de las políticas reformistas realizadas en el transcurso de la Segunda República. La asignatura de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en lo que se refiere al cuarto curso de Secundaria, queda dividida en dos bloques: Del final del Antiguo Régimen a la II Guerra Mundial y El mundo actual El último tema del primer bloque es Transformaciones y crisis del Estado liberal, la II República y la Guerra Civil Ocho son los criterios de evaluación decididos por el ministerio, de los cuales el sexto se refiere al siglo XX en España. Según ese criterio, hay que identificar y caracterizar las distintas etapas de la evolución política y económica de España durante el siglo XX y los avances y retrocesos hasta lograr la modernización económica, la consolidación del sistema democrático y la pertenencia a la Unión Europea Se trata de evaluar si el alumno reconoce la crisis de la monarquía parlamentaria, las políticas reformistas emprendidas durante la II República, el franquismo, el desarrollo económico y la transición política hasta la Constitución de 1978 y la consolidación del Estado democrático La Universidad Complutenha ya ha previsto para septiembre un seminario sobre La historia reciente en las aulas (El conflicto como materia educativa) El CGPJ cuestionará la proporcionalidad de las nuevas penas de cárcel por delitos de tráfico El Gobierno arguye que el endurecimiento de las sanciones reducirá las conductas temerarias b El órgano de gobierno de los jueces, que ayer por la tarde aún no había recibido el texto del Ejecutivo, pedirá ampliar el plazo de un mes que tiene para opinar MANUEL MARÍN MADRID. La tipificación de nuevos delitos relacionados con el tráfico y la seguridad vial en la reforma del Código penal que el Gobierno ha empezado a tramitar podría sufrir un varapalo en los próximos meses si el Consejo General del Poder Judicial determinara- -como en principio creen algunos de sus miembros- -que parte de las nuevas sanciones tienden a romper la proporcionalidad de las penas. En el Consejo, el órgano de gobierno de los jueces y al que el Gobierno está obligado a consultar en este caso aunque su dictamen no sea vinculante, hay vocales que sostienen, a priori y a falta de conocer la textualidad de la reforma penal, que hay una excesiva penalización de diversas conductas que, puestas en comparación con delitos habituales pero más graves, pueden llevar a la creencia social de que se castiga, proporcionalmente con más dureza, una negativa a someterse a una prueba de alcoholemia que una agresión o un hurto. Por ejemplo, en el vigente Código penal el conductor que se niegue a realizar una prueba de alcoholemia podría ser castigado por un delito de desobediencia grave; con la reforma que quiere impulsar el Gobierno, la pena podría ser de tres a seis meses de prisión; una multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad de hasta tres meses. Todo ello, más allá de que pueda perder el carné de conducir durante un máximo de cuatro años. Según algunos vocales que tendrán que examinar el anteproyecto del Ejecutivo- -que ayer a primera hora de la tarde aún no había entrado en el Registro del CGPJ- la objetivación de delitos de tráfico de tal forma que se vincule un exceso de velocidad al concepto de peligro para la vida y, por ende, a una pena privativa de libertad puede abrir una vía de conflictos. Cuando el CGPJ reciba el texto dispondrá de un mes para aprobar un dictamen con recomendaciones al Gobierno. No obstante, es previsible que pida una prórroga. Al tercer mes, sólo treinta Pese al criterio de algunos vocales del CGPJ, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, defiende la idoneidad de un endurecimiento de este tipo de sanciones de seguridad en el tráfico. En el Ministerio consideran como un hecho cierto que con una reforma penal como ésta, en el primer mes serán treinta mil las personas castigadas por exceso de velocidad que verán las orejas al lobo; en el segundo serán tres mil; y en el tercero, treinta Por otro lado, el ministerio, que argumenta que la reforma penal no es fruto de una calentura sino una actuación meditada y razonada tras 18 modificaciones del Código penal en la etapa del PP garantizará acuerdos entre Instituciones Penitenciarias y los ayuntamientos para que puedan cumplirse las retomadas penas de fin de semana en depósitos municipales con cierta vigilancia H. FRAILE franquismo y se cambien los nombres de las calles que hacer referencia a la dictadura. El problema de esta propuesta es que en muchos casos son los ayuntamientos los que tienen la competencia para decidir sobre este asunto y el Gobierno se agarra a ello. Por último, lo más probable es que el Ejecutivo se decante por instalar una exposición permanente sobre la represión en el Valle de los Caídos. nocimiento social y éxito de público del bicentenario de Carlos III. Este monarca, que había sido condenado durante el franquismo inicial como introductor del temible enciclopedismo y del impío liberalismo, fue objeto de una relectura en clave tecnocrática que no solo recuperó aspectos de su reinado tan importantes como el apoyo a la Ciencia, sino que pudo ser en verdad conmemorado por todos. Excepto algunos, que permanecieron anclados en posiciones maximalistas. Hubo republicanos exiliados en México y otros lugares que pretendieron volver a 1939 pero al revés, y también grupúsculos en el partido, la universidad o medios de comunicación que no perdonaron nunca aquella opción por una verdadera res publica en la que todos, de derecha o izquierda, se sintieran representados. Por supuesto, sin esa política de la memoria que fue también respeto por la Historia, porque había aprendido de las conclusiones de los histo- riadores- -según las cuales la guerra fue el fracaso de la política y entre 1936 y 1939 sólo hubo perdedores, no héroes- -ninguno de los proyectos de Estado de 1992 se habría celebrado con tanto éxito. Ni el quinto centenario del descubrimiento de América, metamorfoseado para dar cabida al punto de vista de la plenitud del mestizaje que es razón histórica de España en el encuentro de dos mundos, ni la Expo sevillana como manifestación universalista de posesión de las herramientas (por fin) para construir un futuro basado en la ciencia y la tecnología, ni la mejor fiesta global, la Olimpiada de Barcelona, en directo, por televisión y con una organización modélica, habrían sido posibles si el presidente y el Gobierno de entonces hubieran optado por consagrar la tiranía de los difuntos sobre los vivos, el recuerdo de un pasado terrible en vez de la celebración del futuro en común. Jueces para la Democracia elige sus candidatos para el Poder Judicial N. V. MADRID. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) eligió ayer a los cuatro candidatos que presentará para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Se trata de Miguel Carmona, presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla; Inmaculada Montalbán, juez de lo Contencioso del TSJ de Andalucía; Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo, y José María Fernández Seijo, juez de lo Mer- cantil de Barcelona. Los otros ocho precandidatos eran: el presidente de la Audiencia de Palencia, Carlos Álvarez; la de lo Social de Vigo Teresa Conde- Pumpido; Félix Azón, del TSJ de Cataluña; Garbiñe Biurrun, del TSJ vasco; Fernando Valle, de la Audiencia de Barcelona; Carles Cruz, de la Audiencia de Gerona; la juez de TSJ de Madrid María Lozano, y el juez de lo Social de Madrid y ex letrado- jefe de Estudios del CGPJ José Folguera.