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4 Opinión VIERNES 14 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil MARAGALL, PERO NO SÓLO ÉL E PUNTO Y SEGUIDO PARA RTVE L acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos representados en RTVE era un paso esencial para garantizar la viabilidad de la radiotelevisión pública, pero no deja de ser sólo eso, un paso. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -dependiente del Ministerio de Economía- -la dirección del Ente y los representantes de los trabajadores han demostrado valentía y altura de miras en una negociación sin duda repleta de dificultades y tensiones de todo orden, propias del problema poliédrico que supone reestructurar una compañía con diez veces más trabajadores que los operadores de la competencia y que produce un déficit anual del orden de los 600 millones de euros. El plan permite cumplir la hoja de ruta marcada por el Gobierno y poner en marcha de inmediato un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 4.150 trabajadores mayores de 50 años con una antigüedad mínima de seis años. El objetivo es arrancar 2009 con una plantilla total de 6.400 empleados, entre fijos y contratados. El pacto libera también la partida económica que se fijó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en forma de subvención estatal por valor de 575 millones de euros y que hacía imprescindible diseñar un nuevo modelo organizativo de RTVE, capaz de racionalizar los costes y mejorar la productividad, amén de acordar una nueva política de personal que atenuara el impacto del gasto financiero. A cambio, el Gobierno se comprometía a asumir los más de 7.500 millones de euros de deuda acumulada, a poner a cero el contador de la flamante Corporación RTVE. Sólo así podrá emprender su actividad con oportunidades reales de alcanzar la requerida viabilidad. Sólo así también se podrá exigir a sus futuros gestores una responsabilidad total sobre el devenir de la cadena, sin peros a la hora de hacer los deberes, ni manidos ajustes de cuentas con el pasado, en un sector muy complejo como es el audiovisual, pero a la vez con innumerables oportunidades de negocio, como bien reflejan las cuentas de explotación de las privadas. La primera fase de la reconversión industrial de la radiotelevisión pública española se ha superado con aparente éxito. Ahora falta completar la reducción de personal, de adscripción voluntaria en un tramo inicial, y alentada por las excepcionales condiciones que el Gobierno E ha aceptado para el excedente de plantilla, el 44 por ciento de los más de 9.000 empleados que hay en nómina actualmente (8.242 fijos y 1.121 contratados) Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de treinta días desde la aprobación del ERE, con el próximo 30 de octubre como fecha límite. Entonces se podrá valorar la autenticidad del acuerdo, aunque las generosas bases de las medidas suscritas el pasado miércoles hacen prever un elevado grado de cumplimiento en la previsión de salidas pactadas. Los afectados percibirán hasta la edad de jubilación forzosa, fijada en 65 años, una media del 90 por ciento del salario neto del último año. Además, de manera paralela, se ha previsto un sistema de bajas incentivadas para los trabajadores que por su edad queden fuera del acuerdo y fórmulas de movilidad voluntaria una vez que esté definida la plantilla de los distintos centros territoriales, cuya permanencia queda asegurada. Las delegaciones tendrán un mínimo de 32 empleados y centros como el de Cataluña realizarán el 23 por ciento de la producción propia total de RTVE. Es éste uno de los aspectos en el que se deberá ahondar, con el objetivo de encajar la aristada pieza de la radiotelevisión estatal en el apretado rompecabezas autonómico, con convenios profesionales con los Entes públicos regionales que promuevan una optimación añadida de los costes. El acuerdo es sólo un punto y seguido para la insondable RTVE. Ahora toca desarrollar la futura Corporación de radiotelevisión pública estatal. Y deberá hacerse atendiendo escrupulosamente al mandato de la Unión Europea para erradicar de una vez por todas el aval ilimitado del Estado a la cadena y con arreglo a lo establecido en la Ley de RTVE, aprobada el pasado mes de mayo. El Gobierno se ha apresurado a proclamar el final de la televisión de partido y, ciertamente, en su mano tiene una oportunidad histórica para evitar cualquier sombra de duda sobre la politización de la empresa y edificar un proyecto sólido e independiente, sin techo de cristal ni suelo de arenas movedizas. Es el momento de apostar por una RTVE de calidad, sin la patente de corso que le ha permitido mantener un sistema de ingresos privilegiado por la vía de la denominada financiación mixta y aprovechar el nuevo estándar de tamaño para obtener números negros planteando lealmente la competencia. Ver para creer. PLANES PARA DESPUÉS DE CASTRO A Administración norteamericana ha hecho público recientemente un plan para apoyar la transición política en Cuba después de la desaparición de Fidel Castro. No es un secreto para nadie que Estados Unidos ha intentado derrocar al régimen castrista prácticamente desde los días que siguieron al triunfo de la revolución y que ninguno de esos proyectos, incluyendo el bloqueo comercial, han tenido éxito en sus propósitos de desestabilizar una dictadura que se ha fosilizado en el poder desde hace 47 años. Esta última toma de posición parece dar por hecho que no existen ya posibilidades de apartar a Fidel Castro del poder o de cambiar la dirección totalitaria de su Gobierno, y se dedica directamente al análisis de las opciones que pueden aparecer cuando se produzca la desaparición física del dictador. En este sentido, el acertado mensaje fundamental para los responsables cubanos es que tras la muerte de Fidel Castro, si el sucesor ha de ser su hermano Raúl o cualquier otro diri- L gente no elegido democráticamente, no se puede esperar una normalización de relaciones. El compromiso de Estados Unidos con la democracia en Cuba está fuera de toda duda, y su disposición para ayudar decididamente a los cubanos en una deseable transición a un régimen de libertades es un gesto que debería ser imitado por todos los demócratas del mundo. Pero precisamente porque se trata de un vecino de Cuba que ha mantenido siempre una relación tan asimétrica con la isla, Estados Unidos está obligado a ser extremadamente escrupuloso en todo lo que pueda ser entendido como una imposición o una ingerencia en las decisiones concretas del futuro político de los cubanos. Los demócratas que sobreviven heroicamente en el interior del país saben mejor que nadie el uso político y propagandístico que hace el régimen de las proclamaciones norteamericanas y cuáles son sus lamentables efectos en la mentalidad social de los cubanos. L presidente de la Generalidad catalana, Pasqual Maragall, se ha mantenido fiel a sí mismo hasta en la forma de clausurar el primer mandato socialista en Cataluña. Sin consulta previa con su partido ni con su Gobierno, Maragall decidió que las próximas elecciones autonómicas se celebren el 1 de noviembre, miércoles, festividad de Todos los Santos, y ayer lo ratificó en la última sesión de control celebrada en el Parlamento autonómico, que el presidente de la Generalidad transformó en una despedida institucional. El remate puesto a esta legislatura certifica la sima abierta entre Maragall y el PSC, así como la profundidad de la crisis política en Cataluña, que ni siquiera ha permitido fijar pacíficamente la fecha electoral. Es posible que el día elegido afecte negativamente a la participación y que este riesgo debería haber sido reducido en lo posible después de la abstención producida en el referéndum estatutario. Pero se ve que la política en Cataluña navega por rumbos ajenos al interés ciudadano, incurriendo estos preliminares electorales en el mismo patrón aplicado a otros asuntos como el escándalo del barrio del Carmelo o la polémica del 3 por ciento. Si bien es cierto que Pasqual Maragall ha propiciado un fin de legislatura marcado por su protagonismo- -y por su aislamiento- también lo es que no sólo él ha fallado. Se acaba, por ejemplo, la primera legislatura socialista en Cataluña después de décadas de hegemonía nacionalista y el saldo es una profunda crisis política y de confianza ciudadana, que se ha llevado por delante a un presidente, a su Gobierno y al Parlamento mismo, forzado a su disolución anticipada. También ha fracasado- -si es que alguna vez se puso en práctica- -la política de regeneración que prometió el socialismo catalán y que plasmó en un Gobierno tripartito temerario, copatrocinador a la postre de la continuidad de los mismos vicios de encubrimiento y beneficio recíproco entre los partidos dominantes catalanes. Al final, el regeneracionismo del PSC se ha resumido en echar mano de Convergencia i Unió para sacar adelante el Estatuto, poner a Esquerra Republicana fuera del Gobierno tripartito y sentar con el PSOE las bases de un reparto equitativo del poder autonómico. Por eso, aunque Maragall haya despedido su mandato con una de las suyas, el verdadero problema lo tiene la sociedad catalana, que se encuentra nuevamente con una oferta política estancada en las mismas posiciones que en los últimos años, aunque agravada por la acusada capacidad intervencionista que otorga el nuevo Estatuto de Autonomía a la Generalidad. Así es como en Cataluña todo parece que cambia, con un Estatuto que inaugura el modelo confederal de relación con el Estado, para que todo siga realmente igual, con un asentamiento del régimen mancomunado entre nacionalistas y socialistas. Aunque Maragall se vaya.