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4 Opinión MARTES 18 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SE INCENDIA ORIENTE PRÓXIMO A tensión crece por momentos en todo Oriente Próximo. La crisis del Líbano amenaza con extender el conflicto a la región e involucrar a nuevos actores. La sombra de una guerra generalizada no debe descartarse debido a la capilaridad de un conflicto que proyecta sus sombras sobre Palestina, Siria, Irán e, incluso, Irak. La espiral de violencia aumenta al tiempo que las acusaciones cruzadas entre los contendientes avivan un debate internacional que urge resolver con la intervención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Israel se defiende de la agresión terrorista de la milicia chií de Hizbolá y ésta sigue operando con total impunidad con sus bombardeos de cohetes Katiushas La impotencia, por un lado, de las autoridades libaneses y, por otro, la pasividad interesada de quienes financian y apoyan a Hizbolá desde el exterior- -Siria e Irán- avivan el nivel de tensión que acumula la frontera israelo- libanesa y contribuyen a que el desenlace final sea imprevisible. Los ataques israelíes sobre las posiciones de la milicia terrorista chií van dejando tras de sí un balance de víctimas que resta credibilidad internacional a su posición. Lejos de lograr sus objetivos- -liberación de los soldados israelíes secuestrados, desarme de Hizbolá y despliegue del Ejército libanés al sur del río Litani- la escalada militar ordenada por el gobierno de Ehud Olmert puede desembocar finalmente en una invasión del sur del Líbano que nos retrotraería al escenario del conflicto vivido en los años 80. Si así fuera, las ondas del seísmo bélico que provocaría un choque frontal del Ejército israelí con las milicias de Hizbolá no sólo haría peligrar la difícil gestión del proceso de paz entre Israel y la Autoridad Palestina, sino que dañaría el conjunto de la inestable estructura geopolítica edificada en Oriente Próximo después de la intervención norteamericana en Irak. La declaración emitida por el G- 8 en la cumbre de San Petersburgo ha sido contundente y clarificadora de por dónde debe ir la solución del conflicto. Ha instado a las partes a poner fin a la violencia, culpando de la situación a las fuerzas extremistas que, en velada referencia a Irán y Siria, estimulan a Hizbolá a que continúe golpeando a Israel con el fin de desestabilizar interesadamente el complejo panorama que ofrece Oriente Próximo. En este sentido, la propuesta de Kofi Annan, respaldada por Tony Blair, de desplegar una fuerza internacional de interposición que, bajo bandera de Naciones Unidas, impida que Hizbolá siga bombardeando las ciudades israelíes, no debe ser descartada de antemano. Lograría rebajar el nivel de tensión y daría a la diplomacia un margen de acción para sondear una fórmula que eficazmente restableciera la soberanía libanesa sobre el territorio que controla la milicia chií a la espera de su desarme definitivo, quizá con ayuda, también, de la comunidad internacional. L SÓLO ETA SERÍA CULPABLE L PSOE ya ha llegado a ese punto de no retorno al que parecía querer llegar a toda costa, antes o después, para empezar a inocular el mensaje de que el PP quiere que persista el terrorismo de ETA. Se veía venir esta nueva etapa polémica del proceso de paz porque pronto empezará una sucesión de citas electorales y el PSOE no iba a prescindir de uno de sus argumentos favoritos. El secretario de Organización socialista, José Blanco, lo formuló el pasado fin de semana con el enunciado más explícito posible: el PP boicotea el proceso de paz y suya será la culpa de que fracase. Esta acusación sólo es posible en el contexto de un proceso de negociación entre Gobierno y ETA que está haciendo perder los últimos escrúpulos morales que debían actuar como freno, por ejemplo, de agresiones verbales tan inadmisibles como la perpetrada por Blanco. Pero sería un error considerarlo un exabrupto o una salida de tono. Responde, por el contrario, a una planificada dosificación de mensajes que eclosionarán en el período de campañas electorales que se avecinan para presentar al PP como el partido que quiere guerra y terrorismo. Recuérdese que el propio Rodríguez Zapatero, después de los atentados cometidos por el terrorismo islamista en Casablanca (Marruecos) ya acusó al Gobierno de José María Aznar de haber puesto a España en la lista negra del terrorismo internacional No menos explícito- -y más intenso, sin duda- -fue el acoso contra el Gobierno del PP y las sedes de este partido en la noche preelectoral del 13- M, movilizado por una acusación de corte similar a las anteriores. En Formentera, el pasado fin de semana, Rodríguez Zapatero aprovechó la escalada militar en el Líbano para vincularla a la situación en Irak y dejar en el ambiente otra relación de causalidad entre la foto de las Azores y el aumento del terrorismo. La verdad, por notoria que sea, se ha hecho irrelevante. En esta lógica de aniquilación moral y política del PP, el PSOE no iba a dejar pasar la ocasión de advertir a los españoles de que si no hay paz será porque Rajoy no quiere que la haya. Estas palabras de Blanco, que fijan la posición de su partido, retratan la voluntad del PSOE de no E aceptar límites para su objetivo de erradicar como sea al PP, sin reparar en la deslegitimación misma del sistema democrático de partidos, que se hace inviable en las palabras del dirigente socialista. Es evidente que la sociedad española no puede ni debe aceptar un planteamiento que libera a ETA de su responsabilidad exclusiva de poner fin al terrorismo. Sea o no eficaz electoralmente el mensaje fratricida del PSOE, resulta totalmente inmoral, y esto bastaría para que Blanco se retractara públicamente. El PSOE ha organizado este proceso de negociación política con ETA como una estrategia propia oficialmente anunciada para lograr la paz, aunque oficiosamente busque también otros fines encadenados, de naturaleza puramente política. Ninguna culpa puede tener un partido como el PP, que ha sido excluido a conciencia de cualquier consenso, porque todos los pasos estaban ya pactados previamente. El intento de engaño, esta vez, tiene muchas deficiencias: el PP no puede ser culpable de que fracase un proceso de negociación en el que no interviene. Otra cosa es saber qué entiende Blanco por éxito o fracaso en relación con este proceso de negociación. Porque si la premisa aceptada por todos- -incluido el Gobierno y el PSOE- -es que este proceso ya no es de derrota, disolución y desarme de ETA, sino el inicio de un nuevo tiempo político para el País Vasco, en cuya configuración van a participar los etarras y Batasuna, con sus respectivas mesas, entonces sí será legítimo que el PP desarrolle toda la actividad opositora posible para que fracase este proceso, que no sería de paz, tal y como una democracia debe entender este término. Es más, la responsabilidad del PP como único partido de oposición es evitar que el terrorismo se sienta legitimado por una negociación sobre el marco institucional del País Vasco. El PSOE debería darse cuenta de que su lenguaje se asemeja cada día más al de aquel nacionalismo que pactó con ETA en 1998 y que quiso entonces renovar la eficacia de ese chantaje- -o gana el PNV o gana ETA- -tan exitoso que le facilitó la hegemonía en el País Vasco durante décadas. Parecerse a ese nacionalismo sería una degradación que el socialismo español debe evitar como sea. TODAVÍA DEMASIADOS ACCIDENTES UNQUE se ha reducido un 27 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior, el número de personas que pierden la vida en las carreteras españolas sigue siendo muy alto. Según datos correspondientes a los 16 primeros días del mes de julio (esto es, desde la entrada en vigor del carné por puntos) han fallecido 135 personas, de ellas, 29 en este último fin de semana. El detallado balance ofrecido por la Dirección General de Tráfico plantea sin duda buenas razones para constatar que el sistema de puntos llega acompañado de una mayor prudencia por parte de los conductores. Así lo confirma también el Ayuntamiento de Madrid, que habla de un grado más alto de respeto y disciplina, lo que se traduce en un número inferior de multas, incluso por infracciones tan corrientes como la invasión del carril- bus. La amplia campaña de publicidad y la información en los medios sobre sanciones que implican la pérdida de puntos parecen haber obrado el milagro de que muchos ciudadanos hayan mejorado su conciencia acerca del grave riesgo que entraña ponerse al volante de un automóvil. Sin embargo, la Administración debe evitar cualquier A triunfalismo. Las causas estructurales que provocan una buena parte de los siniestro siguen ahí. En concreto, el mal estado de muchas carreteras de la red secundaria y la existencia de puntos negros que nadie asume la responsabilidad de eliminar. Por otra parte, la novedad de los puntos produce un efecto benéfico que podría diluirse en los próximos meses cuando la gente se acostumbre a estas medidas o si se relaja el control sobre su aplicación. Todos los días siguen produciéndose accidentes dramáticos: ayer mismo, el conductor de una grúa fue arrollado en la M- 40 de Madrid a pesar de las medidas de precaución que se habían adoptado. No conviene echar las campanas al vuelo, aunque cualquier reducción del número de víctimas supone una buena noticia. No se olvide que detrás de cada accidente mortal hay un drama humano y familiar de consecuencias irreparables. Las administraciones públicas tienen que mejorar la inversión en infraestructuras y continuar en la labor de concienciar y- -cuando proceda- -sancionar a los conductores para evitar que los muertos en nuestras carreteras se sitúen en cifras inaceptables para una sociedad moderna y desarrollada.