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82 Economía SÁBADO 15 7 2006 ABC Las comunidades reciben 279 millones para el control de la incapacidad laboral ABC MADRID. El Consejo de Ministros autorizó ayer la suscripción de 16 convenios de colaboración para el control de la Incapacidad Temporal con las comunidades autónomas (excepto País Vasco y Navarra) y Ceuta y Melilla entre 2006 y 2008. Por este concepto, con cargo a los Presupuestos de 2006, las autonomías y las dos ciudades autónomas recibirán 279,76 millones. El Gobierno da vía libre a la ley del Suelo, que intenta acabar con la especulación La Rioja cree que invade sus competencias y recurrirá ante el Constitucional del Ejecutivo será analizada por los partidos políticos. CiU no descarta que se apropie de las atribuciones de la Generalitat catalana en esta materia ABC MADRID. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de la ley del Suelo, que perseguirá la corrupción, combatirá la especulación urbanística, aumentará la transparencia y garantizará más suelo para vivienda protegida según explicó la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega. La nueva norma vendría a cambiar la actual regulación que, según explicó la vicepresidenta primera, ha precipitado un modelo de desarrollo urbanístico opaco y poco sostenible y no ha salvaguardado el interés de los ciudadanos Fernández de la Vega aludió a los recientes escándalos de varios sitios de nuestra geografía para explicar la necesidad de una nueva regulación del suelo con la que crear un modelo territorial y urbano más transparente, sosb La iniciativa CiU no descarta que interfiera en las decisiones de la Generalitat El portavoz de Vivienda de CiU en el Congreso de los Diputados, Jordi Jané, se mostró crítico con el proyecto de ley del Suelo y explicó que quiere analizarlo, ya que teme que invada competencias de la Generalitat, informa Efe. La futura ley del Suelo ya cuenta con el apoyo parlamentario de IU- ICV y ERC, que el pasado jueves hicieron pública una declaración institucional en favor de la nueva norma, con lo que la aprobación del anteproyecto del Gobierno está garantizada. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, también cuenta con el compromiso de apoyo de Coalición Canaria (CC) tenible y acorde con los intereses de todos los ciudadanos y por encima de los intereses particulares Para conseguir estos objetivos, la futura ley del Suelo establecerá un catálogo de derechos y obligaciones de los ciudadanos para que participen más, fijará instrumentos de información pú- Nueva dotación al Fondo de Reserva Además, el Gobierno aprobó una nueva dotación al Fondo de Reserva de 3.800 millones de euros, con lo que dicho fondo supera ya los 35.000 millones, casi un 4 del PIB. Asimismo, el Ejecutivo aprobó la mejora del sistema de protección por desempleo de los trabajadores agrarios, que incluye la modificación de la escala de la duración de la prestación por desempleo contributiva de estos trabajadores, que pasarán de obtener undía de protección por cada cuatro cotizados a un día por cada tres, igualándola a la del resto de los trabajadores. Esta medida afecta a unos 600.000 eventuales agrarios de toda España. blica y abierta, prohibirá que los convenios puedan imponer más cargas para los propietarios del suelo sin su consentimiento, y obligará a las administraciones a someter a evaluación ambiental todos los proyectos. Además, fijará una reserva mínima de suelo para vivienda protegida, mejorará la regulación de patrimonios públicos de suelo, impondrá criterios de valoración del suelo objetivos para que nadie pueda beneficiarse de ninguna posición de privilegio subrayó Fernández de la Vega. Una invasión clara La decisión del Gobierno ya ha levantado las suspicacias de algunas comunidades que, como en el caso del Gobierno de La Rioja ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional por considerar que la nueva norma es una invasión clara de las competencias autonómicas y municipales según aseguró la consejera de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, Aránzazu Vallejo. En otras comunidades, sin embargo, como Aragón o Castilla- La Mancha, han aplaudido la regulación del Ejecutivo Central.