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4 Opinión MIÉRCOLES 19 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil APAGONES, UN FALLO ESTRUCTURAL C EL ESTADO INVIABLE L Gobierno socialista se complace en señalar reiterativamente que España no se ha roto después de la aprobación del nuevo Estatuto catalán, utilizando este método empírico para, a renglón seguido, dar por bueno cualquier otro efecto de menor entidad que se produzca en el futuro. El razonamiento es engañoso y, sobre todo, fallido, porque aferrarse al hecho de que el Estatuto catalán no produzca el daño extremo de la secesión de Cataluña no significa que las demás posibles consecuencias sean aceptables sólo por no suponer la ruptura de España. Era previsible que España no se rompería, pero el problema de fondo es si el Estado en el que se asienta España sigue siendo viable política y económicamente a la vista de que Cataluña ha asumido un volumen institucional de tal magnitud que justifica el diagnóstico hecho por Rajoy en su conferencia en FAES, cuando afirmó que la España autonómica ha sido suplantada por otra confederal La repetición constante de que España no se ha roto encubre la peligrosa dinámica que ha puesto en marcha el nuevo Estatuto de Cataluña, que es consecuencia de la segunda transición abierta por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, sin mandato electoral ni consulta popular. Esa dinámica ya ha generado sus primeros efectos, que confirman el temor de que el interés general, como armazón de la solidaridad entre las regiones y piedra angular del Estado autonómico, ha decaído. En concreto, y como anticipo de lo que está por llegar, gracias a un milagroso cambio estadístico el Instituto Catalán de Estadística, adscrito a la Consejería de Economía y Finanzas, ha elevado la participación de Cataluña en la economía nacional- -es decir, la española- que ha pasado del 18,8 por ciento al 20,02 por ciento. El incremento, como no podía ser menos, debe ser bien recibido en la medida en que refleje un aumento real de la actividad económica catalana. Pero el hecho de que el nuevo dato es la referencia que prevé el Estatuto catalán- -que atribuye a la Generalitat la competencia estadística de interés de la Generalitat (artículo 135.1) -para calcular las inversiones estatales en esta Comunidad durante E los próximos siete años (disposición adicional tercera) obliga a recibirlo con necesario escepticismo. El dato del Instituto Catalán de Estadística no coincide con el del Ministerio de Economía, lo cual no supone una garantía, porque esa discrepancia encierra un conflicto alimentado por el Estatuto que el PSOE y sus socios han aprobado. Y este Estatuto va a ser utilizado en su integridad por nacionalistas y socialistas catalanes. Las advertencias sobre la desvinculación progresiva de Cataluña respecto de los intereses generales de España- -aunque formalmente se mantenga en el Estado español meramente como usuaria de servicios básicos- -empiezan así a realizarse. Y no es sensato despachar este problema con prejuicios sobre el catastrofismo de la derecha o apelando al socorrido fantasma del centralismo madrileño La perspectiva del Estado español es preocupante porque se ha aprobado un Estatuto que mengua su capacidad política y financiera en detrimento del conjunto de la Nación. Por lo pronto, Rajoy ha denunciado que ya hay tres proyectos de ley aprobados por el Gobierno que no se podrán aplicar en Cataluña: el Estatuto del Empleado Público, porque el Estatuto limita la legislación básica del Estado a acceso, derechos y situaciones administrativas en la función pública; la ley de Gobiernos locales, porque el Estatuto ha sustituido las Diputaciones provinciales por las veguerías; y la ley de Universidades, materia que el Estatuto reserva a la Generalitat con carácter exclusivo y compartido. El Estatuto de Cataluña establece principios como el blindaje de competencias, la restricción de la legislación básica del Estado o el sistema propio de financiación que no son normas retóricas, sino partes sustanciales de un nuevo sistema político que se va a aplicar y que supone una alteración del equilibrio constitucional interno del Estado autonómico. La segunda transición que querían los socialistas y los nacionalistas ha consumado su primera etapa con la aprobación de un Estatuto que expulsa al Estado de Cataluña y condiciona su continuidad como organización política del conjunto de España. INTROMISIÓN REGIONAL EN EL EXTERIOR ALO es que un político cometa un yerro sin matices, pero mucho peor es la obstinación en defender esa equivocación. El dirigente socialista madrileño Rafael Simancas ha abrazado con gusto no una sino ambas circunstancias y, por razones que escapan incluso al sentido común, anda enzarzado estos días en una disputa con el embajador de Israel en Madrid a cuenta del conflicto en Oriente Próximo. Resulta difícil de imaginar pero es cierto: un dirigente regional español profiere insultos graves contra un Estado y, no contento con ello, entabla una discusión pública posterior con el representante de ese Estado en España. Absurdo jacobinismo que no sólo le pone a él en evidencia (un mal menor, en cualquier caso) sino que lesiona o al menos compromete los intereses de España en uno de los puntos más calientes y complicados del tablero internacional, como es el de Oriente Próximo. Y más grotesco aún es lo que le ha llevado al político del PSOE a esta querella pública que no es otra cosa que criticar el reciente viaje de Esperanza Aguirre a Israel. M Urge que alguna voz autorizada del Ministerio de Exteriores haga recapacitar a Rafael Simancas y le reconvenga hacia otra actitud, alejada al menos del enfrentamiento directo con un país entero. Sobre todo porque el político socialista no puede alegar que sus críticas (algunas con términos claramente difamatorios) al Estado israelí reflejan el sentir mayoritario entre los madrileños. ¿Cómo lo sabe? ¿Ha hecho una encuesta? Pero lo cierto es que tampoco es justo cargar sobre la impericia política de Simancas toda la responsabilidad de este desagradable asunto. Nada ha ayudado- -y en cambio sí puede que le sirviera al socialista madrileño de acicate para desplegar su inconveniente locuacidad- -la primera reacción del presidente del Gobierno al conflicto del Líbano, que mantuvo el tono de insolvencia que ha venido demostrando en la esfera exterior desde que llegara a La Moncloa. Digamos que Rodríguez Zapatero marcó la línea- -achacando a Israel la mayor parte de la responsabilidad de ese enfrentamiento- -y Simancas puso el epíteto. Trabajo en equipo para un incidente diplomático que llega en el peor momento. IENTOS de miles de madrileños se quedaron sin luz el domingo y padecieron un suministro muy defectuoso a partir de ese momento. El colapso en el suministro de un servicio público de esta naturaleza rompe la normalidad y produce severos trastornos en la vida de cualquier ciudadano. Sin electricidad quiebran las comunicaciones, la cadena de frío y conservación de los alimentos, el funcionamiento de máquinas y motores imprescindibles en la vida cotidiana, desde ascensores a electrodomésticos. Y se interrumpen los negocios, con serios perjuicios en las existencias y en la prestación de servicios. Desencadenado el mal, salir de un apagón lleva tiempo y necesita un esfuerzo extraordinario; recuperar la normalidad en un sistema mallado y con protocolos de seguridad es complejo y costoso. Por eso la normalidad tardará aún varios días en llegar a todos los clientes de los barrios afectados, que empiezan a reclamar las correspondientes compensaciones por los trastornos causados. Ahora no son tan frecuentes como antaño los fallos generalizados de suministro eléctrico en las grandes ciudades españolas, son más bien una anomalía. Los apagones, cortes, picos de tensión, caídas o microcortes sistemáticos son historia pasada, aunque una sociedad moderna no puede permitírselos ni como hecho esporádico. Porque también es cierto que las averías son quizás más severas que antes. Por eso las garantías deben ser máximas y los fallos muy penalizados. El apagón de Madrid ha tenido como protagonistas simultáneos a las dos grandes compañías que suministran a los clientes de la capital de España: Iberdrola y Fenosa, lo cual revela que el problema trasciende a las empresas para situarse en el modelo, en el sistema de producción y distribución de electricidad, especialmente de distribución, que no es bueno, ni siquiera regular. El origen del fallo de estos días radica en el sobrecalentamiento de la red fruto de condiciones ambientales y también del esfuerzo del sistema para atender una demanda récord durante los últimos días. No es nuevo el problema (en lo más riguroso del invierno también ocurre) ni la demanda ha supuesto una sorpresa. Desde hace años las compañías reiteran que la retribución de la distribución está por debajo de los costes razonables para mantener a punto la red. Pero los gobiernos sucumben a la tentación de mantener las tarifas controladas y bajas y para eso estrechan las posibilidades de inversión y mantenimiento inmediato aun a costa de incurrir en otros problemas menos inmediatos. A esa baja retribución de la distribución se une como factor adverso la dificultad para obtener licencias administrativas para el despliegue de redes de cualquier tensión. Y también el que las compañías priorizan inversiones ajenas a la mejora de las infraestruras. De manera que, con tantos sumandos, apagones como el del domingo serán cada vez más frecuentes y las responsabilidades- -en distintos grados, naturalmente- -son por tanto variadas. Eso sí, las víctimas siempre son los ciudadanos.