ABC MADRID 20-07-2006 página 4

4 Opinión JUEVES 20 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LÓPEZ OBRADOR SE QUEDA SOLO L líder populista mexicano Andrés Manuel López Obrador ha causado a su país un daño inmenso del que solo la sensatez de una inmensa mayoría podrá librarlo. México acababa de salir de más de un siglo de dictaduras en las que las elecciones eran procedimientos simulados que carecían de legitimidad, y cuando intentaba cimentar la solidez institucional para emprender firmemente el camino de la democracia, la irresponsable actitud de este dirigente político ha puesto al país en una situación de infarto y ha logrado minar el prestigio del Instituto Federal Electoral, que fue creado como la piedra angular del sistema político de México, tan dado a las suspicacias. López Obrador se ha comportado como la madre mezquina de la parábola salomónica y no le ha importado pedir que la espada parta en dos al hijo en disputa, antes que reconocer que los votantes han decidido que no era para él. Ha apostado por la calle, la pancarta y el griterío y ha sumido a un país entero en la incertidumbre diciendo que de todos modos no aceptará ni resultados ni sentencias, porque sigue afirmando que el proceso electoral estaba viciado desde el inicio. Pocas veces se ha visto en un país civilizado semejante despropósito político. Como era de esperar, después de la confusión inicial el insensato dirigente se ha ido quedando solo, conforme se ha visto que sus denuncias carecían de solidez. Los países más importantes del mundo han reconocido la victoria de Felipe Calderón porque los observadores internacionales confirmaron que los comicios se desarrollaron de forma limpia y correcta y los resultados fueron proclamados legítimamente por el Instituto Federal Electoral. El recuento revisado en las urnas consideradas dudosas ha aumentado incluso la ventaja de Calderón, aunque, como era de esperar, los representantes de López Obrador insisten en contestar incluso los datos de este conteo minucioso. Al final, su terquedad no ha dejado más salida que enviar las reclamaciones al Tribunal Supremo Electoral, en cuyas manos está ahora la decisión final, que de todos modos no será la de recontar voto por voto como pretende el candidato derrotado. Se diría que en estos momentos el único que no cree que México sea un Estado de Derecho es precisamente López Obrador, que sigue empeñado en tensar la cuerda amenazando con un estallido social, con la esperanza poco disimulada de lograr que se repitan las elecciones. Lo más probable es que los comicios se repitan, pero dentro de seis años, y es de esperar que para entonces la estrambótica figura de López Obrador solo sea un mal recuerdo de los mexicanos. Si esto es lo que ha hecho en las elecciones, ¿qué no habría sido si hubiera llegado a la Presidencia? Él mismo se ha encargado de confirmar los rumores que vaticinaban que a México y al continente americano les venía muy mal la radicalidad de un dirigente que, visto está, no sabe perder. E CÓMO HA SIDO POSIBLE LO DE MARBELLA A nueva entrega de la Operación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella y sus aledaños se saldó ayer con nuevas detenciones, entre ellas la del ex alcalde Julián Muñoz, bajo la acusación de los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos y cuyo domicilio fue registrado por funcionarios policiales. Aumenta así la imagen de corrupción generalizada que los sucesivos gobiernos municipales han endosado a la capital de la Costa del Sol, sobre la base de un descontrol urbanístico convertido en el gran negocio de una red de corte mafioso con epicentro en el consistorio y ramificaciones en múltiples sectores de la sociedad marbellí. La pregunta inevitable, a la vista de las extraordinarias dimensiones de la operación policial y judicial contra la corrupción en uno de los paradigmas del sector turístico español, es cómo ha sido posible llegar a esta situación. Están implicados instituciones como el ayuntamiento, todos los partidos políticos menos el Partido Popular, empresas constructoras, abogados y una larga nómina de testaferros y cómplices. Este monstruo delictivo sólo ha podido crecer hasta los niveles ahora conocidos gracias a una dejadez absoluta y continuada en el control de la política urbanística del Ayuntamiento de Marbella, porque no ha habido otra fuente de negocio ilícito que el suelo y el ladrillo, y en torno a ella se ha montado un entramado de delitos contra la ordenación del territorio, de falsedad documental, de cohechos, de prevaricación y otros muchos que han hecho que esta corrupción haya sido estructural en el gobierno de la ciudad. En este sentido, hay una inmediata responsabilidad política de la Junta de Andalucía por no haber actuado de forma contundente ante lo que era un ejercicio masivo de delincuencia urbanística. Aunque sólo fuera por proximidad, la administración gobernada por Manuel Chaves debería haber abandonado la tarea de perfecto Tancredo y haber promovido hace años una batalla contra el gigante delictivo que crecía y crecía ante sus ojos. Nunca fue suficiente la mera impugnación judicial de las decisio- L nes municipales sobre esta materia- -licencias, planes- porque la actuación de los Tribunales administrativos carece de disuasión suficiente cuando se enfrenta a una organización criminal. Debió haberse retirado al ayuntamiento todas sus competencias sobre urbanismo, y así se habría cortado el saqueo de la ciudad, e incluso debió haberse promovido mucho antes la disolución del consistorio. Este es un lamentable ejemplo de cómo también la Administración pública habría podido actuar autónomamente en defensa de la legalidad sin esperar a la intervención judicial. Entre las operaciones Malaya y Ballena blanca (centrada ésta en el blanqueo de capitales generados por actividades mafiosas) se ha puesto al descubierto un paraíso de corrupción que la Justicia debe desmantelar hasta sus últimas consecuencias. La recuperación de la imagen de la ciudad y de la confianza de sus ciudadanos en el ayuntamiento llevará también su tiempo; y a evitar estos problemas habría contribuido que el Gobierno socialista hubiera facilitado unas elecciones anticipadas- -con las reformas legales que hubieran sido necesarias- -para resolver democráticamente lo que también es una crisis institucional. Marbella debe recuperar su imagen en el exterior. Y para ello es necesario conocer toda la verdad. Tan privilegiado enclave no merece el maltrato que puede estar recibiendo su prestigio como punto turístico de referencia mundial, por mucho que quizá sean más de cuarenta los que han habitado la cueva de Ali Babá en que quedó convertido el ayuntamiento. Cabe esperar que la investigación judicial en marcha no se vea lastrada por el ingente volumen de imputados- -ya se han practicado cincuenta detenciones- -y hechos delictivos, y, sobre todo, que esté consolidando cada paso investigador para que, en el futuro, este no sea otro macroproceso de resultados decepcionantes. En este sentido, el Gobierno y el CGPJ deben proporcionar los medios que sean necesarios a la Fiscalía y al juez instructor para que desarrollen su trabajo con eficacia y encaucen adecuadamente el resto del proceso hasta el juicio oral. SECTARISMO FRENTE A LAS INSTITUCIONES N ADIE pone en duda las buenas intenciones de Miguel Ángel Fernández Ordóñez cuando proclama en su toma de posesión que la autonomía del Banco de España es inexcusable Tampoco se discute la capacidad profesional del nuevo gobernador ni- -por supuesto- -la de José María Viñals, designado número dos de la institución. Sin embargo, Fernández Ordóñez es persona con un acusado perfil político, y ni uno ni otro cargo han sido consensuados entre el Gobierno y la oposición, rompiendo así una práctica arraigada que beneficia notablemente al sistema financiero y supone un respaldo objetivo para los titulares de la responsabilidad correspondiente. El PSOE sigue dispuesto a dejar de lado al PP en las grandes decisiones que afectan al Estado, en una especie de prolongación perpetua del Pacto del Tinell que se revela- -cada día más- -como el episodio clave para interpretar el desarrollo de la legislatura. El daño que sufren las instituciones suele ser muy difícil de reparar una vez producido, en especial si se trata de una entidad con 150 años de historia y que, aunque limitadas por el Banco Central Europeo, sigue conservando funciones de máxima relevancia. La independencia y el rigor son imprescindibles para generar confianza en los actores económicos y, desde este punto de vista, es una noticia pésima que el Gobierno haya preferido forzar la máquina en los nombramientos y no buscar el consenso como era obligado. El equilibrio político de nuestro sistema constitucional está basado en la existencia de dos grandes partidos de ámbito nacional, que aglutinan aproximadamente al 80 por ciento de los votantes y configuran las únicas alternativas reales de poder. Es imprescindible que las cuestiones que atañen a la arquitectura institucional sean objeto de acuerdo entre socialistas y populares. Lo mismo ocurre con nombramientos tan delicados como los que conciernen a cualquier institución diseñada para vertebrar el sistema político, social y económico, como es el caso evidente del Banco de España. Excluir al adversario y transformarlo en enemigo genera tensiones que se traducen en una merma de las libertades, como se refleja en la creciente dificultad que encuentra un líder tan moderado como Mariano Rajoy para transmitir su mensaje en actos públicos de su partido. Todos estos episodios se orientan en una misma dirección, ante la mirada atónita de una sociedad que no admite sectarismo en cuestiones de Estado.