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16 Nacional EL DEBATE SOBRE LA MEMORIA HISTÓRICA JUEVES 20 7 2006 ABC Zapatero se plantea la concesión de ayudas económicas a todas las víctimas del franquismo IU y ERC presionan al Ejecutivo para que anule los juicios sumarísimos de la dictadura b El PSOE aboga por una rehabili- tación simbólica mediante una resolución del Congreso que reconozca que esos procesos fueron bastante incorrectos J. L. LORENTE MADRID. El Gobierno ha elegido a conciencia la fecha para aprobar sus polémicos informes sobre la ley de Memoria Histórica: el viernes día 28, justo cuando medio país está ya de vacaciones. Aunque los textos se han mantenido en secreto- -no en vano, se ha evitado su reparto entre los grupos parlamentarios, incluidos los socios del Ejecutivo- se empiezan a conocer algunos borradores. A falta de los últimos retoques que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado en persona, el Gabinete socialista aboga en este asunto por incorporar derechos económicos y compensaciones a colectivos afectados, un protocolo para las exhumaciones de restos humanos, la recuperación de la dignidad de quienes sufrieron penas y sanciones dictadas sin justicia y sin una garantía penal mínima y el acceso documental a distintos archivos. Precisamente, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Ramón Jáuregui, preveía ayer, en declaraciones a Europa Press, que el Gobierno aprobará el día 28 los informes elaborados por la Comisión Interministerial encargada de estudiar la situación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil y un texto articulado que establecerá ayudas económicas para las personas que sufrieron la represión franquista, pero no un proyecto de ley específico sobre Memoria Histórica, ya que, a su juicio, el Ejecutivo dejará esta iniciativa legislativa a los grupos parlamentarios. Queda por ver cómo se va a solucionar el asunto más controvertido. Se trata de la posibilidad de anular los consejos de guerra con procedimientos sumarísimos que se dictaron entre 1936 y 1975 y la nulidad de pleno derecho de las resoluciones dictadas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y por los organismos comisionados por el mismo. Esta es la principal exigencia de los socios del Gobierno, en especial IU y ERC, que no apoyarán el texto que el Ejecutivo socialista remita a las Cortes sin la total anulación de las sentencias dictadas contra los demócratas a través de los juicios sumarios realiza- dos por la dictadura franquista El Gobierno no está por la labor de aceptar esa exigencia de sus socios, porque una revisión judicial de este tipo puede suscitar serios problemas legales. El Gabinete socialista apuesta, en cambio, por una rehabilitación moral y simbólica, sin abrir la vía de los tribunales. Jáuregui cree que este asunto podría solventarse mediante una resolución del Congreso que reconozca que estos procesos fueron bastante incorrectos desde el punto de vista legal pero que no pueden ser revisados porque implicaría un cuestionamiento de la seguridad jurídica del pasado No son de la misma opinión los dirigentes de IU. No valen excusas ni alegar supuestos problemas jurídicos que sí son resolubles técnicamente señalaba hace pocas fechas un portavoz de la coalición de izquierdas. Los representantes de ERC, por su parte, insisten en que nunca daremos apoyo si no se anulan todas las causas sumarísimas del franquismo, especialmente la de Lluís Companys, que fue fusilado por ser presidente de la Generalitat de Cataluña El capítulo en el que sí quiere hacer hincapié el Gobierno es el referido a las compensaciones. Elevar la cuantía de las pensiones a los represaliados o aplicar beneficios fiscales para que no se cobre el IRPF sobre ellas son el centro de las reivindicaciones económi- Los homenajes a víctimas de la Guerra Civil están proliferando en España cas exigidas por las asociaciones que luchan por recuperar la memoria histórica. Aunque el Ejecutivo insiste en que este asunto es competencia de las autonomías, de momento el Gabinete socialista ha aprobado ya la mayoría de las peticiones de subvención de los colectivos de víctimas. En cuanto a las fosas comunes, el Gobierno prepara un protocolo para su reapertura, ya que hasta ahora se ha realizado sin apenas control y sin ayudas públicas. Las asociaciones también exigen archivos accesibles a los familiares para establecer una compensación moral a las víctimas. El Ejecutivo está dispuesto a garantizar la recuperación de todos los archivos con datos de la represión franquista. Además, los colectivos exigen que se retiren las estatuas y los bustos y monumentos dedicados al DE FELIPE GONZÁLEZ A CARLOS III Y LOS 92 MANUEL LUCENA GIRALDO E n la resaca del susto que supuso el intento de golpe de Estado del 23- F, el PSOE ganó en junio de 1982 por primera vez tras la Guerra Civil unas elecciones. El antiguo compañero Isidoro, Felipe González, accedió al cargo de presidente del Gobierno de España tras una larga experiencia política y profesional, con una trayectoria cosmopolita y el examen de francés aprobado. Por aquellos días, nadie discutía que su llegada al poder cerraba la transición democrática, sin vencedores ni vencidos, conducida con una ejemplaridad que los politólogos de diversas latitudes se esforzaban en descifrar para decidir si constituía un modelo exportable. Pues había muchos sátrapas que mandar a casa y España constituía un caso milagroso de evolución de la dictadura a la democracia. Mucho antes del final del primero de sus mandatos en 1986, quedó claro que aquella generación de socialistas quería construir un poder cultural a la manera miterrandista, que habría de apoyarse en una cierta política de la memoria. La pertinencia de recordar sus fundamentos resulta urgente estos días. Frente a quienes esperaban una opción de tabla rasa que impusiera una visión partidista y cainita de la Guerra Civil, hubo una voluntad consciente favo- recedora de un relato que enfatizara la concordia final entre los españoles de la cual el Gobierno socialista era garante, una aplicación práctica de la historiografía de la Guerra Civil que desde los años sesenta había incidido en el fracaso que para todos había supuesto el sangriento conflicto entre hermanos. El edificante aroma jacobino (por igualitario) y nacionalizador (sin menoscabo de lo autonómico) de un relato de nación española que abandonaba las tinieblas del pasado dictatorial y volvía a ocupar su lugar natural en Europa y el mundo no sólo fue capaz de domesticar e integrar fenómenos ajenos a la maquinaria del Estado y producidos de manera genuina por la sociedad civil como la movida madrileña sino que favoreció la normalización de la imagen de España, uno de los fundamentos indudables de su modernización. Así, fue posible en 1988 la celebración en un contexto de insólito reco-