ABC MADRID 11-07-2006 página 4
- EdiciónABC, MADRID
- Página4
- Fecha de publicación11/07/2006
- ID0004966391
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4 Opinión MARTES 11 7 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. López Jaraba (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: José Luis Romero Adjunto al Consejero Delegado: Emilio Ybarra Aznar Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil TRANSPARENCIA CONTRA LA CORRUPCIÓN BC comienza hoy una serie de reportajes que aportan nuevos e inquietantes elementos sobre las operaciones Malaya y Ballena blanca Entre los documentos aprehendidos a quien despunta como pieza clave de la trama, Juan Antonio Roca, aparecen no sólo pruebas fehacientes de pagos irregulares a personas determinadas, sino también la referencia a siglas o iniciales misteriosas que están siendo investigadas por el juez, el fiscal y la Policía Judicial por esconder tras de sí a más agraciados con el convoluto. La contabilidad de las empresas en cuestión arroja cifras millonarias para efectuar dichos pagos, y crece el temor a que, en una tercera fase, esta importante operación anticorrupción pueda afectar a otros empresarios, políticos o técnicos municipales que conforman ese colosal patio de monipodio en que se convirtió el ayuntamiento. Se habla de treinta constructores situados en el punto de mira de los investigadores, lo que desata el nerviosismo de quienes tienen algo que temer, no exento de críticas al juez Torres por una supuesta vulneración de la presunción de inocencia. Lo cierto es que, hasta ahora, casi todos los implicados han terminado por reconocer los pagos. Aunque es indudable que el centro de las operaciones irregulares se sitúa en la Costa del Sol, no parece descartable que las conexiones se extiendan fuera de Marbella. En el marco de las garantías procesales del Estado de Derecho, la operación Malaya supone una excelente oportunidad para defender el buen nombre de los operadores urbanísticos que actúan dentro de la ley frente a maniobras turbias, producto de la colusión de intereses entre ciertos políticos y determinados promotores poco escrupulosos. Es preciso, por tanto, investigar a fondo, dentro y fuera de Marbella, para que esta ciudad emblemática del turismo español funcione en el ámbito de la legalidad y de los buenos usos financieros. Ya es grave que se haya utilizado por vez primera el mecanismo de disolución de las corporaciones locales, previsto en la ley 7 1985, y que hoy día el ayuntamiento esté dirigido por una comisión gestora. Sería peor todavía que no se aprovechara la ocasión para depurar todas las responsabilidades, abriendo una nueva etapa de limpieza e igualdad de oportunidades, sin privilegios para quienes actúan de manera fraudulenta. La Constitución española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Ello exige la máxima transparencia y rigor, así como un comportamiento honorable de quienes promueven la creación de riqueza y de quienes gestionan los intereses públicos. La corrupción es un mal intolerable en democracia: todos los poderes públicos deben luchar contra ella sin regatear esfuerzos, a pesar de que algunos (en este caso, la Junta de Andalucía) prefirieran mirar para otro lado cuando era vox populi en la Costa del Sol la existencia de las prácticas irregulares que ahora se destapan. A ETA, LA VERDAD DE LA TREGUA EN EL ALERO I es cierto lo que publicó ayer el diario Gara el Gobierno socialista cerró con ETA un pacto con determinadas condiciones para el anuncio del alto el fuego más o menos al mismo tiempo que Rodríguez Zapatero, en la entrevista a ABC (19 de febrero) contestaba con un no a la pregunta de si su información sobre la organización terrorista procedía de una interlocución directa con representantes o intermediarios de la banda Igualmente, si es cierto lo que publicó ayer el diario Gara el presidente del Gobierno llegó a acuerdos con ETA al mismo tiempo que declaraba a ABC que compareceré en el Parlamento y pediré su autorización para el proceso determinante y decisivo, que será largo Dejando todo sometido a la condición suspensiva de que lo que dice Gara sea cierto- -queel Ejecutivo y ETA han negociado entre junio de 2005 y febrero de 2006- el Gobierno debe asumir que los terroristas le han puesto contra la pared, presionado por compromisos que ETA está exigiendo que se cumplan mediante avisos administrados a su conveniencia a través de su medio oficial de comunicación. Los etarras están echando mano de sus actas aprovechando el marchamo de fe pública que le han otorgado los mismos que con tanta profusión han estado utilizando en estas últimas semanas las supuestas actas de la reunión mantenida en Zúrich, en 1999, por los representantes del Gobierno de Aznar con la cúpula etarra. Y si el propósito era convencer a la opinión pública- -recuérdese, apelando a la función notarial de ETA- -de que este Gobierno no hace cosa distinta de lo que hizo Aznar, habrá que conceder a la información de ayer del diario Gara la misma apariencia de verosimilitud, por lo menos, que le dieron entonces. Y lo que hizo ayer el diario Gara es casi una reproducción de lo que hizo ETA con el PNV en 2000, al dar a conocer el acuerdo secreto firmado en agosto de 1998 entre los etarras y los partidos nacionalistas; acuerdo, por cierto, reiteradamente negado por los dirigentes peneuvistas. Y esta coincidencia revela algo más que una paridad de trato por parte de ETA hacia el PSOE y elPNV: revela que la naturaleza y contenidos de las conversaciones y los pactos- -en grado de presunción- -entre el PSOE y ETA son un trasunto del Pacto de Estella, con la diferencia de que los socialistas han sustituido S a los nacionalistas en el reconocimiento de los objetivos tradicionales de ETA, fundamentalmente la naturaleza política de su violencia y el derecho a la autodeterminación. No es la primera vez que un medio de comunicación da a conocer que el Gobierno, el PSOE y ETA están negociando desde junio de 2005, pero sí lo es que se den a conocer los supuestos contenidos de esa negociación. Las piezas podrían empezar a encajar, porque desde junio de 2005- -mes en el que ETA anuncia, por cierto, una tregua limitada a cargos electos- -no se han practicado más detenciones que las ejecutadas por las autoridades francesas o a instancia de la Audiencia Nacional, sin impulso del Gobierno de Rodríguez Zapatero, como, al parecer- -y según se asegura en el diario proetarra- se acordó definitivamente en febrero pasado. Encajaría también la apatía del fiscal general a la hora de ser implacable con el aparato político de la banda, así como el traslado forzoso de Eduardo Fungairiño. Encajaría la determinación del Gobierno de hacer imposible el consenso con el PP y especialmente con Mariano Rajoy, cuya actitud en este proceso se acredita definitivamente intachable y no merecedora de respuestas inveraces por parte del jefe del Ejecutivo, que le aseguró que no tenía ningún compromiso con ETA. Encajaría la rehabilitación política de la ilegal Batasuna, condición, al parecer, también pactada hace cuatro meses. Y encajaría, sobre todo, el lenguaje empleado por Zapatero en su declaración en una sala del Congreso, anunciando el inicio del diálogo con ETA y comprometiendo el respeto del Gobierno a la libre voluntad de los vascos, como también, según lo aparecido en Gara se pactó en febrero pasado. Pues bien, queremos saber dónde está la verdad del asunto. Tenía Zapatero el derecho a buscar el fin del terrorismo. Y este periódico se lo reconoció, como no podía ser menos. Pero el ejercicio de este derecho no puede nunca estar basado en un encadenamiento de ocultaciones, juegos tácticos con el Parlamento, preterición de las víctimas, deslealtades con la oposición y abuso de la buena fe de la sociedad española. Y como no puede haber duda alguna, el Gobierno debe dar su respuesta a lo publicado ayer por Gara Y por boca de su presidente, que si no dudó en anunciar la buena nueva del comienzo del proceso de la paz, ahora ha de asumir la tarea de desmentir a ETA. No cuanto antes. Ya. ANTE EL DRAMA DE LA EMIGRACIÓN EDIO centenar de países europeos y africanos se han reunido en Marruecos para responder al dramático problema de la emigración clandestina, aunque, por lo visto hasta ahora, ni europeos ni africanos han logrado que emerjan nuevas ideas y todos se han limitado a repetir gastados mensajes de buena voluntad. Los africanos se felicitan de que en esta ocasión se haya establecido una vinculación directa entre el desarrollo (es decir, las ayudas al desarrollo) y la emigración. Sin embargo, la situación de aquellos países es tan desastrosa que hay que pensar en otras fórmulas innovadoras que vayan más allá de la simple ayuda financiera y que sirvan para señalar a los responsables de semejante fracaso sociopolítico, en lugar de convertirlo en un asunto mercantil según el cual los causantes de la catástrofe se benefician de las rentas que envían los que logran llegar a Euro- M pa y de las ayudas con las que se les pagará por aceptar a los que no lo logren. Lo único cierto es que mientras los ministros están en Rabat decenas de miles de africanos siguen esperando que se termine de construir el cayuco en el que han puesto sus ilusiones de futuro. Antes de dedicarse a estas gesticulaciones vistosas, Europa tendría que establecer una política común, un paso al que no han favorecido gestos como el de la regularización unilateral de emigrantes que se hizo en España. Tal vez el Gobierno quiere compensarlo promoviendo esta reunión técnicamente complicada porque Marruecos se retiró de la Unión Africana y no era posible apoyarse en esta organización regional. Argelia, fundamental en África, no ha estado, lo que nos recuerda que una vez roto nuestro equilibrio en el Magreb todo lo que pensemos haber ganado en un lado lo hemos perdido por el otro.