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4 Opinión DOMINGO 16 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PENSIONES, POCO MÁS QUE UNA FOTO E GUADALAJARA, UN AÑO DESPUÉS U N año después de la tragedia que costó la vida a once personas que participaban en la extinción de un incendio forestal en Riba de Saelices (Guadalajara) la polémica sobre la responsabilidad de las administraciones públicas no sólo no ha cesado, sino que ha aumentado con motivo tanto del primer aniversario como del comienzo de la campaña contra incendios. El cruce de acusaciones entre partidos políticos y la manipulación de la comisión de investigación constituida en el Parlamento autonómico- -que, por supuesto, exoneró a la administración autonómica de toda culpa- -han difuminado la verdadera gravedad de lo sucedido, que fue la muerte de once miembros del retén que acudió a Riba de Saelices, el 17 de julio del pasado año, a apagar un incendio en medio de una manifiesta falta de coordinación y medios materiales para acometer esa tarea. Un incendio que, para entonces, llevaba varias horas activo y en expansión, pese a lo cual falló la coordinación entre la administración autonómica y la central. Sin duda, este episodio no ha tenido la resonancia espectacular, en términos sociales y políticos, que tuvo, por ejemplo, el accidente del petrolero Prestige que no causó la muerte de ninguna persona, pero que movilizó, por un predominante interés partidista contra el Gobierno de Aznar, a la izquierda y a muchos grupos ecologistas. Bastaría comparar el nivel actual de regeneración medioambiental de la costa gallega, alcanzado a los tres años y medio de la marea negra, con el plazo que exigirá una recuperación equivalente de las cientos de hectáreas arrasadas en Guadalajara hace doce meses. Por supuesto, la muerte de once personas es irreversible, pero ni siquiera esta trágica evidencia- -que hace palidecer los daños sufridos por percebes y mejillones de la costa gallega- -fue suficiente para provocar un movimiento similar de protesta y solidaridad con el medio ambiente castellano- manchego y los once ciudadanos muertos. Doble rasero de una falsa moral ecologista que manifiesta crudamente todo su sectarismo. Un año después, persisten las denuncias y las quejas de los retenes contra incendios, que alegan que no se ha invertido lo suficiente en medios materiales, que no se han impartido cursos de formación que garanticen la preparación de los agentes forestales y que no están cubiertas todas las plazas previstas para esta nueva campaña estival. Incluso afirman que están peor que el año pasado y temporadas anteriores. La Junta de Castilla- La Mancha niega estas acusaciones, aunque incluso algún alcalde socialista, como el de Ablanque, localidad afectada por el incendio de hace un año, denuncia que sólo se ha hecho el 0,7 por ciento de las obras prometidas tras la tragedia. Quizá las autoridades autonómicas no han caído en la cuenta del valor que tiene en estas circunstancias la realización de gestos de cercanía con las familias de las víctimas, de una mínima autocrítica en la gestión de las tareas de extinción, de una empatía con la conmoción social que provocó aquella tragedia. En muchas ocasiones la clase política se hace responsable ante los ciudadanos más por lo que calla que por lo que hace, sobre todo cuando, como en este caso, ante la irreversibilidad de unas muertes, se encierra en posiciones defensivas y trata de escudarse en acusaciones a la oposición política o en negaciones de la evidencia. La probable ausencia del presidente Barreda en el funeral por las víctimas, caso de producirse, sería un nuevo desplante a las familias y una incoherencia con las obligaciones de su cargo. Un incendio forestal siempre es una situación de riesgo para quienes participan en su extinción. Pero, precisamente por esta razón, es inexcusable un sistema eficaz de coordinación de los retenes, así como la disposición de medios materiales adecuados. La tragedia de hace un año está siendo investigada por la justicia, pero no deben ser siempre los jueces los que marquen con sus decisiones el umbral de las responsabilidades políticas, porque este planteamiento sí judicializa la política. En Guadalajara, aunque ninguna autoridad cometiera delito alguno, sí se incurrieron en responsabilidades que aún están pendientes de asumir y que no se saldaron en la dimisión de la entonces consejera de Medio Ambiente, luego recompensada con un cargo en una sociedad pública. Habría bastado con que el PSOE hubiera reservado para Guadalajara un poco de la sensibilidad ecologista que volcó en el accidente del Prestige ASTILLEROS: PROMESA INCUMPLIDA A Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) procederá de inmediato a la venta por separado de los cuatro astilleros civiles ubicados en Gijón, Sestao, Manises y Sevilla. No ha servido de nada el compromiso verbal adquirido por el presidente del Gobierno el 13 de septiembre de 2004 cuando manifestó ante el comité de empresa de La Naval de Sestao que los astilleros públicos se mantendrían abiertos, dotados de una carga suficiente de trabajo. La reacción de los sindicatos, que anuncian acciones contundentes a partir de mañana, ha sido ya precedida de diversos incidentes: las imágenes de barricadas, neumáticos quemados y carreteras cortadas son fiel reflejo de un clima de crispación social, que tiene otros frentes abiertos como es el caso de Renfe. Un análisis objetivo de los astilleros españoles exige la ponderación de diversos factores políticos, económicos y sociales. La fuerte competencia internacional en el sector naval, la diferencia de expectativas entre los astilleros civiles y militares y el futuro de los trabajadores son, entre otros, los elementos a tener en cuenta. De ahí la falta de responsabili- L dad que supuso una promesa imprudente realizada en un reunión improvisada, con la única intención de no dañar la imagen de Zapatero durante una visita al País Vasco. Ciertos políticos no sólo no llevan a la práctica lo que prometen en campaña electoral (según la conocida opinión de Tierno Galván) sino que tampoco hacen honor a la palabra dada cuando ostentan una alta responsabilidad. Zapatero no debió asegurar nunca que los astilleros civiles no se iban a cerrar, porque un compromiso presidencial convertido en papel mojado supone una fuerte merma para la credibilidad del Ejecutivo. En política, como en otras facetas de la vida, hay que saber decir no o- -cuando menos- -aplazar las decisiones al momento oportuno. No es lícito manifestar todo aquello que los interlocutores desean oír con la única intención de salir del paso. Ahora los hechos son tozudos y demuestran que el presidente prometió algo que no podía cumplir. Los afectados y los ciudadanos en general han llegado a la conclusión de que no siempre se puede confiar en la palabra de algunos responsables del más alto nivel. L ministro de Trabajo prometió al presidente del Gobierno trabajar para el consenso con los agentes sociales, a fin de evitar una de esas huelgas generales que, al margen de su desarrollo, tanto desgastan a los ejecutivos. Lo ha conseguido formalmente, primero con el pacto para la reforma del mercado laboral y ahora con un acuerdo de medidas en materia de seguridad social que llaman pacto de pensiones. El pacto de pensiones se alcanzó semanas atrás, pero por razones de oportunidad política u otras que no han explicitado, se firmó el pasado jueves en La Moncloa, con solemnidad litúrgica, en esta recta final de un curso político y legislativo agrio y pródigo en desacuerdos. La foto de sindicatos, patronal y Gobierno en armonía y concordia, con proyectos de futuro, transmite normalidad e incluso eficacia, pero es poco más que una capa de barniz. El acuerdo sobre pensiones, como antes el de reforma laboral, es de baja intensidad: no son ni históricos ni relevantes, no introducen cambios sustanciales, aunque en ambos casos van en la buena dirección y mejoran el marco de referencia, aunque muy levemente. Las pensiones, tras este acuerdo, están garantizadas por unos meses más que antes, pero sólo unos pocos meses, porque los problemas de fondo subsisten. La ampliación del período de cómputo de la base reguladora de la prestación mejora la contributividad del sistema que es uno de los objetivos centrales de cualquier reforma de fuste, pero mucho menos de lo que sería deseable. Que el Estado asuma la cobertura a través del presupuesto de los complementos de mínimos es un compromiso viejo que se refresca, pero al que no se impone plazo perentorio de cumplimiento. Las modificaciones en cuanto a pensiones de viudedad y orfandad, la cotización por contingencias profesionales, la pensión por incapacidad y las medidas sobre prolongación de la vida laboral y jubilación son correctas, conformes con lo que recomiendan todos los informes técnicos de reforma del sistema, pero de mínimos. Ninguno de los firmantes se ha empleado a fondo en esta reforma; lo que han firmado es poco más que cosmética, tan correcto como de corto recorrido. El precio de la foto radica en la mediocridad del acuerdo. No debe extrañar que el presidente del Gobierno aprovechara la oportunidad para argumentar lo bien que va el empleo hasta hoy, para avanzar que la tasa de paro de la próxima EPA será la menor del último cuarto de siglo, pero sin plantear objetivos a medio plazo. El mercado de trabajo va bien en líneas generales, impulsado por la inercia del pasado. Hasta que deje de hacerlo. Para esa coyuntura adversa, que llegará, es para la que se requieren medidas más ambiciosas. Pero una buena foto ahora parece que vale más que construir unas buenas defensas que prevengan de males futuros.