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38 Madrid DOMINGO 16 7 2006 ABC La Audiencia Provincial retoma el caso Funeraria 14 años después Mañana comenzará a abordar las cuestiones preliminares, mientras que la vista oral podría celebrarse en el mes de marzo del próximo año b Varios ex concejales y empresa- Cronología de un largo caso El pleno de 22 de diciembre de 1992 adjudicó el 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a la firma Funespaña, con los votos en contra de PSOE e IU. En 1996, IU presenta un escrito de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. El Tribunal de Cuentas, en 1998 redactó un duro informe sobre el proceso de privatización parcial de la funeraria. La querella: entró en el registro del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la noche del 16 de septiembre de 1999. Fue admitida a trámite el 23 de septiembre de ese mismo año. Un auto de abril de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid deja listo para el juicio oral el caso funeraria Enero 2003: una sentencia del Tribunal Superior de Justicia anula el pliego de condiciones por el que se privatizó el 49 por ciento de la funeraria. Septiembre de 2002. La sala de lo civil y lo penal del TSJ Madrid dictó un auto solicitando fianza de 9 millones de euros para los principales encausados. Octubre de 2003: el TSJM decide inhibirse en el caso funeraria en favor de la Audiencia Provincial 17 de julio de 2006: Cuestiones preliminares en la Audiencia Provincial. informe no apreció responsabilidades contables durante la operación, aunque sí fue la base para que el Senado, a petición del senador socialista Juan Barranco, pidiera un informe sobre to- rios se enfrentan a peticiones de prisión e inhabilitación por delitos como prevaricación, maquinación y contra la hacienda pública SARA MEDIALDEA MADRID. Diez años después de llevar el asunto ante la Fiscalía Anticorrupción, y catorce desde que se originara, la venta parcial de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios se verá desde mañana ante los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid tiene previsto iniciar, salvo sorpresas de última hora, las cuestiones preliminares a la vista oral de un caso que lleva años dando vueltas, con tres políticos y varios empresarios encausados, y que cuestiona la manera en que se llevó a cabo la privatización de un 49 por ciento de la funeraria municipal. El Gobierno municipal que presidía por entonces el alcalde José María Álvarez del Manzano decidió en el año 1992 que había que entregar a la ges- tión privada la funeraria. Sus responsables políticos consideraban entonces que era un negocio ruinoso y pretendían llevar a cabo una privatización que vender como modelo político de futuro. Así, el pleno de 22 de diciembre de 1992 adjudicó el 49 por ciento de las acciones de esta empresa a la firma almeriense Funespaña, con los votos en contra de PSOE e IU. El valor simbólico fue de 100 pesetas. La empresa, además de su participación en beneficios- -proporcional a sus acciones- cobraba una cantidad nada desdeñable en concepto de gestión. Escrito de denuncia La oposición criticó desde el comienzo la operación, pero fue Izquierda Unida la que más a fondo se empleó y quien, en 1996, materializó sus críticas en forma de escrito de denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Comenzó entonces una larguísima batalla legal que aún hoy no ha concluido, con multitud de acelerones, frenazos y hasta marchas atrás. El primer indicio serio de que algo no andaba bien lo dio el Tribunal de Cuentas, ya que en el año 1998 redactó un duro informe en el que relataba cómo el Gobierno municipal había condonado a la funeraria más de 2.700 millones de pesetas entre deuda tributaria y gastos de personal- -los costes de los funcionarios que prestaban sus servicios en los cementerios municipales- Sobre la venta de las acciones, la calificaba el informe como confusa y discutible Además, el escrito aportaba algunos datos muy relevantes: cuando la funeraria era cien por cien municipal, en el año 1991, perdía 686 millones de pesetas. Pero en 1993, un año después de la privatización parcial, hubo 3.433 millones de pesetas de beneficios. Otras críticas se referían a la cuantía de la venta: la empresa Funespaña, decía el Tribunal de Cuentas, pagó 200 millones de pesetas por el 49 por ciento de las acciones, cuando su valor nominal- -incluyendo la valoración del patrimonio de la empresa mixta- -se elevaba a 1.300 millones. Pese a todo, este