Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión SÁBADO 15 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil REFORMA EN LA FISCALÍA N ISRAEL SE DEFIENDE RIENTE Próximo agudiza su crisis. El choque de Israel e Hizbolá eleva la temperatura de la región al rojo vivo. Convertido el Líbano en un campo de batalla, la situación se hace imprevisiblemente caótica. Todo es posible después de dos días de bombardeos aéreos y de operaciones terrestres y navales israelíes en el sur del Líbano, en Beirut y en la carretera que comunica esta ciudad con Damasco. Más aún cuando, desde Irán, su presidente, Mahmud Ahmadineyad, ha amenazado a Israel con protagonizar una dura respuesta si se produce algún ataque militar contra Siria. La sombra, por tanto, de un conflicto generalizado en la región cobra así verosimilitud, tal y como ponen de manifiesto la subida del precio del petróleo y el comportamiento a la baja de las bolsas internacionales. El secuestro de dos soldados israelíes por Hizbolá ha sido el detonante. Con sus acciones bélicas en el Líbano, Israel trata de impedir que salgan del país y se haga aún más difícil su rescate. La impunidad con la que actúa esta organización terrorista chií a sueldo del Irán de los ayatolás es inadmisible. Como también lo es el estímulo velado que recibe desde Damasco a la hora de utilizar el suelo libanés como plataforma de operaciones terroristas contra Israel. Ha sido precisamente esta diabólica ecuación la que ha provocado finalmente la acción militar israelí ya que con ella el Gobierno de Ehud Olmert trata de salvaguardar la seguridad de su país. Es cierto que al actuar de este modo se ha vulnerado la soberanía libanesa y se han causado decenas de víctimas inocentes debido a los ataques aéreos israelíes. Sin embargo, la incapacidad del Gobierno de Beirut O por poner orden dentro de sus fronteras y la dejadez de la comunidad internacional a la hora de acabar con la influencia que Siria e Irán ejercen sobre organizaciones terroristas que, como Hizbolá, actúan desde el Líbano para agredir a Israel, justifican en buena medida la vía de hecho a la que ha acudido Tel Aviv a la hora de responder a la presión terrorista que sufre desde fuera de su territorio. Nadie discute la necesidad de que se escuche la voz del Consejo de Seguridad en este asunto. Se debe exigir a Israel que cumpla la legalidad internacional pero, también, se deben dar las condiciones de seguridad para que organizaciones terroristas como Hizbolá no puedan seguir operando con impunidad desde el Líbano. Hay que impedir que la escalada militar vaya en aumento en este país y que amenace con involucrar a Siria y otros estados. Pero es también necesario que se ponga fin al escenario de inseguridad que provoca sobre Israel la falta de autoridad que el Gobierno libanés ejerce sobre el conjunto de su territorio. De hecho, los bombardeos indiscriminados con cohetes Katiusha que lleva a cabo Hizbolá sobre el norte de Israel evidencian que al otro lado de su frontera no hay ninguna capacidad real de maniobra a la hora de meter en cintura a los terroristas chiíes. Mientras las autoridades israelíes no se sientan seguras será muy difícil desactivar el escenario de tensión y violencia que vivimos en estos momentos. Corresponde al Consejo de Seguridad establecer las condiciones para que eso sea así. Sobre todo porque la lucha contra el terrorismo exige de la comunidad internacional contundencia y rigor, evitando la existencia de santuarios terroristas al amparo de soberanías nacionales fallidas como la libanesa. ASIGNATURA PARA EL ADOCTRINAMIENTO L Gobierno está empeñado en no dar tregua al sistema educativo español y se dispone a implantar una asignatura, Educación para la Ciudadanía, planteada como un adoctrinamiento ideológico destinado a los alumnos mayores de diez años. El primer argumento en contra de esta asignatura es conceptual. El Estado no puede atribuirse la función de educar a niños y jóvenes en valores morales como una responsabilidad del sistema de enseñanza y, menos aún, como requisito para la formación de esos alumnos en su condición de buenos ciudadanos. Esta especie de Estado ético que busca realizar al ciudadano exclusivamente con su adoctrinamiento es incompatible con un principio básico de libertad individual y, sobre todo, con el respeto a las convicciones que cada familia quiera transmitir a sus hijos. El Estado que se hace custodio de valores morales es una amenaza para la sociedad democrática; pero se convierte en un auténtico peligro cuando pretende ser, además, educador de las nuevas generaciones. Podrá decirse que, con este reproche, no se podría educar en la igualdad a quienes profesan una religión que discrimina a la mujer. Sin embargo, este razonamiento es falaz porque la ciudadanía democrática se basa en el respeto a las leyes, aunque no gusten, y no en hacer proselitismo de criterios morales. Con la coartada de querer hacer buenos ciudadanos- -como si este objetivo no se consiguiera con la transmisión de conocimientos, el ejercicio de la autoridad académica y la inculcación del esfuerzo y del respeto como pau- E tas de conducta- el Ministerio de Educación ha incluido en la Educación para la Ciudadanía una apología de la diversidad de tipos de familia. Es decir, una contraprogramación de lo que el progresismo denomina familia tradicional para referirse a la fundada en el matrimonio entre hombre y mujer. El propósito es, una vez más, impregnar la formación de los niños y los jóvenes- -sometidos a la presión de secundar lo que oyen para poder aprobar- -de una formación preordenada ideológicamente, exenta de cualquier valor que la izquierda califique como conservador, y tanto da que esto se proyecte en el adoctrinamiento sobre la familia moderna que en el estatuto académico del alumno. Si la defensa de esta asignatura y, en concreto, de la enseñanza de la diversidad familiar es la realidad, como han señalado altos cargos del Ministerio, nada impedirá adoctrinar sobre otras realidades, como el aborto, la poligamia o la promiscuidad sexual, conceptos en los que la izquierda suele conjugar- -y está escrito- -categorías tan eufónicas como derechos, libertades o multiculturalismo. Ni este Gobierno, ni otro de signo ideológico contrario, tiene derecho a hacerse valedor de unos criterios morales que no son unánimes y que tampoco abocan a una mejor ciudadanía, pues quien rechaza el matrimonio homosexual no es, por este motivo, peor ciudadano que el que lo acepta. Una cosa es acatar, respetar y cumplir la ley, que es lo que debe hacer todo ciudadano, y otra muy distinta es estar de acuerdo con ella. INGUNA de las reformas de la Justicia planteadas hasta ahora por el Gobierno se refiere a lo que el programa electoral del PSOE en 2004 calificó como compromiso básico consistente en garantizar a los ciudadanos que, antes de terminar la legislatura, obtendrían sentencia firme en sus pleitos en el plazo máximo de dos años. Visto que esta promesa era, simplemente, una frivolidad, el Gobierno se está dedicando a otros menesteres judiciales. Ayer, el Consejo de Ministros conoció el informe del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, sobre la futura reforma del Ministerio Fiscal. En su mayoría, las propuestas de esta reforma recogen lo anunciado por el PSOE en el programa electoral. Pero una cosa es ser coherente y otra tener acierto. Entre las diversas medidas propuestas por López Aguilar, destacan la intervención del Parlamento en el procedimiento de designación del fiscal general, la limitación de su mandato a cuatro años- -sin posibilidad de reelección- -y el establecimiento de causas tasadas para su cese. En conjunto, estas medidas no se corresponden con el elemento esencial, en términos institucionales, de la figura del fiscal general del Estado, que es ser cargo de confianza del Gobierno de turno. Así lo refleja la Constitución, en el artículo 124, que sólo contempla un informe previo no vinculante del Consejo del Poder Judicial sobre el candidato a fiscal general. La irrupción del Parlamento, mediante una comparecencia del candidato, no sólo contribuirá a politizar anticipadamente la designación y a perjudicar al compareciente, sino que, a la postre, carecerá de relevancia porque la opinión de los diputados tampoco tendrá efecto vinculante para el Gobierno. En cuanto a las causas tasadas de cese, no se prevé la pérdida de confianza del Gobierno, pese a que libremente nombra al fiscal general, lo cual tiene buena apariencia de cara a la galería, pero cercena las posibilidades del Ejecutivo de contar con un cauce fiable para trasladar al ámbito judicial aquellas propuestas de acciones legales que, en aras del interés general, requieran las circunstancias de cada momento. Tampoco sería de extrañar que, llegado el caso, el cese discrecional del fiscal general por pérdida de confianza se camufle en un incumplimiento grave o reiterado de sus funciones En todo caso, sobre el papel, las causas tasadas de cese y la limitación temporal del mandato pueden funcionar como protección de la Fiscalía frente a interferencias partidistas del Gobierno. Finalmente, como no podía ser menos, la organización territorial del Ministerio Fiscal también se modifica en varios aspectos, pero uno de ellos está orientado a acoplar esta institución al nuevo modelo inaugurado por el Estatuto catalán, dado que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia pasará a denominarse fiscal superior de la Comunidad Autónoma. Posiblemente esta denominación sea más adecuada, en sentido orgánico, pero políticamente es un favor a la nueva nomenclatura de la justicia de taifas que ha inaugurado el Estatuto de Cataluña.